El 40% de los empresarios encuestados creen que sus ventas anuales caerán entre 20 y 50% como consecuencia de la crisis provocada por el COVID19, según un sondeo realizado por el IAE Busines School, escuela de negocios de la Universidad Austral.

Por otro lado, el 72% no cree que las medidas económicas tomadas por el gobierno nacional sean suficientes para atenuar el impacto negativo de esta crisis en la coyuntura económica, según surge de esta medición de la que participaron 120 empresarios.

¿Qué le piden al gobierno? A la cabeza de los reclamos está la necesidad de disminuir los aportes patronales para afrontar el pago de salarios. En esto concordaron 45% de las empresas.

Frente a la pregunta sobre qué iniciativas están evaluando tomar en las empresas a las que pertenecen, la mayoría de los empresarios indicó, ajustes a su producto/servicio y en los costos no laborales.

“Observamos un buen balance en las iniciativas, atacando tanto la venta como los costos. Un 55% de las empresas está ajustando su producto y un 67% ajustando los costos no laborales. El riesgo que vemos, al haber poco foco en el largo plazo, es que en este proceso se estén destruyendo activos importantes como la marca y procesos organizacionales centrales”, señaló Roberto Vassolo, profesor del IAE y líder de este sondeo.

Vassolo precisó que “63% de las empresas está tomando sus medidas de corto sin detenerse concienzudamente a evaluar el impacto de largo plazo de las mismas. Es importante recordar que es mejor tener un plan con un escenario futuro inexacto que no tener ningún plan”.

Riesgos
Por su parte, un informe dado a conocer hoy por pxq Consultora advierte que “el riesgo es que las consecuencias del shock inicial impliquen una profundización de la crisis interna”. En particular, la consultora que dirige Emanuel Álvarez Agis identifican “dos focos principales de riesgo: el empleo y los ingresos.”

El trabajo detalla que en Argentina la población económicamente activa ronda los 20 millones de personas. Dentro de este universo hay 12 millones de trabajadores registrados, 2 millones de desempleados y se estima alrededor de 5,5 millones de trabajadores informales. Por el lado de los pasivos, se tiene los beneficiarios de jubilaciones, pensiones y pensiones no contributivas, que suman 7 millones de personas.

Con los datos que surgen del Ministerio de Trabajo, resulta que el comercio y la industria son los sectores con mayor cantidad de trabajadores privados registrados: entre ambos casi 40% del total de los asalariados privados. De esta forma, los dos principales generadores de empleo se ven afectados por la cuarentena, aunque no de forma total, ya que algunos comercios siguen abiertos y ciertos sectores de la producción continúan operando.

En la industria la situación tiene sus particularidades, explica pxq, ya que el 33% del empleo industrial corresponde a la producción de alimentos, un rubro que se mantiene operando y vendiendo (menos) a pesar de la cuarentena. La mayor vulnerabilidad se encuentra en el resto de los puestos de trabajo industriales, dado que en la medida en la que se extienda la cuarentena el consumo de bienes que no sean de primera necesidad será prácticamente nulo.

Algo similar sucede con el comercio. Los puestos de trabajo en la construcción también están en vulnerabilidad, así como todos los sectores relacionados al turismo, hotelería y gastronomía.

Radiografía de los ingresos
La situación en materia de ingresos presenta un panorama que no es homogéneo, según la consultora. En el sector privado registrado, la remuneración media neta ronda los $43.000 por mes (la mediana es de $33.000). Sin embargo, existe una marcada heterogeneidad al interior de este universo con sectores como “Pesca” y “Minería” que tienen remuneraciones medias que están por encima de los $100.000 por mes, y en el otro extremo otros como “Agricultura, ganadería, caza y silvicultura”, “Hoteles y restaurantes” y “Enseñanza” que apenas superan los $20.000 por mes de remuneración neta promedio.

A su vez, dentro de los asalariados privados registrados hay aproximadamente 1,2 millón de personas que cuentan con otro ingreso facturado a través del monotributo.

Es decir, dentro de los cerca de 2,8 millones de inscriptos al monotributo, 1,2millón tienen otro ingreso por trabajo en relación de dependencia y 1,6 millón sólo tienen ingresos en blanco a través de la facturación del monotributo.

Este último grupo son los monotributistas “puros”, de los cuales casi el 60% se encuentran en las categorías A y B (las que reciben auxilio del gobierno). A saber:

En la categoría A hay 676.000 monotributistas puros, con una facturación promedio menor a $18.000 por mes.
En la categoría B sin otra fuente de ingreso hay 267.000 personas, los cuales facturan entre $18.000-$27.000 por mes promedio.
Monotributistas sociales son 430.000, los cuales no facturan más de $18.000 por mes.
Asalariados de casas particulares tienen ingresos que van desde $16.515 por mes en la categoría más baja a $22.657 por mes en la más alta. Tanto los asalariados de casas particulares como los monotributistas sociales pueden acceder a la AUH y Asignación por Embarazo.
Trabajadores no registrados - aproximadamente 5,4 millones- tenían a diciembre del año pasado un ingreso medio de $14.857 por mes. Este sector también puede acceder a la AUH y Asignación por Embarazo como complemento de sus ingresos.
Desocupados: 2 millones de desocupados, los cuales no tienen un ingreso estable por actividad laboral y pueden solicitar prestación por desempleo en el lapso en el que están en búsqueda laboral (también pueden acceder a las AUH y Asignación por Embarazo como complemento de ingresos). Según datos de ANSES, a junio de 2019 los beneficiarios de seguros de desempleo eran 120.000 con un ingreso de entre $1.700-$4.000 por mes más asignaciones familiares.
Vulnerables
Del análisis realizado, pxq concluye que “los desempleados son el sector más vulnerable, dado que no perciben ingresos laborales y a su vez por efecto del aislamiento se ven impedidos de encontrar trabajo en lo inmediato”.

Se comprende entonces que dentro de las primeras medidas del Gobierno de estímulo a la demanda se buscó apuntalar los ingresos de este sector vía bono para beneficiarios de AUH y Asignación por Embarazo, así como con la extensión de los seguros de desempleo y los bonos a beneficiarios de planes sociales.

La consultora señala que en el universo de los trabajadores hay diferencias en cuanto al efecto inmediato sobre los ingresos. Los trabajadores informales no cuentan con contratos de trabajo en los cuales ampararse y no tienen protección ante el surgimiento de diferentes contingencias. Muchos dependen del día a día para obtener sus ingresos y otros trabajan en empresas bajo un contrato informal que puede romperse en cualquier momento sin necesidad de indemnización. Esto implica una situación de vulnerabilidad ante un contexto como el actual.

Una situación similar la viven los trabajadores independientes ya que, si no facturan, no generan ingresos. Orientado a estos sectores, y en particular a las capas bajas de los independientes (monotributo social, monotributistas de categorías A y B y trabajadores y trabajadoras de casas particulares) se lanzó el Ingreso Familiar de Emergencia, que implica un pago de $10.000 en abril. En los primeros 3 días se inscribieron más de 5,3 millones de personas, dando cuenta del nivel de necesidades de la población vulnerable.

A su vez, se otorgó un aumento del 8% a asalariados de casas particulares a ser pagado en dos partes (marzo y mayo).

Sin embargo, que el Ingreso Familiar de Emergencia excluye a cerca de 700.000 monotributistas “puros”, y a la vez tampoco incluye a los monotributistas de categoría A y B en cuyo grupo familiar haya un ingreso por relación de dependencia o por monotributo de categoría C en adelante.

A estas medidas que buscan apuntalar los ingresos se suman los decretos que tienen como objetivo dar un “alivio” a la restricción presupuestaria mensual de los hogares más vulnerables durante la cuarentena como la prohibición de suspender servicios por falta de pago y el congelamiento de los precios de los alquileres.

En cuanto a las medidas enfocadas hacia los asalariados privados registrados, el foco estuvo por el lado de la oferta mediante la ampliación del programa REPRO, la reducción de contribuciones patronales a los sectores más afectados y las facilidades en el acceso a financiamiento a tasas bajas para pago de sueldos y capital de trabajo.

El set de medidas busca evitar que los sectores que se ven directamente afectados en esta primera etapa amplifiquen el efecto, generando efectos negativos de segunda vuelta. “Sin embargo, en la medida que se extienda la cuarentena serán necesarias medias que busquen apuntalar la demanda de este sector”, concluye el informe.