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MUNDO

7 de abril de 2020

Brasil encara los primeros recortes salariales por el coronavirus

El Gobierno del país sudamericano implementa un plan para paliar los recortes que deja afuera a los trabajadores sin contrato y a muchos empleados de empresas estatales

La escalada de la pandemia del coronavirus y la paralización de gran parte de las actividades económicas han hecho que varias empresas brasileñas empiecen a despedir a trabajadores. Otras están recortando sueldos, amparadas en un decreto presidencial promulgado a comienzos de este mes por el presidente Jair Bolsonaro. El decreto permite la reducción de la jornada laboral y de los sueldos en hasta el 100%, con una compensación proporcional pagada por el Gobierno, pero solo hasta el tope máximo de la prestación por desempleo (1.813,03 reales, o 339 dólares). Sin embargo, el plan deja afuera a los trabajadores sin contrato y a muchos empleados de empresas estatales.
 
A Luciana (los nombres en este reportaje han sido cambiados para preservar la identidad de los entrevistados) le han recortado el sueldo y ahora le toca apretarse el cinturón. Ha cancelado su posgrado y, en vez de acudir semanalmente a terapia, ha pasado a hacerlo cada quince días, incluso antes de saber cuan grande sería el recorte. “El 20 de marzo dejamos de recibir el cheque transporte y el cheque restaurante”, cuenta. Trabajadora en plantilla de una constructora, Luciana creía que el decreto solo afectaría a los altos cargos de la empresa. “No me imaginaba que nos salpicaría a todos”, dice. Pero este viernes le llegó el comunicado oficial de la empresa: un recorte del 10% de los salarios para quienes cobran hasta 5.000 reales [935 dólares], y del 20% para los que perciben un salario mayor, al menos hasta junio. Para ella ha sido un alivio. “Creí que sería del 40%”, dice. “Así que no deja de ser una buena noticia”.
 
Aunque al sector de la construcción civil tiene permitido continuar con sus actividades durante la cuarentena, la empresa donde trabaja Luciana está especializada en proyectos en urbanizaciones privadas. Y, por medidas de seguridad, las administraciones de las urbanizaciones han suspendido la realización de obras durante este periodo. “La empresa está completamente parada”, afirma Luciana. Con poca información sobre cómo funcionará esta medida, dice no saber si tiene derecho a percibir el complemento prometido por el Gobierno a cambio de la reducción salarial impuesta por la empresa. “No sé cómo será, si habrá que ir al banco, si tendremos que solicitarlo o si nos lo abonarán automáticamente”, dice. “Voy a esperar a que la gente que más lo necesite lo cobre y entonces tramitaré el mío”. El Gobierno calcula que 24,5 millones de personas sufrirán reducciones o la suspensión de sus contratos.
 
Según la nueva ley, la condición de suspensión completa del contrato de trabajo podrá tener un plazo máximo de dos meses. También existe la posibilidad de reducir las jornadas. En ese caso, el límite de tiempo son tres meses. La legislación permite que las negociaciones se efectúen individual o colectivamente entre el empleador y los empleados. Además, el texto asegura un periodo de estabilidad para cualquier trabajador cuyo contrato haya sido reducido o suspendido: durante el tiempo en el que esté vigente el acuerdo, los empleados no podrán ser despedidos y permanecerán estables durante el mismo periodo al final del acuerdo.



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