El decreto 338, que lleva la firma de Fernández y de su jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, aprueba el denominado "procedimiento de contingencia", para ser utilizado ante "eventuales fallas en el módulo Generador Electrónico de Documentos Oficiales (GEDO) del sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE) o en cualquier otro soporte que requiera el uso de documentos digitales, a los fines de garantizar la firma en soporte papel y en forma ológrafa de los actos administrativos o comunicaciones" al Congreso.

Dicho de manera más simple, si una dependencia tiene dificultades para utilizar el sistema, que está en marcha desde hace años, puede recurrir a la alternativa del papel. La misma norma sostiene, sin embargo, que luego deberá agregar el trámite al documento digital.

Ante la consulta de LA NACION, el exministro de Modernización de Macri, Andrés Ibarra, sostuvo que la norma abre la puerta para que los trámites del Estado se vuelvan a hacer de manera analógica. "Este decreto habilita nuevamente a hacer trampa en la documentación y rompe también con la unicidad de un expediente electrónico. ¿Cómo van a hacer para agregar a un expediente electrónico un acto administrativo en papel? Han destruido lo que tomó tanto esfuerzo construir", lamentó.

LA NACION intentó comunicarse con funcionarios del Gobierno, pero hasta el momento de publicación de esta nota no había obtenido respuesta. La secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra, escribió por Twitter a partir de la primera versión publicada: "La firma de decretos en papel se habilita solo para casos en que falla el sistema de Gestión de Documentos Oficiales durante más de una hora; la medida exige la publicación en Boletín Oficial y el registro en Libro de Actas rubricado. Todo transparente".
La modernización de los trámites fue una de las grandes apuestas de la gestión anterior. No sólo porque permitía reducir costos, sino también porque le daba transparencia a la administración pública. Por ejemplo, se puede saber en qué oficina del Estado estaba un trámite, y eventualmente así conocer si había alguien o algo que lo estaba demorando.

Para Andrés Ibarra, el sistema que heredó Alberto Fernández es maduro. Se hicieron 17 millones de expedientes electrónicos y había más de 200 organismos que lo utilizaban. "No estaba en fase experimental", insistió ante la consulta.

En cambio, Vilma Ibarra sostuvo, siempre por Twitter, que "ha a sucedido en diversas oportunidades que el sistema GDO, de funcionamiento deficiente según señalan las auditorías realizadas, impide que se tramiten y firmen decisiones del gobierno. Esto es grave en momentos de emergencia como los que vivimos". Y agregó: "Con esta decisión estamos adoptando medidas para que el Estado no quede paralizado cuando el sistema "se cae" y no funciona por más de una hora. Previsión, transparencia y control. De eso se trata esta medida".

En el reverso de la discusión está la polémica por la transparencia. Un expediente electrónico es fácilmente rastreable porque deja múltiples huellas digitales. En cambio, un trámite en papel se puede posdatar, antedatar y hasta eliminar.

Andrés Ibarra sostuvo que si bien el permiso para volver parcialmente a los trámites en papel genera un problema de transparencia, no cree que ese haya sido el objetivo de la norma conocida hoy. Sostiene, en cambio, que los nuevos funcionarios pueden haber encontrado problemas al relacionarse con el mecanismo.

Por varios motivos, la implementación de los trámites a distancia por la vía digital enfrentó diversos problemas. Para el exministro, la dificultad ahora tiene que ver con "determinar quién y ante qué circunstancia se configura la contingencia. Por lo que desde este momento, con solo invocar que su oficina en ese momento no tenía conexión, el acto administrativo fue hecho en soporte papel y en el protocolo especial"