14 de febrero de 2020
Las exigencias de los Bonistas para cerrar un acuerdo
Luis Cubeddu, al frente de la misión del FMI que está en Buenos Aires. Foto: Crédito
Los bancos acreedores y los fondos de inversión quieren que Argentina haga un pago en efectivo de US$ 10.000 millones para avanzar en una negociación de cuatro años de gracia en los pagos.
Los bancos acreedores y los fondos de inversión quieren que Argentina haga un pago en efectivo para avanzar en una negociación de la deuda externa. A través de negociadores y conversaciones informales sostienen que si Argentina quiere cuatro años de gracia en los pagos, deben hacer una contribución inicial importante en “cash”. El reclamo es un porcentaje de la deuda total a negociar e implicaría una monumental cifra del orden de los 10.000 millones de dólares.
La información está en poder del ministro Martín Guzmán. Argentina considera imposible ese pago porque implicaría hacer un acuerdo muy estricto con el FMI para que preste el dinero: del acuerdo con Mauricio Macri precisamente faltan desembolsar 11.000 millones de dólares. El reclamo informal de los bonistas es una respuesta a la última estrategia que llevó adelante el Gobierno y que puso al rojo vivo la negociación.
Argentina, en principio, no estaría dispuesta a realizar un desembolso de esa magnitud. Alberto Fernández escuchó las cifras que le trasmitió en forma minuciosa Martín Guzmán. Hizo unas consultas con otros ministros y habló con la cúpula del Banco Central. También conversó la urgencia con Santiago Cafiero. Era la tarde del ajetreado lunes y tomó una decisión fuerte.
Así lo comunicó a sus íntimos: “Vamos a suspender la suscripción del bono Dual. Es inaceptable”. Fue difícil, porque implicó un severo traspié en la estrategia oficial: la Casa Rosada quería reconstruir el crédito en pesos y tuvo que emular una pésima creación –reperfilar- de Mauricio Macri. El Presidente tomó la decisión porque no tenía opción: abonar con emisión podía enloquecer al dólar y generar una orgía inflacionaria.
Por eso -a su vez- intentó armar una “operación” política para contragolpear y reinstalar una cuestión: la posibilidad de que Argentina entre en default. Esa amenaza se había esfumado a causa del “blooper” Axel Kicillof y también por cierto amateurismo del actual equipo económico. Existen fuertes criticas a decisiones técnicas de la secretaria de Finanzas. Su titular Diego Bastourre mantuvo exigencias en la colocación del Bono Dual, que limitó la participación de bonistas que querían apoyar a la Argentina. Se trató de la obligación de suscribir en efectivo el bono: después del fracaso, un decreto corrigió hacia adelante el grosero error de Finanzas.
Las señales iniciales de ambos –Kicillof y Guzmán- fueron las siguientes: Argentina va a pagar y no especulará con el default. Esa posición elimina un arma negociadora clave para Argentina y debilita a la Casa Rosada. Por eso, Alberto decidió volver a tensar la relación con los bonistas y reinstalar el miedo a la cesación de pagos.
La jugada tiene serios riesgos. La incertidumbre financiera volvió a quitarle valor –y fuerte- a todos los activos argentinos ya muy devaluados. Así se manifestó en un informe secreto de Wall Street. El documento confidencial para poderosos inversores afirma: “La reacción de Guzmán y AF fue predecible, aunque difícilmente defendible por sus graves consecuencias”. Y agrega: “Quieren asustar a los tenedores de bonos confiados, pero la decisión está llena de efectos negativos. Se trata de una victoria pírrica”. Por eso los “lobos” de Manhattan consideran la movida como “inocente” y no propia de expertos. Son tiros contra el equipo económico.
Guzmán confirmó en el Congreso lo que anticipó Clarín: la propuesta de pago incluye un período de gracia de 3 a 4 años. Eso lo dijo cuando afirmó que recién habrá un leve superávit en el 2023 y por lo tanto –solo después de tres o cuatro años- dinero para abonar al exterior. El discurso fue conceptual y apuntó a fortalecer el frente político interno. La Casa Rosada reforzó los párrafos más duros y ordenó a todo el Gabinete y la CGT a acompañar a Guzmán. Pero su contenido fue pobre en definiciones económicas. Menos sirvió para aclarar qué pasará en el futuro económico.
Tampoco develó una gran incógnita: cuál es el programa monetario y fiscal que permitirá doblegar la inflación y crecer.
Hay infinidad de proyectos privados frenados por esa incertidumbre. También por la desidia de funcionarios: Kicillof no responde a una propuesta de inversión de 4.500 millones de dólares para vender carne porcina a China. La exposición de Guzmán en el Congreso fue muy parecida a la que hizo en el Council of Americas. Los inversores se fueron con las manos vacías. Los “lobos” de Wall Street consideran que toda la negociación se va a endurecer de ambos lados.
Los banqueros dicen que sólo van a aceptar un acuerdo si los nuevos bonos mejoran en unos 10 puntos la paridad de los actuales en virtual default. Y si Argentina se compromete a hacer un pago “cash” de 10.000 millones de dólares. Quieren que la paridad de los bonos argentinos suba del 45% actual al 55%.
En otras palabras: negociarán con la avaricia y dureza habitual. Los líderes de los bonistas afirman que -en caso contrario- podría tener una baja aceptación y frustrar la intención de la Casa Rosada de cerrar a fin de marzo. Ahora existe escepticismo: se afirma que será difícil cumplir el cronograma del ministro Guzmán.
El ministro estableció fechas inmediatas para la selección de un “asesor financiero” que lo ayude técnicamente con la deuda. Se busca un banco internacional con experiencia, para darle la solidez técnica al Palacio de Hacienda. Néstor Kirchner contrató -en 2003- al francés Lazard Frères. Guzmán anunció que abrirá un concurso. La selección se debe definir la semana próxima. Pero hasta este jueves -insólitamente- no estaban elaboradas las bases y la convocatoria a los banqueros.
La cuestión refleja impericia y confusión. La regla es clara: cuanto más dure la negociación, más va a tardar cualquier recuperación económica. Alberto busca aliados para tan titánica misión: la Casa Rosada le da total prioridad y busca como socio al FMI.
La imprevista alianza tiene una cuestión en común con Argentina: Kristalina Georgieva pretende que los bancos acepten una quita fuerte a favor de Argentina.
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La relación se teje con paciencia, pero para Economía es esencial: Alberto quiere como prioridad un acuerdo con el FMI. Por eso la ofensiva de Cristina contra el Fondo muestra –puertas adentro– una gran contradicción en el Frente de Todos.
La vicepresidenta sabe –como este jueves se lo hizo notar el FMI– que la quita de deuda que pidió al Fondo es imposible de lograr. Pero entre los hombres de negocios se leyó la aparición de Cristina como una acción destinada a marcarle la cancha a la Casa Rosada. También esas actitudes de Cristina reabren los peores temores en banqueros e industriales. Nadie sabe aún si se impondrá en las decisiones el criterio racional de Alberto o si acechan las posiciones extremas de Cristina.
Conclusión: por las dudas nadie invierte y nadie va a tomar decisiones importantes hasta que se aclare el panorama político.
En el entorno de Alberto -que este jueves puso paños fríos- minimizan la “dualidad”. Afirman que el Presidente utiliza las bravuconadas de Cristina para asustar a los acreedores. El mensaje se habría transmitido así en Europa y también en Manhattan, para lograr apoyos en el exterior. Los voceros de la Casa Rosada afirman que se transmite lo siguiente: si fracasa la negociación con Alberto, Argentina se endurecerá con Cristina.
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