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SALTA

1 de octubre de 2019

La Corte falló a favor de las provincias por rebajas de IVA y Ganancias

Según los gobernadores, las dos medidas afectaron recursos por unos 51.800 millones de pesos que deben distribuirse entre las provincias.

El tribunal hizo lugar al pedido de 15 distritos, que reclamaron porque las medidas de Mauricio Macri posteriores a las PASO afectaron recursos coparticipables.

La Corte Suprema falló hoy a favor de un grupo de provincias y dictó una serie de medidas cautelares que frenan dos decretos del presidente Mauricio Macri que afectaron fondos coparticipables.

Por mayoría, la Corte sostuvo que la reducción del IVA y del impuesto a las ganancias no puede afectar los fondos que les corresponden a las provincias. Lo que hizo la Corte no fue suspender los decretos, sino "ordenar que los efectos fiscales de la aplicación" de esas normas "sean asumidos con recursos propios del Estado Nacional sin afectar la coparticipación".

Votaron por hacer lugar a las medidas cautelares los jueces Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti. Carlos Rosenkrantz, el presidente de la Corte, votó en disidencia. Elena Highton no votó.

Los decretos son el 561/19 y el 567/19, medidas post-PASO que Macri anunció como herramientas de alivio económico y que 15 provincias cuestionaron con el argumento de que son inconstitucionales. El 567/19 estableció la eliminación del IVA de un grupo de alimentos y el 561/19 dispuso una modificación en el alcance del impuesto a las ganancias que pesa sobre los salarios.

Lo que la Corte resolvió son medidas cautelares, pero no se pronunció sobre el fondo del asunto (si los decretos son válidos o no). Esa decisión quedó pendiente.

Cuando falta menos de un mes de las elecciones presidenciales, este fallo representa un golpe a la Casa Rosada en plena crisis, pero la pelea por los decretos trascenderá este gobierno y, si los pronósticos se cumplen, la heredará Alberto Fernández. Los gobernadores, en su mayoría aliados del candidato del Frente de Todos, se sentarían a negociar con él para discutir sobre fondos con un crédito avalado por la Corte.

En paralelo con los planteos contra estas medidas, la Corte tiene también para decidir cuatro presentaciones de provincias petroleras contra el decreto de necesidad y urgencia que congeló el precio de los combustibles.

Todos estos casos llegaron invocando la "competencia originaria" de la Corte; es decir, con el argumento de que son causas que deben tramitar desde el principio en el tribunal por ser demandas de los estados provinciales contra el nacional. Esa competencia originaria había sido reconocida por la Procuración en un dictamen.

En el fallo de hoy, tanto la mayoría como Rosenkrantz coincidieron con la Procuración en cuanto a la competencia de la Corte, pero Rosenkrantz votó por rechazar las cautelares "in límine" porque entendió que las provincias no tenían "legitimación" para cuestionar los decretos, dado que no tienen un derecho ni una expectativa jurídicamente exigible a un determinado nivel de recaudación por parte del Estado Nacional.

La mayoría, en cambio, fundó su decisión en el respeto al federalismo y en la importancia del "trascendente régimen de coparticipación federal de impuestos, al cual los constituyentes reformadores de 1994 le otorgaron un explícito reconocimiento constitucional como uno de los instrumentos en cuya observancia descansa la efectiva vigencia del sistema republicano y federal".

La posibilidad de detraer fondos de la coparticipación, dijeron los jueces, es una "excepción" que solo puede ser dispuesta "por el Congreso y cumpliendo los requisitos constitucionales".

En cuanto al peligro en la demora que se exige para conceder toda medida cautelar, la Corte consideró que los decretos del Poder Ejecutivo podrían importar una erosión de la masa coparticipable, como dicen las demandas, y afectar presupuestos provinciales que están en plena ejecución, comprometiendo así políticas públicas en curso, algunas de ellas de carácter social.

Rosenkrantz, en cambio, sostuvo que las provincias no tienen, por sí solas, un derecho "jurídicamente exigible" a determinar la política recaudatoria que encara el régimen tributario nacional. Afirmó que hacer lugar a las demandas sería como legitimar a todas las provincias y a la Ciudad de Buenos Aires a impugnar, por ejemplo, cada decisión tomada por el fisco nacional en favor de un contribuyente determinado, porque eso también tendría un impacto negativo sobre la recaudación de los impuestos coparticipables.

Lo resuelto hoy por la Corte cayó muy mal en el Gobierno, que adelantó que analiza hacer una presentación en las próximas horas para que el máximo tribunal precise los alcances de sus fallos.



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