Igual que las facturas de la luz y el gas y de lo que probablemente también terminen sucediendo con los combustibles, el Gobierno busca variantes para congelar las facturas de los servicios de telecomunicaciones.

Es decir de la telefonía móvil y fija, de internet y de las operadoras de televisión por cable y satelital por lo menos hasta fin de año y con los valores fijados al 1 de marzo pasado. Para alcanzar este objetivo, las autoridades abrieron dos caminos. Por un lado, se entablaron negociaciones entre las autoridades del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) con las empresas proveedoras de estos servicios. Por el otro, se impulsa la pata parlamentaria a partir de 50 diputados del Frente de Todos que busca congelar los precios mediante la sanción de una ley para que sea el Congreso el que regule las tarifas que mensualmente emiten a sus clientes empresas como Movistar, Telecom, Claro, Cablevisión, Telecentro o DirecTV.

En el caso del organismo que preside Claudio Ambrosini, el objetivo es convencer a las operadoras de la necesidad de mantener los precios por los próximos 180 días.

En el organismo entendien el esfuerzo que ya viene realizando el sector para colaborar con la crisis por la que atraviesa casi todo el país en el marco de la lucha contra el coronavirus con iniciativas como las de decretar la gratuidad de los contenidos sanitarios y educativos y la retracción de algunos precios de sus servicios.

De hecho, durante esta jornada de lunes 4 de mayo, el propio Ambrosini mantuvo varias videoconferencias con representantes de las organizaciones de consumidores y con referentes del interior para avanzar en un acuerdo global.

La idea es garantizar la prestación de los servicios y el congelamiento tarifario de manera consensuada para atender la situación de los usuarios en relación al aislamiento obligatorio por el Covid-19.

En este marco, el titular de la Asociación de Defensa de los Usuarios y Consumidores (ADDUC), Osvaldo Bassano mantuvo una reunión por teleconferencia con Vallejos y reveló que las compañías comenzaron a enviar a los clientes, desde marzo pasado, facturas con incrementos de hasta el 30% y múltiples amenazas de cortes en el servicio.

Según voceros de la diputada Vallejos, los aumentos se concretaron a pesar de que los decretos 311/2020 y 426/2020 del Poder Ejecutivo Nacional declararon a los servicios de telecomunicaciones, Internet fija y móvil y digitales como "esenciales en la emergencia", prohibiendo taxativamente el corte o suspensión en caso de mora o falta de pago de hasta tres facturas consecutivas o alternativas por el plazo de 180 días para un conjunto de determinados usuarios.

En sus considerando, el proyecto de ley considera que el Estado debe velar por la continuidad, universalidad y accesibilidad de los servicios públicos, "ponderando la realidad económico-social concreta de los afectados y restringiendo decisiones de ajuste tarifario en plena pandemia".

En este sentido, el diputado Heller señaló que "resulta absolutamente abusivo e injustificado que en momentos en que las tarifas de servicios públicos están congeladas, los salarios estancados o a la baja, los costos financieros reducidos, hay moratorias previsionales e impositivas y un tipo de cambio oficial totalmente controlado, estas empresas, que además tienen un alto grado de cautividad sobre sus clientes, aumenten los precios de insumos que ,en estas circunstancias, adquieren la condición de esenciales".

"En relación al aumento que impactó en el mes de marzo de 2020, cabe mencionar que se trata de cambios en las condiciones comerciales que Movistar notificó a sus clientes en noviembre de 2019, con entrada en vigencia a partir del 9 de diciembre de 2019", se justificó la empresa en el escrito.