Hasta diciembre de 2015, los productores agropecuarios se pasaron los 12 años del kirchnerismo mirando el "riesgo político" de reojo. Un riesgo adicional al de precios, variables de costos y el clima. El cierre de exportaciones para la carne vacuna en 2006, luego de un año casi récord en 2005, además de intervenciones sobre el mercado del trigo, fueron algunas de las huellas que dejó Néstor Kirchner en la relación con el campo, además de la continuidad de las retenciones. Néstor Kirchner subió las retenciones a la soja del 27,5% al 35% al grano antes de que lo sucediera Cristina.

Intervenciones sobre el mercado de granos y carnes con cupos y permisos para exportar, más el intento fallido de la resolución 125 de dejar en 44,1% los derechos a la soja con un esquema móvil que incluso preveía un tope del 48,7%, fue parte de lo que marcó la relación de la expresidenta con el campo. Políticas que llevaron a que se sembraran la menor superficie de trigo en más de 100 años o que se diera una liquidación de más de 10 millones de cabezas vacunas. Casi el 100% de la renta de una hectárea agrícola pasó a quedar para el Estado en todos sus niveles con la presión impositiva que había.

Mauricio Macri impulsó un esquema de baja de las retenciones. Las redujo a 0% en trigo y en maíz desde el 23 y el 20% en que estaban, respectivamente, y en soja las disminuyó del 35 al 30% apenas asumió. Las necesidades fiscales llevaron a volantazos. Los derechos se reimplantaron para el trigo y el maíz con un esquema de $4 pesos por dólar exportado que tenía fecha de vencimiento para diciembre de este año. A la soja se le dejó un 18% fijo más $4 por dólar que equivalía a 28%. El porcentaje terminó siendo 24,7% al final del mandato de Macri por las sucesivas devaluaciones.

Con el anterior gobierno, no obstante, se disipó el "riesgo político" y los productores se dedicaron de lleno a producir. Se dejaron de intervenir los mercados de granos y carnes. El trigo recuperó más de 2 millones de hectáreas y hubo récords en trigo y maíz, además de una cosecha total también histórica con 147 millones de toneladas (incluyendo maíz para forraje a la canasta general) en la última campaña. Creció el nivel de tecnología aplicada en general. En carnes se logró una venta al exterior en 2019 por un récord de 840.000 toneladas que dejaron unos US$3000 millones en divisas.

Antes de llegar Alberto Fernández al poder, el temor de los productores pasaba no solo por una suba de los derechos de exportación, sino por una vuelta a las intervenciones en el comercio. Con el traje de candidato, Fernández le dijo a la Mesa de Enlace en una reunión que no iba a aplicar intervenciones distorsivas sobre el comercio.

Con el actual Gobierno, la suba del 24,7 al 30% de las retenciones en soja y del 6,7 al 12% en trigo y maíz llegó con el argumento de que había que hacer una "actualización" cuando, en realidad, lo que terminó siendo fue un aumento del 22% en términos porcentuales en soja y del 79% también en términos porcentuales en trigo y maíz.

Ahora, la noticia de que el Gobierno evalúa subir otros 3 puntos las retenciones en la soja -en términos porcentuales sería un incremento en rigor del 10%-, para llegar a una tasa del 33%, se sitúa en el marco de la ley de emergencia. El Congreso avaló a Fernández ese aumento en diciembre pasado. El argumento actual es que los que supuestamente más tienen hagan un mayor esfuerzo por los que menos tienen, con una presunta lógica redistributiva. Pero, solo desde 2002, el campo aportó al Estado por retenciones US$100.000 millones. Ese número se estira a US$170.000 millones si se consideran las transferencias que ocasionaron las intervenciones de mercado durante el kirchnerismo.

El campo ha dado muestras así de solidaridad justo cuando el Gobierno pone su atención en la lucha contra el hambre. La política en los sucesivos gobiernos, no el campo, fue la responsable del crecimiento de la pobreza. Para los productores, la incertidumbre sobre el futuro inmediato, que excede el tema de las retenciones porque también refleja una suerte de hartazgo por la presión impositiva en general, representa una vuelta del "riesgo político".

La magnitud de cuánto pesará ese "riesgo político" en las definiciones de los productores se pondrá a prueba, por ejemplo, en las decisiones que tomen desde mayo próximo para la siembra de trigo.

Las asambleas y tractorazos recientes muestran un descontento en alza. En Tucumán ya le pusieron fecha a un cese de comercialización por una semana desde el 2 de marzo próximo. La Mesa de Enlace está presionada por una protesta a nivel nacional. Un encuentro que se aguarda con el ministro de Agricultura Luis Basterra podría aflojar las tensiones o recrudecer el conflicto según los resultados de esa reunión.

El Presidente dijo que había sacado aprendizajes de la pelea de 2008. En el campo quieren producir antes que ir a otro conflicto largo. Sin embargo, por lo visto hasta acá, los productores están dispuestos a defenderse.

En un momento en que el país necesita dólares, y el campo es el mayor generador genuino de esos dólares, para el Gobierno tensar la cuerda no le resultará negocio. Todo esto ocurre con precios internacionales que en la soja no están acompañando y se suman los efectos del coronavirus. Ya hay regiones productivas arrojando márgenes negativos y eso se podría profundizar, según advierte el analista Eugenio Irazuegui en el cuadro actual.