El juez federal Claudio Bonadio procesó con prisión preventiva a la expresidenta Cristina Fernández y a empresarios y exfuncioanrios del Ministerio de Planificación por la cartelización de la obra pública y por coimas de peajes, en el marco de la causa de los cuadernos.

La precandidata a vicepresidenta por Unidad Ciudadana, que acumula doce procesamientos y seis pedidos de prisión preventiva, es señalada como jefa de una asociación ilícita que recaudó fondos ilegales.

Uno de los ejes de la investigación se basa en que empresarios de la obra pública pagaron supuestas coimas para obtener contratos con el Estado, por lo que funcionarios de Vialidad Nacional fueron acusados de ser partícipes de esas maniobras de cobro de fondos ilegales a partir de la obra pública entre 2003 y 2015.

Carlos Wagner, extitular de la Cámara de Construcción, había confesado detalles de la cartelización de la obra pública. Mientras que el financista Ernesto Clarens compartió a la Justicia una lista de empresas que pagaban sobornos a exfuncionarios para la adjudicación de obras públicas.

La maniobra -según Bonadio- se llevó a cabo a través del Ministerio de Planificación y los sobornos para las licitaciones fueron cobrados por exfuncionarios de esa cartera, que conducía Julio De Vido.

Además, el juez planteó que el hecho de que Cristina no haya recibido en mano el dinero proveniente de las coimas no la exime de responsabilidades.