El ministro de Justicia de la Nación, Germán Garavano, criticó este miércoles la inesperada resolución de la Corte Suprema que deja en suspenso el inicio del juicio oral contra Cristina Kirchner por causas de corrupción, al asegurar que "parece que no quieren que se realice".

"Es un fallo muy inusual que obviamente tiene un condimento político muy grande. Es una decisión muy escueta de la Corte; el requerimiento de un expediente. Lo que sí preocupa es que impide la realización de un juicio oral, que es lo que había fijado el sistema de Justicia: que los fiscales acusen y las partes involucradas se defiendan", comenzó Garavano.
La Oficina Anticorrupción (OA) realizó una presentación ante el Tribunal Oral Federal (TOF) 2 para que no se demore el inicio del juicio oral contra Cristina Kirchner, previsto para el próximo 21 de mayo. La medida tuvo lugar luego del requirimiento por parte de la Corte Suprema de Justicia de revisar el expediente prinicipal de la causa conocida como "Vialidad".

Según el organismo que conduce Laura Alonso, la decisión de la Corte Suprema "no es un obstáculo" para el inicio del proceso contra la ex presidenta, acusada por el redireccionamiento de la obra pública, junto al ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, y Lázaro Báez, entre otros ex funcionarios y empresarios.
"Frente al requerimiento de remisión de la causa principal a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con motivo de recursos de queja planteados por las defensas por apelaciones extraordinarias denegadas, esta querella acude a solicitar que se adopten los recaudos necesarios para que la remisión al máximo tribunal no comprometa el inicio del debate oral y público, tantas veces postergado, previsto para la semana entrante", se expresa en el escrito de la OA, al que tuvo acceso Infobae.

Según el organismo, "una nueva postergación del inicio del juicio de un gravísimo caso de corrupción administrativa como el que aquí se ventila rayaría con un injustificado incumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por el Estado Argentino de proceder al efectivo juzgamiento y dictado de fallo en casos de corrupción".

La decisión de la Corte Suprema radica en la necesidad de poner orden en una causa llena de recursos y planteos que podrían derivar en distintos pedidos de nulidad a lo largo del juicio.

El caso de la obra pública tiene todavía algunas cuestiones pendientes de resolución. Una de ellas podría tener incidencia directa en el inicio del juicio. Se trata de la demanda civil que el gobierno de Mauricio Macri presentó en 2016 junto con la denuncia penal en la que pidió que los acusados indemnicen al estado nacional por las irregularidades cometidas. El Tribunal Oral ya dijo que ese planteo se debe tramitar en la Justicia Civil y Comercial Federal. Pero la jueza de ese fuero, Alicia Pérez, dijo que en rigor corresponde a la justicia en lo Contencioso Administrativo Federal y le devolvió la causa al Tribunal Oral que ahora debe volver a decidir.
"Es peculiar que las revisiones en Cámaras o en tribunales superiores se realicen antes del juicio. Eso ha servido para generar impunidad en temas de corrupción. La política sigue influyendo demasiado en la Justicia", se quejó.

Y cerró con un mensaje dirigido al presidente de la CSJN, Carlos Rosenkrantz: "Habría que traer a colación su discurso en la apertura del año judicial, donde casualmente hizo una autocrítica y dijo que los jueces tienen que fallar de acuerdo a la ley. Hoy pareciera que muchas cosas podrían estar influidas por cuestiones políticas como ya ha pasado mucho en la Argentina durante los últimos veinte años".