La suba generalizada de ingresos que planifica Alberto Fernández para sectores postergados se intentará por consenso con el sector empresario. Será una de las primeras medidas económicas del futuro presidente y demandará, eventualmente, anticipar la convocatoria al Consejo Económico y Social. La medida apuntará a aumentar como mínimo los salarios de los trabajadores de las categorías más bajas, y estará acompañada de un refuerzo de las jubilaciones y del valor de los planes sociales.

El encargado primario de la ejecución del plan es Claudio Moroni, futuro ministro de Trabajo y dirigente de la máxima confianza del mandatario. Moroni fue quien este martes se reunió con la mesa chica ampliada de la CGT y que, con el mismo objetivo, propiciará un encuentro en los próximos días con referentes del sector empresario. En esa línea perdió fuerza la posibilidad de instrumentar la suba a través de un decreto, a imagen y semejanza de los ajustes de sumas fijas no remunerativas que aplicó en su interinato el expresidente Eduardo Duhalde y que continuó su sucesor, Néstor Kirchner.

Descontado el apoyo del sindicalismo tradicional al plan, el próximo paso de los futuros funcionarios serán las entidades gremiales empresarias. Para este segmento, donde además de Moroni operará Santiago Cafiero, eventual jefe de Gabinete, se intentará un grado de formalidad en el compromiso para evitar nuevas frustraciones como las que representaron los “pactos de caballeros” establecidos por Mauricio Macri con las centrales patronales.

El adelantamiento en el llamado del Consejo Económico y Social, que estaba pensado en el diseño original de Alberto Fernández para una segunda etapa, sumó argumentos como una solución intermedia para darle más chances de éxito a la iniciativa. Para el equipo gubernamental un decreto representaría una señal áspera hacia el empresariado -además de remitir a un primer kirchnerismo- en tanto que un mero entendimiento sin formalidad alguna le quitaría efectividad. Otra opción, confiaron en el Frente de Todos, será convocar al Consejo del Salario Mínimo y ampliar de facto sus atribuciones, en general asociadas únicamente al ajuste en el piso de ingresos formales.

El diseño original de la medida contempla un alcance amplio aunque no universal. Además de los salarios de los trabajadores formales del sector privado, jubilados y beneficiarios de planes, estarán incluidos empleados estatales y eventualmente, municipales. Este último rubro demandará, en boca de los responsables del plan, de una gestión artesanal con intendentes de todo el país en general acostumbrados a pagar sueldos por debajo del promedio de públicos y privados.

La iniciativa tal como es presentada aparece lejos de suplir las negociaciones salariales. De hecho las subas eventualmente acordadas en el ámbito de debate general deberían servir como anticipos a cuenta y base de debate para las paritarias del año que viene. En cualquier caso la implementación de la medida contemplará como excepciones los casos de trabajadores cuyas paritarias estuviesen en plena ejecución y de gremios que hubiesen quedado en una situación de paridad con la evolución de la inflación.

En la CGT alegaron que hay unos ocho sindicatos (como los albañiles de UOCRA y la Asociación Bancaria) cuyas paritarias fueron resueltas sin pérdida de poder adquisitivo y con aumentos que se ajustaron en la misma línea que el costo de vida. Y aclararon, ya desde el mismo día en que Alberto Fernández se impuso a Macri en primera vuelta, que haría falta una equiparación de amplios sectores que habían mermado su capacidad de compra en la ronda 2019 de negociaciones salariales contra una inflación que apunta al 50 por ciento.

El Consejo Económico y Social que planifica el futuro gobierno deberá tener independencia del Ministerio de Trabajo (se presume que para entonces recuperará esa denominación) y una dinámica propia con resoluciones de carácter consultivo pero cuyo peso, en caso de contar con consenso entre empresarios y gremialistas, deberá hacerlas vinculantes.

La reunión de Moroni con la mesa chica de la CGT contó con la presencia de los principales sectores de la central, y con sus dos secretarios generales, Héctor Daer –el sindicalista más cercano a Alberto Fernández- y Carlos Acuña. Entre otros participaron Antonio Caló (metalúrgicos, UOM), José Luis Lingeri (Obras Sanitarias), Omar Viviani (taxistas), Víctor Santa María (encargados de edificios), Sergio Sasia (Unión Ferroviaria), Sergio Romero (docentes de UDA) y Roberto Fernández (colectiveros, UTA) entre otros.