El Gobierno nacional oficializó la anulación del protocolo de actuación para casos de interrupción legal del embarazo que había firmado el miércoles el secretario de Salud, Adolfo Rubinstein, y que desató un conflicto en la coalición oficialista.

La resolución que facilitaba la interrupción de embarazos en menores de 15 años fue anulada a través del Decreto 785/2019, que fue publicado este viernes en el Boletín Oficial.

La revocatoria apunta a una “falta de intervención de los organismos con competencia en materia de niñez y adolescencia, discapacidad y mujer”. Según indicaron en el decreto, el titular de la Agencia Nacional de Discapacidad manifestó no haber participado del procedimiento, al igual que el Instituto Nacional de las Mujeres y que la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia.

Esta actualización autorizaba a las adolescentes menores de 15 años a abortar en hospitales públicos, por considerar que cursar un embarazo a esa edad constituye un riesgo físico y psicológico para su salud. Además, indicaba que quienes tuvieran entre 13 y 16 años podrían hacerlo sin que se les exigiera la autorización de los padres, si se trataba de un embarazo de menos de 12 semanas y de un aborto medicamentoso.

La ministra de Salud y Desarrollo Social de la Nación, Carolina Stanley, confirmó ayer la derogación del protocolo sobre el aborto no punible porque fue una decisión inconsulta” y porque “debe tener trámite legislativo”.

“El protocolo va a ser derogado porque fue una decisión inconsulta” del secretario Rubinstein y “porque debe tener trámite legislativo”, dijo la funcionaria en un breve contacto con la prensa al abandonar la Casa Rosada.

Sin embargo, el vocero de la reunión de gabinete nacional –que hoy encabezó el presidente Mauricio Macri– fue el ministro de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación, Alejandro Finocchiaro, que confirmó lo que había adelantado Stanley, y sostuvo que la medida “se va a revocar”, y que esa resolución seguramente “saldrá publicada mañana”, por hoy.

Aseguró que “no se hace un juicio de valor sobre el fondo” de la cuestión, es decir el protocolo, “ni tampoco sobre la persona del secretario de Gobierno de Salud”, en referencia a Rubinstein, impulsor de la iniciativa.