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12 de diciembre de 2019

La vicepresidenta Cristina Kirchner tiene gente de su confianza en cargos determinantes para la relación con los jueces

Alberto Fernandez y la vicepresidenta Cristina Kirchner. Foto: Archivo

Cristina Kirchner ganó espacios que son clave en el área de Justicia del gobierno de Alberto Fernández. Colocó a funcionarios de su mayor confianza en cargos de mucho poder.

La ministra de Justicia y Derechos Humanos será Marcela Losardo, amiga y socia de Fernández desde hace treinta años, pero por debajo de ella estará Juan Martín Mena, un penalista muy cercano a Cristina Kirchner, a quien ella designó como el número dos de Oscar Parrilli en la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante su gobierno.

En el Consejo de la Magistratura, la vicepresidenta también puede darse por satisfecha con la designación que hará Fernández. El representante del Poder Ejecutivo será Gerónimo Ustarroz, hermano de crianza de Wado De Pedro.

 

Mena, que acompañó a la vicepresidenta a Comodoro Py la semana pasada, cuando declaró en el juicio oral, fue candidato a ocupar el Ministerio de Justicia bonaerense, cargo al que finalmente fue Julio Alak, exministro de Justicia de la Nación. Todo indicaba entonces que Mena volvería a la AFI, organismo que ayer Fernández anunció que va a intervenir. No era un destino al que Mena quisiera volver -pidió no hacerlo, cuentan en el Gobierno- pero además, especulan desde el oficialismo, que él secundara a Losardo era una garantía para Cristina Kirchner en un área especialmente importante para ella.

La vicepresidenta enfrenta una decena de procesamientos, órdenes de prisión preventiva que no se hicieron efectivas por sus fueros y un juicio oral en pleno trámite, en el que está acusada de corrupción por el manejo de la obra pública durante su gobierno.

Esta semana, Losardo y Mena ya se reunieron y fijaron las pautas para una buena convivencia, cuentan fuentes del Gobierno. Los dos tienen un perfil dialoguista y se conocen desde hace años. Losardo era secretaria de Justicia y representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratrura, cuando Alak fue nombrado ministro. Mena fue diez años funcionario del ministerio. Había llegado antes que Alak, pero fue él quien lo ascendió, primero a subsecretario de Política Criminal y después, a jefe de gabinete.

Mena es discípulo de Raúl Zaffaroni y eso le abrió muchas puertas en el mundo de la justicia penal. En el Ministerio de Justicia, trabajó en la redacción del Código Procesal Penal que instaura el sistema acusatorio, código que Fernández quiere aplicar ya en todo el país.

Mena está procesado y elevado a juicio en la causa por el memorándum con Irán, acusado de encubrimiento, lo mismo que Carlos Zannini, que ayer juró como procurador del Tesoro, jefe de todos los abogados del Estado. Otro espacio clave ocupado por un hombre de total confianza de Cristina Kirchner.

En cuanto al Consejo de la Magistratura, es un organismo clave para relación entre el Gobierno y el Poder Judicial. Selecciona a los candidatos a jueces nacionales y federales y controla a los magistrados; decide qué causas se cierran y cuáles avanzan hacia el juicio político. El oficialismo no tendrá la mayoría especial que se necesita para tomar esas decisiones por sí solo y Ustarroz, que ya trabaja en el Consejo como asesor, deberá negociar con los otros sectores la suerte de los jueces.

La reforma anunciada
Fernández anunció ante la Asamblea Legislativa una gran reforma para la justicia federal. En ese plan está trabajando Gustavo Béliz, flamante secretario de Pensamiento Estratégico. Se trata de una redición del viejo "plan Béliz", que él impulsó durante los primeros tiempos del kirchnerismo, dijeron a la nacion fuentes del Gobierno. Como ministro de Justicia, Beliz le presentó en 2004 a Néstor Kirchner un plan estratégico para reformar las áreas de Justicia y Seguridad. Fue antes de enfrenar a Antonio Stiuso y condenarse al autoexilio. Incluía la unificación de la Justicia Penal, que unía el fuero de instrucción con el federal y el penal económico. Si esto se aplicara hoy, en la práctica implicaría diluir el poder de los doce jueces federales de Comodoro Py. Los juzgados criminales, solo los del fuero penal ordinario, son 63.

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