Ayer, a los 64 años, murió Claudio Bonadío, acaso el juez federal de los tribunales de Comodoro Py que más exposición pública tuvo en las últimas décadas, a partir de llevar adelante causas judiciales de gran impacto político. Un tumor cerebral que ya en mayo del año pasado había empezado a tratar fue la causa de su deceso, ocurrido a las 6.20, en su casa del barrio porteño de Belgrano. Desde hace unos días trascendió que sólo era atendido con cuidados paliativos. Tras el cierre de la feria judicial de verano, Bonadío había pedido prórroga de la licencia hasta marzo.

Las principales causas que tramitó el fallecido juez federal en los últimos años, centradas en investigar al kirchnerismo, fueron ya enviadas a juicio oral y público a cargo de diferentes tribunales y se encuentran en etapa de preparación: los expedientes en esta situación son la del memorándum con Irán (causa que denunció Alberto Nisman), dólar futuro y Cuadernos de las coimas.

 
Por sorteo, quedó designado en su remplazo su colega, Sebastián Casanello, hasta el 29 de febrero y luego será la Cámara Federal porteña la que defina si prorroga esta subrogancia o realiza un nuevo sorteo para el juzgado que acaba de quedar vacante.

Por la mañana, el cuarto piso de los tribunales federales de calle Comodoro Py, donde funciona el juzgado que conducía Bonadío, recibió la visita de personas que se acercaron a dar sus condolencias. Un grupo de empleados distribuyó una carta de despedida. “Fuiste un jefe ejemplar, profesional, honrado, noble, valiente y afectuoso”, recordaron.

Los rumores sobre su salud se iniciaron en abril del año pasado; en mayo fue intervenido quirúrgicamente en su cabeza. “Los registros sobre mi muerte están exagerados”, dijo Bonadío en un video que hicieron trascender por entonces sus colaboradores. Ese día fue a trabajar con una boina.

 
La servilleta
Pese a ser aprobado en 1993 su pliego para acceder a un juzgado federal de Morón, Bonadío, egresado de la universidad pública, fue nombrado un año después por decreto del presidente Carlos Menem para ocupar uno de los juzgados federales de Comodoro Py.

Bonadío siempre se había reconocido como “peronista”, formado políticamente en la agrupación “Guardia de Hierro”. La nominación como nuevo juez en Comodoro Py llegó mientras cumplía funciones como colaborador del secretario general Legal y Técnico, Carlos Corach. 
 
 
La leyenda dirá que el apellido Bonadío, escrito a mano, figuraba en una servilleta que Corach mostró a Domingo Cavallo, para señalarle cuáles eran los jueces oficialistas.

En 2001, en la zona norte del conurbano bonaerense, el juez mató con su pistola Glock a dos jóvenes que, supuestamente, iban a asaltarlo cuando bajaba de su auto junto a un amigo, que resultó herido. “Legítima defensa”, dictaminó la Justicia. Por ese episodio, Cristina Fernández lo calificó de “juez pistolero”.

A la vicepresidenta Cristina Fernández, Bonadío le dictó siete prisiones preventivas. El 25 de febrero del año pasado, la citó a ocho indagatorias, todas en el mismo día. Fue el primer juez en procesar a la vicepresidenta de la Nación (causa “dólar futuro”). Antes lo había hecho con la tragedia del Once y el memorando con Irán.

La más espectacular de todas las causas fue la de los Cuadernos de las Coimas. La elevación a juicio oral de este caso, el 30 de diciembre pasado, fue el último expediente firmado por Bonadío. Su cuerpo fue enterrado ayer por la tarde en un cementerio parque de la localidad bonaerense de Pilar.

En agosto de 2017, una serie de operativos espectaculares volvieron a ubicar a Bonadío en el centro de la escena judicial: junto al fiscal Carlos Stornelli se iniciaba la llamada “Causa de los Cuadernos”. Se acusaba a Cristina Fernández, entre otros, de encabezar una asociación ilícita que había recaudado dinero ilegal entre empresarios contratistas del Estado. 

En esta causa hay ocho mendocinos imputados: José Gerardo, María Rosa y Gerardo Cartellone; Tito Biagini y Hugo Alfredo Kot (ambos directivos de la empresa Cartellone); Danilo de Pellegrin, de la empresa que lleva su nombre; y Carlos Daniel Román y Carlos Eduardo Arroyo, de la empresa Green.

 
A todos ellos, más decenas de constructores, les atribuyó “haber conformado una organización delictiva”.

Las causas en las que acorraló a Cristina 
El juez Claudio Bonadío había instruido una decena de causas que acorralaron a la ex presidenta Cristina Fernández, a sus hijos Máximo y Florencia, a ex funcionarios y a empresarios de estrecha relación con el poder de turno entre 2003 y 2015.  

 
La tragedia de Once ya es cosa juzgada y hay condenados presos. Las otras  fueron elevadas a juicio oral entre marzo de 2017 y el 30 de diciembre de 2019, el último día en el que Bonadío estuvo en su despacho de Comodoro Py. No obstante, aún no hay fechas de inicio para esos juicios orales y públicos. 

En todas, la principal acusada es Cristina Fernández como jefa de varias asociaciones ilícitas; le dictó siete prisiones preventivas, que no se hicieron efectivas por sus fueros de senadora.  

 
El 23 de marzo de 2017, Bonadío mandó a juicio oral y público a Cristina en la causa denominada “dólar futuro”. El juicio está aún sin fecha de inicio. El Tribunal Oral Federal 1 ordenó en agosto de 2019 un peritaje para determinar si hay pruebas de la presunta defraudación contra la administración pública a raíz de la venta de dólar a futuro durante el kirchnerismo. 

Los procesados son Cristina, Axel Kicillof, Alejandro Vanoli y el actual titular del Banco Central, Miguel Ángel Pesce. Se los acusa de generar pérdidas a la autoridad monetaria por $ 77.000 millones.  

 
Bonadío comenzó a investigar la causa Hotesur en 2014. Pero en julio de 2015 la Cámara Federal lo apartó por cometer “abuso de autoridad”. Recayó en Julián Ercolini, que la elevó a juicio en febrero de 2019. 

En abril de 2017, Bonadío procesó a Cristina en el marco de la causa “Los Sauces”, y ordenó trabar embargo sobre sus bienes por $ 130 millones. El juez se declaró incompetente y giró la causa a Ercolini. En octubre de 2018, fue elevada a juicio. 

 
Bonadío investigó el presunto encubrimiento del atentado a la AMIA en 1994 a través de la firma del memorándum con Irán. Bonadío dictó la prisión preventiva de Cristina que luego fue dejada sin efecto. En marzo de 2018, Bonadío la elevó a juicio.

El 30 de diciembre pasado el juez Bonadío elevó a juicio oral la llamada causa de los cuadernos y volvió a pedir el desafuero de Cristina.