La justicia de Nevada comenzó a debatir ayer la posibilidad de difundir los datos que contiene sobre la llamada "ruta del dinero K", que permanece protegida bajo un paraguas de confidencialidad. Sin embargo, ante la falta de acuerdo entre las partes, resolvió postergar una definición.

Un juez de distrito de Nevada, Estados Unidos, consideró que el empresario Lázaro Báez "“malversó” fondos" de la República Argentina a través de 123 sociedades radicadas allí y que, por lo tanto, el fondo buitre NML Capital puede llevar adelante acciones para embargar dinero y cobrarse parte de la sentencia por u$s 1.700 millones en favor de los holdouts.

Para el magistrado Cam Ferenbach, "“no hay dudas de que Báez malversó fondos de Argentina y que un malversador o ladrón no adquiere título de propiedad sobre aquello que roba”". Por eso, falló a favor de NML, el fondo de Paul Singer, que había pedido efectuar una acción de discovery sobre las 123 compañías. El discovery permite recolectar información sobre activos potencialmente embargables.

La causa se basa en la investigación del fiscal José María Campagnoli que el juez denomina, en español, "“La ruta del dinero K"”, como la bautizó, en abril de 2013, el programa de televisión Periodismo Para Todos. Según Campagnoli, Báez "“lavó u$s 65 millones a través de 150 corporaciones de Nevada"”. Ferenbach también sostuvo que "“el gobierno de Kirchner tomó represalas y removió a Campagnoli de su oficina”".

Voceros de Báez, sin embargo, rechazaron a El Cronista que esas firmas pertenezcan al empresario patagónico, amigo del ex presidente Néstor Kirchner.

Lo insólito es que el juez de Nevada dio por probados hechos que en Argentina aún se encuentran bajo investigación y no tienen sentencia firme.

Báez está imputado en una causa por lavado y encubrimiento que se tramita en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 7, de Sebastián Casanello. En esa causa fueron procesados Leonardo Fariña y Sebastián Elaskar. La investigación está en manos del fiscal federal Guillermo Marijuan.

El juez de distrito de Nevada consideró que NML presentó suficientes pruebas para demostrar que las 123 sociedades en cuestión pertenecen a Báez y que éste malversó fondos de la República a través de ellas.

En resumen, Ferenbach convalidó que existen lazos entre esas firmas y el fondo suizo Helvetic, que compró la financiera SGI, conocida como La Rosadita, al financista Federico Elaskar. Helvetic tiene relación con la firma Aldyne, domiciliada en las islas Seychelles. Y Aldyne comparte domicilio con el estudio de abogados panameño Mossack & Fonseca. A su vez, Mossack & Fonseca controla estas 123 corporaciones de Nevada a través de la firma M.F. Coroporate Services.

Detrás de este enjambre de sociedades estarían Lázaro Báez, su hijo y la familia Kirchner, según la documentación que presentó NML y que el juez dio por certera.

Para el magistrado, NML “mostró de forma sustancial que las actividades de lavado de dinero de Báez involucraron las 123 compañías de Nevada. Y consideró que, si bien la firma controlante M.F. Corporate presentó escritos en su defensa, las investigadas no aportaron “"documentación sensible”" para deslindarse de la acusación. Según la Regla 37 de ese Estado, "“la persona que se resiste a un discovery lleva la pesada carga de demostrar por qué el discovery debe denegarse"”, y "“las 123 corporaciones fallaron en satisfacer esa carga”".

Ferenbach calificó a las firmas como empresas fantasma controladas por Mossack & Fonseca, "“rutinariamente conformadas para cometer fraude”".

Por todo esto, Ferenbach ordenó avanzar con el discovery. NML y las 123 empresas deberán mantener audiencias y emitir un "“estado de situación"” para el próximo 12 de septiembre.

El 16 de junio último, la Corte Suprema de Estados Unidos ratificó que NML Capital y otros fondos buitre pueden pedir información sobre activos del país potencialmente embargables para cobrar la sentencia a su favor. En ese marco se inscribe este fallo del juez de Nevada.

El abogado de Argentina, Carmine Boccuzzi, del estudio Cleary, no aportó escritos en esta causa, a pesar de ser informado. El Ministerio de Economía no emitió opiniones.

Qué pasó ayer

El juez Cam Ferenbach habilitó el inicio de la discusión sobre si se debía o no dar a difusión la información que aportó Carmen Amunategui, encargada de registrar en Nevada las firmas investigadas. Sin embargo, postergó la definición ante la imposibilidad de llegar a un consenso entre las partes

La aceptación de Lanata

Quien sí se vio favorecido en sus planteos con la audiencia de ayer fue el periodista Jorge Lanata, quien logró ser autorizado como una de las partes que debatirán la difusión o no de la información contenida en la justicia de los Estados Unidos.