El juez Pablo Tejada resolvió enviar a OCA a la quiebra, en esta semana, por una deuda de $7.000 millones de los cuales la mayor parte son deudas impositivas con la AFIP.

La quiebra será con continuidad de la actividad comercial del correo, lo que permitirá mantener las fuentes de trabajo durante cuatro o cinco meses, "mientras dure el proceso que desemboque en la subasta de la empresa", dijeron fuentes judiciales.

El juez civil y comercial de Lomas de Zamora, Pablo Tejada, ya agotó todas las instancias para evitar la quiebra del correo ligado a Hugo Moyano. Es que pidió la opinión a los acreedores sobre las tres propuestas recibidas, en el marco del cram down o salvataje, pero "ninguna muestra solidez para repagar la deuda", explicaron las fuentes judiciales. 
La Justicia recibió las propuestas de OCA Logística y Servicio Privado de Transporte (Seprit), ambas ligadas al dueño de OCA, Patricio Farcuh; y la cooperativa Los Cedros, liderada por Daniel Palladino, titular del gremio de los empleados jerárquicos de OCA (AECPRA – Asociación de Empleados de Correo Privado de la República Argentina).

En una carta abierta dirigida este lunes al presidente Mauricio Macri, el gremio de los empleados jerárquicos encabezado por Palladino sostuvo que les "amedrenta la realidad de una quiebra con continuidad y el peligro de las 11.523 fuentes laborales directas e indirectas". Esa situación "nos dejaría a más del 70% de los trabajadores excluidos de un mercado laboral que nos marginaría por nuestra edad".

En otro comunicado, dirigido a sus afiliados, Palladino señaló que en el juzgado les explicaron que "los tres oferentes eran casi inviables por lo que hay una gran posibilidad de que entre el lunes y el miércoles se resuelva que la compañía vaya a una quiebra con continuidad y luego a una subasta, para que alguien la compre". Y agregó: "Hasta que ocurra eso los puestos de trabajo están asegurados, ya que están protegidos por la misma ley de quiebras y el juez también hace hincapié en los puestos de trabajo".

En ese comunicado, el gremio de empleados jerárquicos de OCA afirmó que, una vez realizada la subasta, el comprador va a decidir qué empleados continúan, ya que "el nuevo comprador no está obligado a reconocer la antigüedad ni los derechos" laborales. En esa instancia podrían quedar fuera de la compañía este año unos 1.200 empleados directos.

OCA tiene 6.800 empleados directos, de los cuales 6.000 están afiliados a Camioneros, gremio que pagó parte del sueldo durante varios meses de 2016, período en el que Moyano tomó el control de la compañía por la fuerza.

El Gobierno plantea que quiere ir "a fondo" para que el correo pague sus deudas con la AFIP. Y asegura que no le teme a las presiones de Moyano, que cargó duro contra Macri y decidió alinearse con el kirchnerismo para las elecciones generales.

Para llevar adelante la quiebra, el juez Pablo Tejada puso en funciones la semana pasada a tres nuevos interventores en el correo: Rodolfo Déhenen, María del Carmen Perez Alonso y María Cristina Ratibel. Se trata de especialistas que fueron elegidos por sus "conocimientos generales de administración empresaria y específicos de la empresa intervenida", señalaron fuentes judiciales.

En el último año aumentó exponencialmente la deuda de OCA con la AFIP. A fines de 2017 debía $3.400 millones. A mediados de 2018 la deuda creció a $5.000 millones. La Justicia le levantó los embargos para que pueda pagar sus deudas con la AFIP. Pero a fin de año ya debía $ 5.850 millones. En ese marco, el juez cerró el concurso de acreedores y abrió un proceso de "cram down o salvataje", que ahora fracasó.