El Gobierno pedirá este jueves a la Corte Suprema que llame a una audiencia pública con 15 gobernadores opositores para discutir el alcance de la instrumentación del polémico fallo que lo obliga a compensar a las provincias por la reducción del IVA y de Ganancias para los trabajadores. La solicitud estará incluida en un pedido de aclaratoria que se está redactando y que seguramente se presente el viernes, revelaron a Clarín altas fuentes del Gobierno.

El proyecto de aclaratoria fue redactado por el Procurador General del Tesoro, Bernardo Saravia Frías, el ministro de Justicia, German Garavano con la asistencia técnica del ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, entre otros.

Si la Corte aceptara el pedido, los gobernadores peronistas o sus representantes deberán argumentar en una audiencia pública las razones por las cuales buscan “beneficiar a sus estados provinciales y perjudicar a los trabajadores”, dicen en el gobierno.

De todos modos, la resolución es técnicamente difícil de interpretar. En un fallo dividido, el martes la Corte resolvió, por tres meses, que la eliminación del IVA a los productos de la canasta básica y la reducción de Ganancias a los trabajadores "no puede afectar los fondos de coparticipación" que corresponden a las provincias.

La reducción de esos tributos había sido anunciada por el presidente Mauricio Macri días después de la derrota en las primarias abiertas simultáneas y obligatorias (PASO) del 11 de agosto para compensar los efectos de la devaluación del 23 por ciento provocada por la amplia victoria del candidato K, Alberto Fernández. Unos días despues 15 provincias, encabezadas por Entre Ríos, se presentaran a reclamar por sus derechos ante el máximo tribunal del país.

Como un fallo de la Corte es inapelable, el pedido de aclaratoria, será un pedido de “remedio procesal” porque “así como está el fallo es utópico”. En términos respetuosos, el pedido dirá que falló ante una medida de emergencia, en contra de la propia doctrina del máximo tribunal.

La medida cautelar, firmada por tres votos contra uno, dispone que los costos fiscales que surjan de la aplicación de los decretos 561/19 y 567/19 del Poder Ejecutivo Nacional (PEN) y de las resoluciones generales de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) 4546/19 y 4547/19, sean asumidos con recursos propios del Estado Nacional. El voto mayoritario evitó declarar, por ejemplo, inconstitucionales esos decretos, lo que habría obligado al Gobierno a dar de baja inmediatamente los efectos de esas medidas.

La medida cautelar fue solicitada por Entre Ríos con el apoyo de los gobiernos de Catamarca, Chubut, Formosa, La Pampa, La Rioja, Misiones, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y Tucumán.

El pedido de aclaratoria contendrá objeciones “de forma y de fondo”. Las de forma tienen que ver con intentar rebatir el “peligro de la demora” en enviar fondos a las provincias y lo que se llama “la verosimilitud del derecho”. Y la de fondo, dirá, que “la Corte no puede co-legislar”.

Si en la Argentina “hace 40 años que no hay una ley de coparticipación federal es por culpa del congreso, integrado por representantes de las provincias, y no por los sucesivos gobiernos democráticos”, dirá conceptualmente el pedido.

El fallo, firmado por los miembros de la Corte Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosatti y Juan Carlos Maqueda, fue apoyado por gobernadores peronistas y criticado por funcionarios y diputados de Cambiemos. El presidente Carlos Rosenkrantz firmó en disidencia y la vice Elena Highton -que tiene una buena relación con Alberto Fernández- se abstuvo de votar.

Adelantando el tono de la audiencia pública, la diputada de la Coalición Cívica Elisa Carrió sostuvo, por ejemplo, que “con el fallo de la mayoría peronista” de la Corte "queda al descubierto que los que no quieren bajar impuestos para beneficiar a los trabajadores son los gobernadores del PJ".

Prudente, Garavano confirmó que el gobierno pedirá al máximo tribunal que "clarifique los alcances" de esa resolución "para tomar las medidas respectivas" que permitan cumplir con la obligación de recompensar a las provincias. Garavano habló durante una disertación de los tradicionales almuerzos del Rotary Club.

Garavano lamentó que la Corte haya "dejado de lado la tradición" de no dictar resoluciones "que puedan involucrarse de algún modo en un proceso electoral", a pocas semanas de las elecciones presidenciales del 27 de octubre.

El ministro consideró que el voto en disidencia de Rosenkrantz expresa técnicamente "los problemas que tiene (el fallo) en términos de lo que ha sido hasta ahora la doctrina propia" del alto tribunal "en un tema tan sensible" como la coparticipación federal.

Sobre este punto, Garavano explicó que "es imposible saber cuánto corresponde al IVA" por ejemplo sobre el pan y dárselo a Entre Ríos porque "la recaudación es dinámica".

"Vamos a ver cómo nos precisa la Corte ese alcance a futuro de la medida cautelar", reiteró y mencionó que otro de los puntos del fallo sobre el cual el Ejecutivo pedirá aclaración es si la resolución será de aplicación sobre las 15 provincias demandantes o si también abarcará al resto.

En sintonía con Garavano, el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, explicó que "el IVA y Ganancias son impuestos que se coparticipan y cuando se reducen benefician a los argentinos". El fallo de la Corte "es una medida cautelar, no va al fondo de la cuestión, es un poco imprecisa, con lo cual no sabemos sobre qué montos estamos hablando. Es muy difícil hacer el cálculo respecto a cuánto las provincias dejan de percibir", dijo.

"Cuando tomamos esta medida siempre planteamos que por supuesto era en beneficio de la gente, de la gente que vive en las provincias. Si a alguna provincia le afectaba de manera que no pudiera hacerle frente a sus obligaciones indelegables, nosotros íbamos a estar, como estuvimos siempre, desde el principio, tratando de ayudarla a que cumplan con sus compromisos", agregó.

Según el análisis de Frigerio, el "impacto" de las medidas tomadas por el presidente Mauricio Macri "no supera el 1 por ciento de los ingresos anuales de las provincias".

Defendió la decisión de establecer las modificaciones por decreto por ser "una medida de emergencia", pero "la medida al largo plazo hay que hacerla por supuesto en una discusión en el Congreso con los representantes de las provincias".

A su vez, la ministra de Seguridad , Patricia Bullrich, calificó como un "despropósito" el fallo de la Corte y consideró que "las provincias podrían haber puesto el hombro" para beneficiar a todos.

En una entrevista con el diario El Litoral, de Santa Fe, la funcionaria dijo que el gobierno de Mauricio Macri "fue abierto y federalista" y mencionó la devolución del 15% de la coparticipación dispuesto a finales de 2015 por otro fallo de la Corte.

"Hoy las provincias, salvo Chubut, tienen superávit fiscal, y la Nación no. Casi todas las provincias fueron ante la Corte, que reaccionó muy rápido. Nos hubiera gustado que todos seamos más solidarios con los sectores que peor la están pasando", completó Bullrich.