La mayoría de los concejales aprobó anoche, en una sesión con la modalidad virtual, una ordenanza para eximir de obligaciones tributarias a comerciantes, sin medir las consecuencias del desfinanciamiento que impactará en las arcas de la ciudad de Salta.

Gremios que agrupan a trabajadores municipales consideran que la demagogia de algunos concejales pondrá en jaque al municipio, porque se dejarán de percibir fondos equivalentes a tres meses de sueldos de los empleados municipales.

Dirigentes del Sindicato Municipal de Salta le manifestaron al presidente del Concejo Deliberante, Darío Madile, a través de una nota, el desacuerdo del sector con el proyecto que impulsó la concejal Frida Fonseca para comercios, autónomos y monotributistas que no hayan podido desarrollar actividad como consecuencia del aislamiento social preventivo.

La medida "pone en serio riesgo la fuente laboral, el cobro del haber en tiempo y forma, como así también los acuerdos salariales presentes y futuros", advirtió Simusa a través de su secretario general, Sergio Rodríguez.

Durante el debate, el concejal José Gauffin cruzó al concejal José García, quien consideró que no era momento de "ser cobardes" y cuestionó a quienes hablan para la tribuna,

Gauffin se sintió aludido y respondió que ese tipo de manifestación es "una alusión personal grave y fuera de lugar", y al fundamentar su posición dijo: "Es mucho ruido y pocas nueces, decir que se disminuye la presión fiscal por 600 pesos me parece sobreactuado".

"Creo que acá estamos violando un principio de certidumbre", advirtió, y señaló que cuando uno legisla "tiene que saber exactamente cuáles son las consecuencias".

Los promotores de la ordenanza no solo hicieron oídos sordos al rechazo del sindicato, sino que tampoco escucharon a sus pares, que pedían volver a comisión el proyecto para un mayor análisis, moción que planteó con firmeza la concejal Laura García.

Este grupo de concejales advirtió sobre el riesgo de desfinanciación del municipio, que ya viene soportando una disminución en la recaudación y el impacto negativo que tendrá en la prestación de servicios, la realización de obras y el pago de salarios.

El tema se trató en una desprolija sesión virtual, en cuyo transcurso hubo cortes en la comunicación y hasta se llegó a escuchar el ladrido de un perro mientras un concejal exponía.

Tras un debate que duró unas cinco horas, la ordenanza fue aprobada con modificaciones respecto al texto original.

El voto de la mayoría, encabezada por la concejal Romina Arroyo, dispone eximir a los sectores mencionados del pago de la tasa de inspección de seguridad, salubridad e higiene, tasa de publicidad y propaganda y tasa por ocupación de espacio público.