Entre el cotillón de papelitos que volaban y el sonido de los bombos y redoblantes, rodeado por un centenar de trabajadores del gremio del SUPA, Herme Juárez, el sindicalista y empresario que manejó durante 40 años la estiba de los puertos del cordón industrial de Rosario, de donde sale el 84 por ciento de las exportaciones de granos del país, desafió a la Justicia, que mantiene la intervención del gremio y la cooperativa desde agosto pasado para hacer una visita a su exlugar de trabajo.

"Vino Caliente", tiene tanto poder que en 2010 paralizó 10 días el principal puerto del país. Es más, para destrabarlo y llegar a un acuerdo tarifario con las exportadoras de granos hizo falta que en visitaran la CGT tres ministros, el secretario de Comercio, Hugo Moyano y varios de los empresarios más importantes de Argentina. Todo por Herme.

Desde hace más de 40 años maneja una de las cooperativa portuarias más grandes del mundo, y recibió miles de críticas por ser al mismo tiempo Secretario General del sindicato de portuarios local.

Es decir que Herme acuerda las tarifas con las empresas exportadoras y al mismo tiempo, los salarios de los estibadores. "Hay que tener cintura", explicó en su momento.

Vino Caliente, como lo llaman al sindicalista y empresario, hizo esa puesta en escena en la Cooperativa de Trabajos Portuarios (CTP) dos días después de que el juez federal de Campana Adrián González Charvay lo excarcelara, aunque sigue procesado desde agosto pasado en una megacausa por asociación ilícita, lavado de dinero y extorsión, que lo llevó a estar preso en el penal de Ezeiza. "Fui a sentarme al sillón de la presidencia", afirmó Juárez en Radio Dos de Rosario. Y de inmediato aclaró: "Me senté en la silla, pero no tomé el cargo. Estoy colaborando. Estoy libre, puedo venir a conversar con el interventor".

"Vino Caliente" detenido en un megaoperativo de Policía Federal, en conjunto con la AFI y AFIP.

Unas horas antes de que el magistrado de Campana -que se había excusado de actuar en esa causa- le concediera ese beneficio a Juárez, los interventores del gremio de SUPA Marcelo Urban y Facundo Ojeda denunciaron en el Juzgado Federal Nº 3 de Rosario, a cargo de Carlos Vera Barros, amenazas y pidieron una custodia federal, que le fue otorgada. Este pedido fue trasladado a la Secretaría de Política Seguridad y Política Criminal, que dispuso la custodia con efectivos de la Prefectura.

Las denuncias de amenazas de los interventores del gremio capitaneado durante más de 40 años por Herme Juárez se producen en un contexto atravesado por la violencia en los gremios del sector portuario en Rosario.

Desde la semana pasada Pablo Ghietti, secretario general del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU), cuya conducción nacional también está intervenida tras la detención de Omar "Caballo" Suárez -quien se encuentra actualmente en libertad en Monte Caseros, Corrientes, de donde es oriundo-, fue incluido dentro del régimen de testigo protegido, luego de que el gremio y su familia sufrieran cinco atentados incendiarios y con balazos.

La intervención a cargo de Urban tiene un plazo de 180 días, según establece la resolución 1174, publicada en el Boletín Oficial, pero la presión por parte de los estibadores leales a Vino Caliente está surtiendo efecto para retornar a conducir el sindicato y la cooperativa.

La Cooperativa de Trabajadores de Puerto General San Martín, la otra pata del negocio que manejó históricamente Juárez, que atendía de los dos lados del mostrador, también está intervenida. Hasta hace unos días la regularización del gremio estuvo a cargo de otro funcionario designado por el macrismo, como Juan José Schaer. Fue reemplazado durante las últimas horas por Claudio Pasqualino, quien continuará por otros seis meses más al frente de la intervención.

En su primera aparición pública, tras conocerse su excarcelación, Juárez envió un claro mensaje: "Lo primero que voy a hacer es regresar a la cooperativa". Al otro día lo cumplió: "Nunca estuve echado, solamente suspendido".

La causa que lo tiene procesado al sindicalista y empresario sigue en manos del juez González Charvay a pesar de que el magistrado se excusó de seguir investigando por estar fuera de su jurisdicción. Pero la Cámara Federal de San Martín aún no decidió si el expediente continuará siendo instruido por la Justicia Federal de Rosario.

Por eso provocó sorpresa en el fuero federal rosarino que el propio juez que se excusó haya dictado la excarcelación de Juárez, quien se encontraba con detención domiciliaria. Los interventores del gremio descubrieron que el sindicato de SUPA no tiene ni un solo bien a su nombre. "Hasta el edificio del gremio pertenece a la cooperativa", describió una fuente cercana al interventor.

Las amenazas contra los interventores del gremio surgieron después de que cortaran la contratación de una empresa que estaba encargada del transporte de los estibadores a los puertos, que se sospecha pertenece al entorno de Juárez.

Fuentes de la intervención señalaron que la empresa Ben Hermanos, que facturó más de 11 millones de pesos en los últimos cuatro meses, tenía problemas de irregularidades en su constitución como compañía. El interventor Urban puso en marcha ese servicio con móviles del sindicato y con otra empresa de la región. En ese momento comenzaron los aprietes y las amenazas, como denunciaron en la Justicia. Los autos fueron atacados y miembros del sindicato de SUPA instalaron cubiertas de camión frente a la sede del sindicato, que ahora, por decisión de la Justicia Federal, está custodiado por Prefectura.

La causa contra Juárez, que está siendo analizada por la Cámara Federal de San Martín, se inició en Campana, a más de 400 kilómetros de Puerto San Martín, con la sospecha de que Juárez podría estar involucrado en un caso de narcotráfico, a través de una denuncia anónima que llegó a la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar).

Pero la investigación que hizo Prefectura Nacional naufragó sobre este punto. No encontraron indicios de que el sindicalista tuviese vínculos con narcotraficantes.

El juez federal de Campana, quien tras dictar el procesamiento se declaró incompetente, sí encontró indicios de que había delitos relacionados con el manejo oscuro de los fondos de la cooperativa, que tenía el aspecto de una empresa.

En 2017 el patrimonio de la cooperativa, según consta en el expediente, que se dedica a la estiba de los barcos que cargan soja y productos derivados en los puertos, ascendía a 2100 millones de pesos. De acuerdo con el informe que consta en la causa, la cooperativa tuvo un excedente de 439 millones de pesos. "La estructura del activo está compuesta por inversiones financieras que totalizaron 1156 millones de pesos en el ejercicio 2017, y se incrementaron aproximadamente en un 38% respecto de las del año anterior", señala un informe que consta en la causa.

Ese excedente, según sospechan los investigadores, "eran principalmente fondos comunes de inversión, inversiones en plazo fijo, y acciones en la sociedad Bunge Limited, radicada en el Reino Unido".

A la par de estos registros contables hay escuchas telefónicas en la causa que aportan más indicios sobre el manejo de los fondos de la cooperativa, que Juárez habría usado para su beneficio personal. Se montaron una red de empresas a nombre de los hijos de Juárez y firmas que serían financieras para manejar y multiplicar, como se sospecha en la causa, los dividendos de la cooperativa.

"Llama la atención el extraordinario patrimonio que posee la Cooperativa de Trabajos Portuarios, el cual se compone de bienes que no guardarían relación con el objeto y los servicios prestados por la misma, tales como aeronaves valuadas en 15.000.000 de pesos que habrían sido utilizadas por Juárez y su familia para viajar a Uruguay". Los viajes recurrentes a Punta del Este tenían que ver, según se desprende de la causa, con propiedades en esa ciudad, en el complejo inmobiliario Imperiale Luxury Condominiums.