Una investigación de la fiscalía suiza sobre una supuesta cuenta millonaria del rey emérito español Juan Carlos de Borbón en un paraíso fiscal amenaza con herir de muerte a la monarquía en España. En la trama delictiva estaría involucrada la empresaria alemana Corinna Larsen, con quien mantuvo una relación extramatrimonial, además del monarca Abdulá de Arabia Saudita. El escándalo apenas comienza y ha reabierto un debate en la sociedad española: ¿es útil la figura del rey en 2020?

El caso se remonta a 2012, cuando Juan Carlos se rompió la cadera durante una cacería de elefantes en Botswana a donde fue junto a Corinna Larsen. Eran los años de la crisis económica, que golpeó con dureza a España. Las críticas en la opinión pública fueron unánimes: ¿qué hacía el jefe de Estado en un momento tan delicado para el país en un safari de lujo por África?

“Estoy deseando retomar mis obligaciones. Lo siento mucho, me he equivocado y no volverá a ocurrir”, dijo el rey al llegar a España ante las cámaras de televisión.

Fue el principio del fin para él. Quien antes gozara del beneplácito mayoritario del pueblo español, comenzó a ser puesto en entredicho. A partir de ahí los acontecimientos se precipitaron, sembrando el germen del escándalo que enfrenta hoy.

Corinna Larsen, la empresaria alemana que viajó con Juan Carlos a Botswana en 2010 y luego recibió de él 65 millones de euros.
Según la justicia suiza, Juan Carlos habría tenido presuntamente una cuenta en el banco suizo Mirabaud con sede en el paraíso fiscal de las Bahamas a nombre de una supuesta fundación, que en realidad sería una estructura ‘offshore’ para encubrirle. A esa cuenta habría llegado en 2008 una transferencia de 100 millones de dólares realizada por el rey de Arabia Saudita.

En la prensa española se ha especulado con dos hipótesis: una, que ese millonario regalo fuera para agradecer “el blanqueamiento” por parte del jefe de estado español de un régimen dictatorial como el de Arabia Saudita (con quien siempre tuvo una estrecha relación), y dos, que en realidad ese dinero fuera la mordida por facilitar el megaproyecto del tren de alta velocidad AVE a la Meca. Esta última línea es la que está siguiendo el fiscal suizo encargado del caso Yves Bertossa, según los medios de su país.

Tras el incidente en la cacería, la banca suiza habría urgido a Juan Carlos a retirar los fondos millonarios de esa cuenta, temerosa de que el caso perjudicara su prestigio. Fue entonces, en 2012, cuando Juan Carlos transfirió 65 millones de euros a Corinna Larsen y, según la información de los fiscales suizos, un millón de euros más a otra antigua amante que residía en Ginebra.

En su declaración ante la fiscalía suiza hace unos meses, en un interrogatorio el pasado 19 de diciembre de 2019, Corinna Larsen explicó que esos 65 millones fueron “un regalo no solicitado del rey emérito”, una “forma de donación” para ella y su hijo.

La pista que hizo sospechar a la justicia suiza fue la publicación por los medios españoles El Español y OK Diario de unas grabaciones ilegales a Corinna Larsen por parte del excomisario de la policía española José Manuel Villarejo, quien hoy está en la cárcel acusado de organización criminal, cohecho y blanqueo de capitales tras destapar una trama delictiva con múltiples ramificaciones que en España se conoce como “las cloacas del Estado”.

Juan Carlos I fue una figura central en la transición democrática española tras la muerte de Franco. Pero su prestigio decayó en la última etapa de reinado.
En esos audios Corinna Larsen implica directamente a Juan Carlos, al que atribuye una fortuna en cuentas suizas. Aunque de momento no ha iniciado una investigación oficial, la Fiscalía Anticorrupción española ha solicitado formalmente a Suiza toda la información que tenga del caso para decidir si podría haber incurrido en un delito de blanqueo de capitales.

Como jefe del Estado español no se le puede juzgar por nada de lo que hizo durante su reinado pero tras la abdicación en 2014 en favor de su hijo Felipe VI perdió su inviolabilidad. En caso de abrirse un expediente en su contra, sería el Tribunal Supremo quien le tendría que juzgar.

Sus problemas no terminan ahí. Corinna denunciará ante la justicia británica (donde la inmunidad del rey emérito español no tiene validez) “el acoso” que sufre desde el incidente en la cacería de elefantes de 2012, supuestamente destinado a evitar que revele “secretos de Estado” que tendría en su poder.

Este juicio afectará no sólo a Juan Carlos sino a otras personas poderosas en España como el exdirector del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Félix Sanz Roldán, a quien Corinna acusa directamente de amenazas.

“Tras ocho años de abusos, que también han ido dirigidos contra mis hijos, y dado que no hay final a la vista, no me veo con más opciones que tomar acciones legales”, ha dicho en el diario británico ‘The Daily Mail’.

El juicio se celebra el próximo 23 de marzo y la empresaria alemana ha contratado al abogado londinense James Lewis, experto en extradiciones y derecho internacional, responsable de algunos casos mediáticos recientes como el de Estados Unidos contra el activista de WikiLeaks Julian Assange.

El debate en España

España es una monarquía parlamentaria, donde el rey ejerce como jefe de Estado bajo el control del poder legislativo (el Parlamento) y el ejecutivo (el Gobierno). La figura de Juan Carlos jugó un papel clave en la transición a la democracia tras la dictadura. Elegido por Francisco Franco como su sucesor, su oposición al golpe de Estado militar de 1981 le sirvió para ser considerado una figura esencial para garantizar la estabilidad del país.

Durante los últimos años de su reinado protagonizó varios escándalos que fueron deteriorando la imagen de la monarquía. Su sucesor desde 2014, su hijo Felipe VI, ha tratado de llevar un perfil bajo y menos personalista. Durante décadas fue popular el dicho de que “España no es monárquica sino juancarlista”.

El debate sobre la monarquía en España no es nuevo. Cada año se celebran manifestaciones republicanas coincidiendo con el 14 de abril, el día que se proclamó la Segunda República en España en 1931. En la de 2019 unos pocos miles se reunieron en Madrid al grito de “España, mañana, será republicana”. Así mismo son varias las consultas populares que se han celebrado para abordar este tema, como la que hay prevista para el 9 de mayo de este año. Todas son simbólicas, no tienen carácter vinculante.

Para cambiar la forma de gobierno en España sería necesario la aprobación previa por parte de 2/3 de las Cámaras y una posterior consulta que exigiría la reforma de la Constitución. Aunque no parezca una realidad a corto plazo, ¿por qué ha regresado ahora este debate?

El país atraviesa una crisis institucional que le ha llevado a estar sin gobierno y a celebrar varias elecciones en los últimos cuatro años. Además, el desafío independentista en Cataluña ha atizado la división social. El rey Felipe VI, quien ha tratado de mantenerse al margen de la política, pronunció un discurso pro constitucionalista que fue considerado un ataque desde el nacionalismo catalán.

A ello se suman los escándalos que ha sufrido la Corona, entre ellos el caso de Iñaki Urdangarín, esposo de la infanta Cristina de Borbón que fue apartado en 2011 de la monarquía por una trama de corrupción.

Ninguno había hecho tambalear los cimientos de la institución como las supuestas cuentas en Suiza del rey emérito y su hipotética millonaria fortuna. La Zarzuela hace públicos los sueldos oficiales de la Familia Real pero sigue existiendo una opacidad sobre sus bienes. Juan Carlos cobra un sueldo anual de 194.232 que le pagan todos los españoles. La duda es: ¿cuánto dinero tiene realmente si pudo regalar a Corinna 65 millones de euros?

“Las cifras son escandalosas, vergonzosas, indignas de un país europeo. Que un jefe de Estado acumule una fortuna así es algo que en teoría sólo pasa en la Libia de Gadaffi o en el Egipto de Mubarak. No debería ocurrir en un país democrático que es la cuarta economía de la UE”, dice el periodista Ignacio Escolar en ‘El Diario’, donde se pregunta: “¿por qué una noticia así no es el tema de apertura de todos los medios de comunicación?”.

El partido de izquierdas Unidas Podemos, quien forma parte del nuevo gobierno junto a los socialistas del PSOE, ha liderado una petición para investigar en el Congreso al rey emérito en sintonía con otras fuerzas de izquierda y nacionalistas.

“Pensamos que hay que llegar hasta el final, una democracia moderna no se puede permitir que este tipo de dudas y de sospechas recaigan sobre quien fue durante décadas su jefe de Estado”, defiende Pablo Echenique, portavoz de Podemos. Su partido ya intentó impulsar una comisión de investigación sobre las finanzas de Juan Carlos en octubre de 2018 que no salió adelante por la oposición del PSOE, además de los conservadores PP y Ciudadanos.

Igual que entonces el Congreso ha rechazado la propuesta. Según el análisis jurídico de la Mesa es inconstitucional investigar los hechos, incluso en sede parlamentaria, pues el artículo 56 de la Constitución protege a la figura del rey, “que es inviolable y no está sujeta a responsabilidad”.

Mientras tanto la sociedad española muestra un creciente desapego con la monarquía. Por primera vez, en 2019 casi el mismo número de ciudadanos era partidario de una monarquía parlamentaria para España (el 43%) que de una república (42%), según el sondeo de SocioMétrica para el diario El Español.

Ese mismo año, la encuesta de Sigma Dos para el periódico El Mundo ofrecía datos mucho más favorables para la monarquía, en especial para el rey Felipe VI: su labor era considerada de forma positiva por el 62.8% de los ciudadanos, frente al 20.8% que tenía una mala opinión y un 11.2% se manifestaba neutral.

En lo que coinciden todos es en la pérdida de afección entre las nuevas generaciones: un 70.4% de los españoles entre 18 y 24 años se muestra a favor de una república, frente al 61.4% de los encuestados entre 55 y 64 años que prefiere la monarquía, según un estudio del año pasado de ‘El Confidencial’. La española es la Corona peor valorada en Europa, según la última encuesta de Ipsos Global Advisor para 28 países. Casi dos de cada cinco españoles desearían abolir el régimen monárquico.

Todos estos datos contrastan con la ausencia de registros oficiales. El último estudio del Centro de Investigaciones Sociológicas (dependiente de Presidencia) sobre la monarquía es de abril de 2015, poco después de la abdicación del rey Juan Carlos. Entonces los españoles suspendieron a la institución, con un 4.34 sobre 10. Desde entonces no ha vuelto a ofrecer datos al respecto.