Las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda se reunieron para analizar el proyecto que ya tiene media sanción. El Frente de Todos sacó un despacho de mayoría y la oposición firmó uno en disidencia.

El oficialismo en el Senado logro este miércoles firmar un dictamen de mayoría sobre el proyecto del Gobierno para eliminar las llamadas “jubilaciones especiales” de jueces y diplomáticos, mientras que la oposición presentó sus reparos y presentará un despacho en minoría.

Las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda se reunieron pasadas las 17 para analizar el proyecto que ya fue aprobado por la Cámara de Diputados.

A la reunión concurrieron el ministro de Trabajo, Claudio Moroni; el titular de la Anses, Alejandro Vanoli; el secretario de Seguridad Social, Luis Bulit Goñi, la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional y la Asociación Profesional del Servicio Exterior de la Nación (APSEN), entre otros invitados.

En Juntos por el Cambio no hay un rechazo cerrado a la iniciativa del Gobierno, pero sí dudas sobre la posibilidad de una renuncia masiva de jueces y fiscales que ya tienen otorgada la jubilación y no quieren que sus haberes sean afectados por la nueva legislación.

El ministro de Trabajo, Claudio Moroni, aseguró que el Gobierno nacional “no tiene ningún objetivo de expulsar jueces” con su propuesta de limitar las jubilaciones especiales del Poder Judicial y el cuerpo diplomático y consideró que si la iniciativa oficial “provoca un éxodo” de magistrados y fiscales sería por “un exceso de sensibilidad”.

“La verdad es que se trata de una reforma prudente y si esto provoca un éxodo nos preocupa. Es un exceso de sensibilidad”, opinó el funcionario.

Moroni aclaró que el objetivo del Gobierno es “reforzar el carácter solidario y redistributivo del sistema previsional” y que no busca “expulsar jueces”.

El esquema actual de esos sectores genera un déficit anual de “$9.200 millones”, precisó, e informó que el haber promedio que perciben es de $280 mil. “No pretendemos que con su aporte financien al resto de los beneficiarios, sino reforzar el carácter solidario y redistributivo del sistema previsional”, adujo.

Las “jubilaciones especiales” se debaten en las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda

Ante una crítica del senador de Juntos por el Cambio, Martín Lousteau, que criticó al proyecto oficialista por “quedarse corto”, Moroni aclaró que el Poder Ejecutivo busca hacer “una reforma prudente” y que no se trata de “eliminar el carácter diferencial del régimen que deben tener las jubilaciones” de jueces y diplomáticos, como lo establece la Constitución nacional.

“Entendemos que el régimen de los jueces debe ser diferencial porque eso exige la Constitución”, sostuvo Moroni, quien no obstante, aclaró que el proyecto del oficialismo “no elimina el carácter diferencial del régimen sino que requiera menos aportes del régimen general”.

Tras cuestionamientos de la oposición sobre el motivo por el cual se comienza por estos dos regímenes especiales y no por otros sectores, el ministro señaló que el Gobierno está “abierto” a dar la discusión sobre el resto de los sistemas. Moroni advirtió ante los senadores que con el proyecto de ley se busca modificar el hecho de que “el 5% de los beneficiarios más altos consuman casi el 24 por ciento de los recursos”.

En tanto, el titular de la Anses, Alejandro Vanoli, advirtió que “si uno mira el sistema previsional en su conjunto, no el resultado solamente de la Anses, uno puede ver que, de niveles de equilibrio hasta 2014, el déficit aumenta significativamenteen los cinco años posteriores”.

“Estas son reformas paramétricas que dejan vigentes, para el Poder Judicial, cuestiones vinculadas a garantías constitucionales como la intangibilidad de las remuneraciones de jueces y de magistrados de Ministerio Público”, dijo a su turno, Luis Bulit Goñi, secretario de Seguridad Social.

La idea de la bancada opositora es incorporar al proyecto una cláusula transitoria para evitar un éxodo en los tribunales, algo que el Frente de Todos ya rechazó en la Cámara de Diputados y volvería a hacerlo en el Senado, donde tienen una mayoría mucho más holgada.

En el Senado, el oficialismo goza de una cómoda mayoría, lo que vuelve menos probable que acepte devolver la iniciativa a Diputados por introducirle cambios.

La iniciativa eleva del 11 al 18% los aportes adicionales al régimen general y, si bien mantiene para los funcionarios judiciales el 82% móvil, establece que el cálculo se haga sobre un promedio de las últimas 120 remuneraciones y no sobre el último sueldo.