Un ahorro de 41.500 millones de dólares y tres años de no pagar nada. Eso es lo que buscará a partir de hoy el gobierno de Alberto Fernández en la negociación que iniciará con los acreedores externos que tienen en sus manos bonos en dólares emitidos bajo legislación  extranjera.

Hay dos caminos: un acuerdo o el default total. Si se consigue lo primero, la gestión de Fernández tendrá las manos libres para enfocarse en la economía real. Si ocurre lo segundo, la batalla económica estará perdida y la recuperación será una utopía. 

Ayer, sentado en la quinta de Olivos al lado de la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, y rodeado de gobernadores oficialistas y opositores, el Presidente le dio el micrófono a Martín Guzmán, el economista heterodoxo al que le encargó una de las misiones más complejas de su mandato. 

En una introducción de contexto, Guzmán dijo que “Argentina hoy no puede pagar nada”. Afirmó que coincide con esto el Fondo Monetario Internacional (FMI). Y aseguró tener el respaldo a su propuesta de canje de países del G7 y el G20, pero no identificó cuáles y Estados Unidos es determinante.

Qué se propone
La propuesta concreta consiste en canjear 21 bonos por el equivalente a 66.238 millones de dólares. De ellos, 17 papeles (por 41.548 millones) fueron emitidos durante la gestión de Mauricio Macri. Son títulos en dólares, euros y francos suizos. Todo con legislación extranjera.

La propuesta conlleva mayor reducción de intereses que de capital. Aquí Guzmán hizo una aclaración: “Hemos tratado de entender lo mejor posible las preferencias de los acreedores en función de la información que ellos nos dan”.

Así, se propone una reducción de capital de 3.600 millones de dólares, es decir, una quita del 5,4% sobre el stock de deuda y una reducción del pago de intereses de 37.900 millones, que equivale a una quita del 62%.

No se pagaría nada en 2020, 2021 y 2022. Se abonaría un cupón (interés) de 0,5% en 2023 y esa tasa iría creciendo hacia adelante, llegando a un promedio no mayor al 2,33%. Esto cambia la estructura de la deuda pública al menos en los próximos cinco años.

Esa estructura que se intenta modificar indica que Argentina debe pagar 4.500 millones de dólares este año, 8.400 millones en 2021 y 8.300 millones en 2022 sólo por estos 21 bonos. Si hay acuerdo, la gestión Fernández se olvida automáticamente de pagar 21.200 millones de dólares.

Y como también se buscan tres años de gracia con el FMI, según dijo Guzmán, la oxigenación para el fisco sería total abriendo la posibilidad de incrementar reservas internacionales y de volcar todos los recursos en la economía nacional.

Con quiénes se negocia
Esta oferta será registrada hoy ante la Comisión de Valores de los Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) y desde ese momento Guzmán dará un plazo de veinte días a los acreedores para responder si aceptan o no. En los hechos, ese es el plazo para negociar.

Reiterativo, Guzmán dijo que la propuesta se ajusta a un “criterio de sostenibilidad”, es decir, qué es lo que Argentina puede pagar. Y Fernández, luego, se expresó en el mismo sentido al sostener que está comprometiendo su palabra a algo que el país puede cumplir: “No estamos firmando un cheque en blanco”, aseveró.

Entre enero y mediados de marzo Guzmán tuvo conversaciones con los acreedores. Y ayer reconoció que en esos diálogos “no se ha llegado a un entendimiento” por el momento por la diferencia de criterio sobre lo que sería un acuerdo “sostenible”.

Fuentes que conocen esos diálogos dijeron que los bonistas se estiraron hasta el momento a una quita del 49%, trece puntos por debajo de lo que pretende el Gobierno. 

Argentina necesita alcanzar una adhesión equivalente al 75% del stock de bonos que se van a canjear para que se complete la operación. Y la mitad de los papeles están concentrados en los fondos de inversión Blackrock, Greylock, Templeton, Fidelity y Pimco, que entre todos administran recursos equivalentes a un PBI argentino.

“Los acreedores piden más ajuste fiscal, pero eso destruiría el futuro de millones de personas en Argentina y es algo que no vamos a permitir. Hay un límite de hasta dónde se puede ir y ese límite es la oferta que se presentará”, aseguró el ministro de Economía.

Con ello, dio a entender que Argentina no modificará la oferta. E indicó que durante el período de veinte días que se abre hoy “va a haber gente jugando muy fuerte, porque hay muchos intereses en juego”. Advirtió que “van a estar resonando” en los días que vienen “las voces de los acreedores que buscan que la Argentina pague más de lo que puede”.

 
La deuda pública bruta se encuentra hoy en el 88,8% del Producto Bruto Interno. Hay países que tienen un ratio mucho mayor, sobrepasando el 100%. Lo que presiona es que el 69% está en moneda extranjera, cuando en 2015 era el 35,2%. Y en Argentina escasean los dólares. 

A este canje se llega como última alternativa. Argentina no puede refinanciar emitiendo nuevos bonos en el mercado voluntario. Si hoy saliera a hacerlo, se vería obligada a pagar tasas superiores al 35% anual en dólares por el elevado riesgo país.

Alberto Fernández tendrá a su favor son cierto apoyo internacional, comenzando por el del papa Francisco y la titular del Fondo Monetario Internacional (FMI) Kristalina Georgieva en un primer eslabón; de la Unión Europea (UE) después (que le aceptará en semanas la postergación por un año del pago del vencimiento de u$s2.100 millones del 7 de mayo al Club de París); y, supone el Ejecutivo, también de Donald Trump. En contra tendrá un enemigo poderosísimo: un sistema financiero internacional cansado de la Argentina y sus irresponsabilidades económicas.

El principal riesgo del país desde hoy no es el default, sino una consecuencia peligrosísima de caer en esta situación: que la no aceptación de la propuesta genere una nueva ola de demandas en los tribunales del Segundo Distrito Sur de Nueva York, donde el país ya tiene la jurisprudencia de haber pedido el “Juicio del Siglo” contra los fondos buitres; y donde la reiteración de faltas es multada con dureza. Dicho de otra manera, si la causa que comandó Thomas Griesa demando algo más de seis años en resolverse; un nuevo juicio contra el país por sus bonos impagos, tendrá una duración mucho menor y el país se verá obligado por las leyes norteamericanas a pagar la totalidad de la deuda que hoy debe negociar, más intereses y punitorios y, obviamente, sin quitas. Estos u$s68.800 millones se transformarían por arte de magia legal, en más de u$s80.000 millones de deuda. Que esto suceda, y una vez que se abra la negociación, todo dependerá de una decisión casi inmanejable para el Gobierno y que surgirá de un estado de ánimo hoy bombardeado en su integridad: el humor de los principales tenedores de la deuda a reestructurar, y su voluntad de esperar o no a la Argentina en medio de una catástrofe financiera internacional de dimensiones épicas.

Fondos de inversión como Templeton, BlackRock, Gramercy, Pimco, o similar, que detentan no la mayoría de los títulos, pero sí más del 25% necesario para que la oferta sea aceptada; tendrán que decidir si aceptan perder casi el 55% de sus tenencias y cobrar en un período de tiempo que se medirá en décadas, o si venden todas sus posiciones en las próximas semanas a un valor de menos del 30%. Si la decisión es la primera, el canje será exitoso y el país evitará el default. Si la decisión es la segunda, Argentina se encaminará a un nuevo período en un larguísimo desierto financiero internacional, además de a un juicio que puede ser sumarísimo y perdidoso. Y a la necesidad de renegociar más de u$s80.000 millones; no ya con acreedores.

 Alberto Fernández. El jefe de Estado estará durante el tiempo que se inaugura hoy y que terminará el 21 de mayo (ese día formalmente argentina caería en default al no pagar el 22 de abril el bono Global que vence el 22 de este mes), con lo que el plazo de algo más de un mes será autoimpuesto por el propio oficialismo. El tiempo es corto. Pero tampoco puede Argentina extender la situación mucho tiempo más. La incógnita debe ser despejada. Las armas del gobierno son pocas, pero útiles. No es menor el apoyo internacional. Tampoco la alternativa de mejorar la oferta en algún momento de la negociación. Pero probablemente el éxito dependerá de la evolución de una variable convertida en un Cisne Negro: el coronavirus. La megacrisis épica obligará a los tenedores de deuda del exterior a decidir qué hacer con el puñado de tenencias de títulos públicos argentinos; en medio de una situación donde la atención está puesta en como salvar sus pérdidas antológicas de acciones de bancos, petroleras, automotrices, constructoras y empresas de consumo masivo; todas de historia impecable y trayectoria con ganancias victoriosas por décadas, y que, en menos de un mes, perdieron más del 50% de su valor de cartera. Los fondos podrán tomar la decisión de aceptar la propuesta (quizá mejorada con el tiempo), perder el 45% y cerrar el capítulo argentino y no volver por mucho tiempo a pensar en compra un bono local. Pero también podrán tomar otra decisión. Vender a menos del 30% y, otra vez, cerrar el capítulo argentino y no volver por mucho tiempo a pensar en compra un bono local. En ambos casos la consecuencia será la misma. Pasará mucho tiempo, quizá décadas, hasta que el país pueda volver a pensar en emitir algo de deuda que ayude, no ya a cubrir baches fiscales; sino a algún tipo de inversión estructural que le permita al país pensar en hacer crecer su economía, exportar más, y dejar de lado los 10 años de estancamiento económico que se acumulan desde 2010, y que, inevitablemente, podrían extenderse al menos dos años más.

Tendrá que pensar el Gobierno en todo momento de la negociación, que para el mundo Argentina no es una víctima, sino una vergüenza. Así como en el 2001 el país logró cierta empatía de los mercados mundiales luego de la crisis de salida de la convertibilidad, hoy la visión que se tiene del manejo de las cuentas públicas locales, es que se trata de la consecuencia de una clase política que compite por ser de las peores del mundo en décadas. Nadie, en el mundo financiero, le tendrá contemplación. Si bien en el 2001 el gran desafío de los acreedores fue aplicar la sofisticada Teoría de los Juegos, decidiendo en qué momento exacto entrar a la oferta; ahora todo dependerá de sumas, restas y conveniencias. Argentina se convierte hoy en un digno ejemplo de la máxima de Carlos Marx en el 18 Brumario de Luis Bonaparte: “Hegel dice en alguna parte que todos los grandes hechos y personajes de la historia universal aparecen, como si dijéramos, dos veces. Pero se olvidó de agregar: una vez como tragedia y la otra como farsa”. Será responsabilidad de Alberto Fernández y su equipo de negociadores encabezados por el ministro de Economía Martín Guzmán, de demostrar que lo que comienza hoy no es una farsa, sino la resolución definitiva del problema de deuda del país. Y del inicio de una nueva y responsable etapa de la economía argentina.

Fernandez concluyo su mensaje diciendo:“Nos propusimos ser serios, no aprovechar ni siquiera la coyuntura del coronavirus que ha dado vuelta la economía del mundo para dilatar la solución del problema de la deuda”, dijo Fernández. Y agregó: “Este viernes será un día definitorio para la Argentina”.