El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, decretó ayer el “toque de queda” y “militarización” en el distrito metropolitano de Quito para ayudar a las fuerzas de seguridad a sofocar las protestas por el recorte a los subsidios de los combustibles.
 
“He dispuesto el toque de queda y la militarización del Distrito Metropolitano Quito y valles. Esto facilitará la actuación de la fuerza pública frente a los intolerables desmanes de violencia”, dijo el presidente en un mensaje por redes sociales.

Para el catedrático Ramiro Aguilar la medida de Moreno podría fomentar “detenciones selectivas” en Quito.
 
“El toque de queda tiene como propósito agudizar la represión”, aseguró Aguilar, quien expresó que se trata de una medida aplicada por regímenes dictatoriales como los de Augusto Pinochet, en Chile, y Jorge Videla, en Argentina.

Ayer, el Ministerio de Gobierno emitió otro mensaje en el que pidió a la ciudadanía que “acuda a sus viviendas” y agregó, en tono casi castrense, que “esta medida estará vigente hasta nuevo aviso. Informarse a través de canales oficiales”.

La circulación por las calles en condiciones de militarización está permitida únicamente con salvoconducto.

La decisión la tomó Moreno a raíz de un recrudecimiento de las protestas del movimiento indígena, que ayer tomó y paralizó la capital del país mediante una masiva operación de marchas y piquetes, a la vez que miles de militantes se enfrentaban a las fuerzas del orden en el centro de Quito, cuyos accesos fueron bloqueados.

La decisión del toque de queda se difundió luego de que la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie) anunciara que aceptó la propuesta de diálogo del presidente Moreno.

A pesar de que inicialmente se había negado en rotundo a conversar con el presidente  no reponía los subsidios a los combustibles, principal exigencia de las protestas, la Conaie cambió de postura en “un proceso de consulta con las comunidades, organizaciones, pueblos, nacionalidades y organizaciones sociales”, según un comunicado.

Ecuador vive una grave ola de protestas desde hace diez días a raíz de un decreto firmado por el presidente en el que eliminaba el subsidio a las gasolinas en el marco de una serie de ajustes ligados a un acuerdo crediticio con el FMI, organismo que aportó 4.200 millones de dólares, pero que impuso una serie de demandas para reducir el gasto.