Las autoridades centrales chinas mostraron este martes su oposición al fallo emitido ayer por el Tribunal Supremo de Hong Kong en el que se declaraba inconstitucional la ley antimáscaras aprobada por el Ejecutivo local en octubre. Pese a que se supone que la ex colonia británica posee gran autonomía judicial gracias al principio de “un país dos sistemas” por el que volvió bajo soberanía china en 1997, Pekín cuestionó hoy públicamente esa decisión y estudia qué hacer al respecto.

“Que las leyes de la Región Administrativa Especial de Hong Kong se ajusten a la Ley Básica (la mini constitución hongkonesa) solo puede ser juzgado y decidido por el Comité Permanente de la Asamblea Nacional Popular, y ningún otro órgano tiene derecho a emitir juicios y decisiones al respecto”, declaró al respecto Zang Tiewei, portavoz de ese órgano.
En un intento por aplacar las protestas, la normativa fue impuesta en octubre echando mano de una roñosa ley de emergencia de la era colonial, aunque apenas ha sido obedecida por la población. Ayer, el fallo del tribunal estableció que la normativa viola los derechos y libertades de la Ley Básica, por lo que el uso de máscaras volvía a estar permitido.
Además, Zang denunció que la decisión de la corte hongkonesa “debilita gravemente” el poder de la jefa del Gobierno local, Carrie Lam, y del Gobierno que esta dirige, y anunció que el Comité está “estudiando las opiniones y sugerencias” al respecto de la situación que han efectuado diputados de la Asamblea. No es casualidad que varios medios estatales chinos atacaran también hoy en sus páginas la cancelación de la ley, que opinan que sirve para controlar la situación en el territorio semiautónomo.

Mientras tanto, el grueso de los manifestantes atrincherados en la Universidad Politécnica de Hong Kong desde hace más de dos días decidió entregarse en las últimas horas a las autoridades para poder salir. En el interior, por ahora resiste un centenar de radicales que se niegan a rendirse, esquivando así los llamamientos de la jefa del Ejecutivo, Carrie Lam, a poner fin de manera pacífica al desalojo del campus.

La mayoría de universitarios atrincherados se han entregado (Laurel Chor / Getty)
La ocupación de la Politécnica comenzó la semana pasada, cuando los activistas la convirtieron en una fortaleza improvisada desde la que bloquear con adoquines, barricadas y fuegos intencionados uno de los túneles más importantes para comunicar la isla de Hong Kong con el resto del territorio.

El domingo, la policía trató de desalojarlos haciendo uso abundante de gas lacrimógeno, pelotas de goma y cañones de agua, a lo que los acantonados respondieron con una lluvia de cócteles molotov, piedras y flechas, como la que casi traspasa el domingo el gemelo de un agente. Tras horas de batalla campal en las inmediaciones del recinto, en las que la policía advirtió que podría hacer uso de munición real, los jóvenes se encerraron el lunes de madrugada en el interior tras prender grandes fuegos en los accesos.

Después de varios intentos fallidos de fuga por las bravas y otro en el que varias docenas lograron burlar a la policía descendiendo por una cuerda a cuyos pies les esperaban motocicletas para escapar a todo gas, la mayoría de los que todavía permanecían atrincherados fueron evacuados este martes tras los acuerdos alcanzados por algunos políticos y representantes educativos y religiosos con las autoridades.

Los paraguas vuelven a convertirse en un símbolo en las protestas de Hong Kong (Laurel Chor / Getty)
Según los datos ofrecido por Lam, desde el domingo han abandonado las instalaciones sitiadas unas 600 personas. De ellos, unos 200 son menores de 18 años, que fueron fichados pero no detenidos en el momento tras el acuerdo alcanzado para su rendición. Los demás fueron arrestados, y podrían afrontar penas de hasta diez años de cárcel si finalmente son condenados por “participar en una revuelta”.

Este martes también fue noticia la toma de posesión en el cargo del nuevo jefe de la Policía hongkonesa, Chris Tang. En los últimos meses, el cuerpo que ahora dirige se ha convertido en el principal blanco de las iras de los manifestantes, que acusan a los agentes de un uso excesivo de la violencia y de no rendir cuentas por sus abusos. En una de sus primeras intervenciones, Tang dijo que el uso de la fuerza policial no va a ser suficiente para acabar con las protestas, y señaló que el fin de los disturbios solo se conseguirá si el resto de la sociedad condena la violencia (de los manifestantes).

Las protestas comenzaron en junio de manera pacífica contra un polémico proyecto de extradición ahora ya retirado. Sin embargo, con el paso de los meses y el aumento de la violencia, la lista de demandas ha ido creciendo hasta incluir mayor democracia o el fin de las injerencias chinas. Tras la muerte accidental de un joven hace dos semanas, el nivel de violencia ha escalado hasta niveles nunca antes vistos, incluyendo la batalla en la Politécnica y otras universidades, todo ello cuando está previsto que este domingo se celebren unas elecciones locales que servirán para medir en las urnas el apoyo real a los manifestantes.