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18 de febrero de 2020

Alberto ordenó aprobar sin cambios la reforma que resisten los jueces

Alberto Fernandez

El proyecto, que el Poder Ejecutivo ya mandó al Congreso, a través de la Cámara de Diputados, comenzará a ser tratado este jueves en comisión.

La reforma en el régimen de jubilaciones de privilegio de jueces y funcionarios judiciales tiene alborotado por completo a uno de los tres poderes que conforman la República Argentina.

El proyecto, que el Poder Ejecutivo ya mandó al Congreso, a través de la Cámara de Diputados, comenzará a ser tratado este jueves en comisión, y su tratamiento en el recinto de la Cámara baja está en veremos, pues la semana siguiente se complicará la presencia de los legisladores en la Ciudad de Buenos Aires, por la proximidad de los feriados de carnaval, y la escasez de pasajes por la afluencia turística.

En el Gobierno nacional saben que la cuestión se ha vuelto muy sensible y los diferentes estamentos del Poder Judicial han mandado ya sus señales al Poder Ejecutivo. Los mensajes de WhatsApp van y vienen, con propuestas de cambios, pedidos de moderación y hasta tanteos de magistrados que ya amenazan con jubilarse y producir un vaciamiento en algunos juzgados.

Pero el presidente Fernández bajó la orden de avanzar sin cambios en la reforma de las jubilaciones de privilegio y que se debata y exponga los privilegios de un Poder Judicial que no paga Ganancias, entre otros beneficios, lo que los muestra lejanos al concepto de "solidaridad" que el jefe de Estado postula, como en el caso de las jubilaciones normales o con el por ahora, pendiente, pacto económico y social.
Las miradas están puestas en tres representantes del presidente Alberto Fernández: la ministra de Justicia, Marcela Losardo; el ministro de Trabajo, Claudio Moroni; y la secretaria Legal y Técnica, Vilma Lidia Ibarra.

Entre ellos van los tanteos de cómo terminará la iniciativa final, más la palabra siempre presente de Eduardo “Wado” De Pedro, hoy ministro del Interior pero hombre siempre influyente en la Justicia desde la década kirchnerista, con paso por el Consejo de la Magistratura incluido.

Mientras la Cámara de Diputados se apresta al tratamiento en comisión del proyecto inicial del Ejecutivo, los mensajes van y vienen. Por eso, circula -tanto en oficialismo como en oposición-, una idea de que se otorgue un plazo dos meses a los jueces que se quieran jubilar con el actual sistema, y no quedar así a merced del método por venir que determina que los aportes adicionales pasarán del 11% al 18%, o sea, un 7% más. Y que ya no se jubilarán con el 82% móvil sino con el 82% del promedio de las últimas 120 remuneraciones actualizadas, esto es, de los últimos diez años.

La posibilidad de dar ese plazo permitiría que algunos magistrados (disconformes con los cambios en su status) pidan la jubilación, lo que suena además como amenaza de un “vaciamiento” y poner en crisis a muchos juzgados. Pero en el Gobierno ya saben que otros, han tanteado la variable de retirarse con el actual régimen y luego, una vez jubilado, poder volver a ejercer el cargo de juez sin cobrar por ello, pero sí recibiendo su pensión con el 82% móvil.

Por ejemplo, los sueldos actuales (sobre los que cobrarían el 82%) varían: un juez de cámara cobra $339.000 en mano y un juez federal casi 600.000 de bruto.

Mientras empieza esta semana el tratamiento en Diputados, la Corte Suprema no se meterá en la discusión por ahora. El máximo tribunal se mantiene al margen por el momento, de un tema que, sin duda, terminará en sus manos tras el tratamiento en ambas cámaras del Congreso y las apelaciones que surgirán desde grupos como la Asociación de Magistrados o la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público de la Nación, fuertes críticos de la reforma.

Un dato del actual proyecto: el cambio en las jubilaciones de privilegio no alcanzan a las categorías de Presidente y Vicepresidente de la Nación y de los miembros de la Corte Suprema de Justicia.

Un dato no menor…

Mientras tanto, el que se ve obligado a mostrar los dientes es Julio Piumato, el representante de los trabajadores judiciales, quien -más allá de su adscripción al Gobierno nacional de Alberto Fernández- llamará a un paro contra la reforma, pues en sus bases, el tema genera polémica y enojo.

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