El juez en lo contencioso administrativo federal, Enrique Lavié Pico, dispuso hoy una “medida precautelar” que frena la designación de 16 fiscales por parte de la Procuración General de la Nación.
 
Lo hizo en el marco de una acción de amparo presentada por el abogado Mauricio D’Alessandro, flamante incorporación del massismo en la provincia de Buenos Aires.

En las primeras horas de 2015, la procuradora de la Nación, Alejandra Gils Carbó fue blanco de tres denuncias por el nombramiento de 18 fiscales subrogantes, 16 de los cuales se vinculan a las fiscalías que se crearán a partir de la puesta en vigencia del nuevo Código Procesal Penal. 

NOTA DEL EDITOR

El 30 de diciembre pasado, en el último día hábil del año, Gils Carbó firmó una serie de designaciones en lo que constituyó el mayor avance del kirchnerismo en diez años para la colonización de la Justicia: designó a 16 fiscales federales de su propia tropa en todo el país y además colocó a dos fiscales de primera instancia en Comodoro Py 2002, donde se investigan casos de corrupción que afectan al Gobierno. Estaba previsto que asumieran el 2 de febrero próximo.

Los nuevos cargos estaban contemplados en el Código Procesal Penal, que aún no está en uso y no cuenta con las leyes de implementación. Pero Gils Carbó cubrió los cargos valiéndose del acuerdo que le había dado el Senado para otras jurisdicciones y desplazándolos horizontalmente como subrogantes en estos nuevos lugares.

El diputado massista D'Alessandro se presentó en Tribunales -al igual que otros legisladores de la oposición- para pedir que se habilite la feria judicial para que los jueces se pronuncien sobre un amparo en el que pidió que se suspendan las designaciones de los fiscales.

D'Alessandro denunció una supuesta intención de Gils Carbó de "cubrir con fiscales militantes cada una de las Cámaras Nacionales y Federales de Apelación con competencia penal en todo el país", como una manera de " lograr la impunidad" de los funcionarios del Gobierno investigados en  casos de supuestas corrupción.