El juicio por unos 3.000 millones de dólares al que está siendo sometido el país en los Estados Unidos por la expropiación de YPF podría pasar a los tribunales argentinos, tras un nuevo  pedido del Gobierno.

La gestión de Mauricio Macri volvió a solicitar en el tribunal de la jueza Loretta Preska, en el edificio de 500 Pearl Street, sede de los juzgados del Distrito Sur de Nueva York, que la causa pase a los tribunales argentinos.

Argentina y la empresa YPF concurrieron este jueves a su primera audiencia en los tribunales de Nueva York para enfrentar la demanda millonaria entablada por las empresas Petersen e Eaton Park, que se consideraron perjudicadas por la nacionalización de la petrolera en 2012.

El caso nació en 2015, cuando el fondo Buford Capital compró al Grupo Petersen (socio de YPF desde 2008) las acciones para litigar por supuestos perjuicios provocados por la estatización de la petrolera.

La heredera. Loretta Preska es la sucesora del juzgado que conducía Thomas Griesa.Gentileza

La audiencia de ayer era clave ya que el Gobierno temía que Preska considerara la finalización del proceso, con el consecuente perjuicio para la Argentina. Eso no ocurrió y se inició una etapa de aportación de documentos y testimonios. El tribunal tomará dos semanas y volverá a convocar a las partes. 

El Gobierno argentino insistió con más argumentos en que Preska no tiene competencia en el caso.  Por ello, ahora la juez analizará si otro magistrado puede hacer un mejor trabajo de investigación e incluso si eso podría ocurrir en los tribunales argentinos.

La Procuración de Tesoro (los abogados del Estado argentino) y la defensa de YPF SA apostaron esta vez a la herramienta conocida como “forum non conveniens”, es decir, a la doctrina que permite a una corte declinar su competencia por considerar que los intereses de la partes y la justicia estarían mejor atendidos si la controversia se decidiera en otro foro.  

Esta doctrina surgió originalmente en las cortes escocesas y actualmente ha sido adoptada en  varios países que siguen la tradición jurídica del common law incluyendo el Reino Unido, Canadá y Australia, y más recientemente en los Estados Unidos.   

Criterios establecidos por la Corte Suprema de los Estados Unidos determinaron aquellos elementos que debe tener en cuenta un juez para analizar un argumento de forum non conveniens. 
 
Por regla general, la elección del foro hecha por el demandante (en este caso Petersen y Eaton Park) se presume válida y corresponde que el Gobierno argentino y las nuevas autoridades de YPF aleguen y prueben que el tribunal de Nueva York no es conveniente.

Al cabo de una hora y media, los demandados dejaron a la jueza sus argumentaciones de por qué el caso debe ser traído a la Argentina, asegurando que existe conveniencia de las partes y conveniencia pública.

El Gobierno e YPF insistieron ante la jueza de Nueva York, que la causa debe mudarse a Buenos Aires porque la operación de venta en 2008 del 25% del paquete accionario de la petrolera al grupo Petersen está en dudas.

Los abogados del estudio Skkaden, Arps, Slate, Meagher & Flom que representan a nuestro país, hablaron de la necesidad de investigar en Buenos Aires la posible ilegalidad de la compra, de la existencia de testigos que no pueden salir del país y que deberían declarar (como por ejemplo es el caso de Julio de Vido) y de las dudas sobre el préstamo que Repsol le hizo a Petersen para comprar el 25% de las acciones de YPF, una operación fogoneada por el kirchnerismo hace 11 años.

La Argentina pidió también a la jueza Preska que aplique la cláusula Discovery y que obligue a presentar quiénes son todos los accionistas que cobrarían en esta causa, como para dejar en evidencia que el país está siendo víctima, una vez más, de los “fondo buitre”.
 
Los abogados del Tesoro argentino y de la petrolera controlada por el Estado firmaron ante Preska que hubo una inversión local y cuestiones estatutarias que se fundamentan en la ley local, por lo que el proceso de enjuiciamiento debería ser llevado adelante por un juez argentino que entienda los códigos procesales locales.