La declaración de Martínez ocurrió sólo un día después de que el juez federal Claudio Bonadío allanara la sede de la IGJ, organismo que depende del Ministerio de Justicia, y verificara que el domicilio legal declarado por Hotesur no era más que un departamento vacío.

Martínez precisó además cómo debió ser la reacción de la IGJ, según lo dispone la ley, ante los múltiples incumplimientos por parte de los responsables de la firma presidencial, que adeudaría los balances de los últimos años y el pago de las tasas. Además, habría presentado una declaración jurada de actualización de datos vencido el plazo legal y no inscribió el cambio de su sede social, entre otras obligaciones.

Esos faltantes salieron a la luz por primera vez en diciembre de 2013, cuando LA NACION reveló que Hotesur "adeuda balances, no informa quiénes integran su directorio desde hace años y sus actuales directores incumplen la normativa contra el lavado de activos", así como informó que presentó su declaración jurada fuera de término.

Sólo horas después de aquella publicación, el Ministerio de Justicia acusó a LA NACION de montar "un proceso sistemático" de "maniobras agraviantes y desestabilizadoras en perjuicio del Estado nacional y sus instituciones".

Tras los allanamientos ordenados anteayer por Bonadio, sin embargo, surgieron los primeros indicios de que, en efecto, Hotesur no presenta sus balances desde 2010, adeuda la inscripción de los directorios correspondientes a los ejercicios 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013, y la inscripción del cambio de sede, ya que la empresa no funciona en el domicilio declarado de la calle Lavalle.

La investigación judicial, sin embargo, no sólo apunta a investigar el supuesto incumplimiento formal de las normas registrales, sino que busca verificar la consistencia de la información económica que surja de los balances, comparada con la de la facturación y las declaraciones impositivas de la empresa, ante posibles prácticas de lavado de activos, dijeron fuentes judiciales a LA NACION.

En esa línea, el fiscal federal que interviene en la investigación, Carlos Stornelli, había impulsado la acción y el pedido diversas medidas de prueba, que llevaron a los allanamientos de la sede de la IGJ y del domicilio declarado por Hotesur en la calle Lavalle 975 de la ciudad de Buenos Aires, como así a requerirle documentación sobre esa sociedad a la AFIP.

La pesquisa de Bonadio y Stornelli, sin embargo, no es la única en marcha sobre Hotesur. El juez en lo Penal Tributario Javier López Biscayart investiga una eventual evasión cuando una firma del empresario Lázaro Báez, Valle Mitre, administró los hoteles presidenciales como el Alto Calafate.Por Hugo Alconada Mon |  Para LA NACION