Alberto Fernández firmó dos decretos de necesidad y urgencia esenciales en la estrategia del Gobierno en el intento por evitar un colapso en la economía en medio del congelamiento que supone la cuarentena. Firmó un DNU que dispone la prohibición de los cortes de “suministro energía eléctrica, gas por redes y agua corriente, telefonía fija o móvil e internet y TV por cable, por vínculo radioeléctrico o satelital" durante los próximos 180 días a monotributistas de las categorías más bajas, beneficiarios de AUH y una lista de sectores con mayores necesidades, además de PyMEs para el caso de usuarios no residenciales.

El otro DNU dispone suspender multas e inhabilitaciones en cuentas corrientes bancarias por cheques sin fondo hasta el 30 de abril y al mismo tiempo autoriza a los bancos a dar crédito a empresas que tengan deuda previsional registrada en la ANSES, AFIP y bancos de datos. Esto se complementa con otra decisión ya tomada por la que estira en 60 dìas el plazo para que el Banco Central coloque en lista de deudores en mora temprana a empresas con problemas de pago.

En el caso de las tarifas el impacto tiene un plazo específico: "No podrán disponer la suspensión o el corte de los respectivos servicios a los usuarios indicados en el artículo 3°, en caso de mora o falta de pago de hasta TRES (3) facturas consecutivas o alternas, con vencimientos desde el 1 de marzo de 2020. Quedan comprendidos los usuarios con aviso de corte en curso”, dice el DNU que se conoció la noche de este martes.

Toda la batería de medias que coordina el Gobierno con el Banco Central tiene un primer objetivo básico: que las empresas, sobre todo las PyMEs, estén en condiciones de pagar los salarios a partir del 1 de abril.

El otro decreto, el destinado a proteger el abastecimiento de luz y gas, telefonía, internet y televisión por cable, apunta también a PyMEs pero con impacto directo en los sectores más necesitados.

Las hipótesis de problemas para el pago de sueldos son bien conocidas por el Gobierno ya que las propias empresas grandes lo vienen comunicando en los últimos días. La clase media que, en muchos casos, vive con la duda sobre si podrá o no percibir salarios y los cuentapropistas que por la cuarentena están en cese de actividades absoluto, están también en la primera línea de preocupaciones.

El Gobierno sabe que las empresas de primera línea tienen garantizado el pago de los sueldos de marzo y caja suficientes como afrontar el pago de la mitad de las nóminas salariales de abril. No es un hecho definitivo, pero si no aparecen movimientos de fondos y asistencia que en muchos casos piden al Gobierno y a bancos en un mes aparecerán problemas. Ejemplos sobran sobre las amenazas que hay en el mundo sobre esta cuestión. La empresa LATAM ya anunció que tiene en cartera una reducción de salarios a la mitad en medio de la crisis con panorama de quiebra general que muestras las líneas aéreas. La Boeing en Estados Unidos está virtualmente en parálisis, más allá de sus problemas previos con el modelo 737 Max y en Brasil el propio Jair Bolsonaro ventila ideas de recortes salariales.

De ahí la necesidad de salir a calmar, de a poco y en cuotas para intentar morigerar el terrible impacto fiscal que tendrá el Gobierno por el coronavirus, a quienes temen no tener ingresos para afrontar gastos en lo inmediato.

El segundo DNU que firmó Alberto Fernández tiene, además, un objetivo concreto. El Banco Central se prepara para reabrir el clearing bancario como una forma de liberar cobros y traspasos de fondos, las PyMEs han dicho que será imposible pagar salarios si no se libera el clearing, pero esa apertura tendrá un efecto complicado en quienes n puedan cubrir las obligaciones contraídas. De ahí el waiver para que no se bloqueen cuentas por cheques rechazados y que no se cobren multas que, usualmente, son unos de los principales problemas a resolver para las PyMEs cuando intentan rehabilitar sus cuentas bancarias.