La constructora Benito Roggio, la animadora Mirtha Legrand, la modelo Dolores Barreiro, el canal América TV, la empresa IECSA y ODS del primo presidencial Ángelo Calcaterra y hasta Correo Argentino de la familia Macri. Esos nombres fueron parte de la lista de personas físicas y jurídicas que resultaron beneficiarias de planes particulares para refinanciar sus deudas con el fisco dictados por la AFIP a través del denominado Artículo 32, al igual que Oil Combustibles, en cuyo juicio oral empezaron a ventilarse. Ricardo Echegaray, relevado del secreto fiscal por estar imputado en el expediente, comenzó a mencionarlos para ejemplificar cómo durante su gestión se otorgaron 1648 planes en idénticas condiciones y a pedido de los contribuyentes que aducían no poder cumplir con el pago de distintos impuestos, como regla general y para aventar sospecha de irregularidades. Incluso, afirmó, la mayoría de esos planes fueron diferidos entre 108 y 120 cuotas mensuales, muchas más que las otorgadas a la petrolera de Cristóbal López y Fabián De Sousa. Era la primera vez que se conocían esos detalles.

La enumeración de constructoras, empresas fluviales, varios clubes de fútbol, asociaciones civiles y medios de comunicación, además de entidades públicas como INVAP, el Consejo de la Magistratura, Enarsa, Cammesa o Fabricaciones Militares se tradujo en rostros de sorpresa de los asistentes a la última audiencia en el juicio. En la investigación llevada adelante por el juez Julián Ercolini se había rechazado investigar si el procedimiento de planes de pago era irregular o habitual para contribuyentes que no pudieran hacer frente a sus obligaciones con el fisco. Toda la causa en juicio gira en torno de lo que postuló la fiscalía y la querella de AFIP sobre el supuesto obrar irregular de Oil para refinanciar sus deudas por el Impuesto a la Transferencia de Combustibles. Echegaray impugnó detalladamente los argumentos del fiscal Gerardo Pollicita que obvió parte de la normativa que regulaba cuáles eran las facultades del organismo recaudador para permitir que hubiese facilidades de pago. Y hasta explicó que los “planes generales” de AFIP estaban habilitados para todas las personas y empresas, y que bastaba con acceder a una aplicación por internet para activarlos. Dos de ellos fueron incluidos como acusación de una supuesta connivencia para hacerse de fondos públicos.

Pero Echegaray también denunció movimientos actuales para intentar encauzar el juicio luego de que la pericia oficial de la Corte encargada por el Tribunal Oral Federal N° 3 derribara varios de los supuestos con los que había comenzado la investigación en cuanto a monto de deuda y situación en la que se encontraba la petrolera. Según circuló en un mail interno del organismo, su actual titular Leandro Cuccioli se reunió con el ministro de Justicia, Germán Garavano, y la subdirectora técnico institucional Jimena Latorre junto al director de legales Eliseo Devoto con el objetivo de “preparar” a los testigos de la línea técnica de la AFIP para que declaren en el juicio y sostengan la acusación. Latorre y Devoto habían concurrido antes de la feria a reunirse, en máximo sigilo y sin la presencia del abogado de la querella Alejandro Carrió, con los integrantes de la Cámara Federal que deben definir la suerte del puñado de funcionarios de la AFIP que participaron del otorgamiento de los planes, pero fueron procesados por Ercolini de manera separada y no fueron incluidos en este juicio. La idea del “alegato de oreja” fue que sólo se ratificaran procesamientos para quienes estaban en torno de Echegaray y se aliviara al resto. Entre los actuales jefes de la AFIP el asunto ya motivó una rebelión contra Cuccioli.

Si la pericia oficial fue un misil que impactó de lleno en el clima del juicio, la enumeración del exAFIP sobre radios como La Red o Cadena 3, editoriales de medios gráficos, Buquebus y clubes como River, Racing, Vélez, Independiente, Huracán, San Lorenzo, Estudiantes de La Plata, Lanús, All Boys, Rosario Central, Gimnasia y Esgrima La Plata, Newell´s y hasta el Club Alemán de Equitación sazonaron la audiencia del juicio. Y sorprendieron porque la acusación se había esmerado en postular la excepcionalidad de la medida a favor de López y De Sousa.

Echegaray también le apuntó a otro argumento de Pollicita sobre que de todos los planes, ninguno incluía a otra petrolera como Oil. Por eso mencionó a Compañía General de Combustibles (CGC) y a YPF como receptoras de financiación vía planes del Artículo 32, además de nombrar a otra veintena de compañías de servicios petroleros que también financiaron deudas con AFIP, una operatoria que definió como habitual dado que la AFIP es la “principal financista del mercado”. No despedir personal, no liquidar activos ni repartir dividendos eran parte de los requisitos que su gestión impuso a la regulación.

El festival de nombres no se detuvo: refiriéndose al tramo que sembró sospechas porque Oil estaba en la agencia Palermo de AFIP -en lugar de en grandes contribuyentes- Echegaray mencionó a Bunge, Procter&Gamble, Arcor, Acindar, AGD y Renault. Todas ellas estaban en agencias comunes y no registradas bajo grandes contribuyentes, lo que atribuyó a una parte de la acusación que configura lo que denominó un “fraude procesal” para forzar la caída de la petrolera de López.