El sindicato que representa a quienes trabajan en tareas de servicio doméstico le insistió al Gobierno con un pedido de que se incluya a esa actividad en el programa de asistencia para el pago de salarios. Concretamente, se busca que se destinen fondos públicos a cubrir parte de las remuneraciones del personal registrado, para aliviar la carga de los empleadores -que son casas de familia-, tal como ocurre en el caso de muchas empresas.

En una nota enviada a la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares, del Ministerio de Trabajo, la Unión Personal Auxiliar de Casas Particulares sostiene que esa inclusión es "más que necesaria" y que, "de ser factible", debería hacerse para los ingresos de este mes de junio. Según afirmó el abogado y asesor de esa entidad gremial, Carlos Brassesco, la nota fue enviada en las últimas horas a las autoridades.

Según el último informe de la cartera laboral sobre aportantes al sistema jubilatorio, son algo más de 499.800 las personas registradas en este rubro al mes de febrero de este año (último dato disponible). En el trabajo doméstico hay un amplio porcentaje de personas no registradas y esta medida, en caso de concretarse, no tendría alcance para ese universo.
Al estar comprendidas en la ley de contrato de trabajo, las relaciones laborales de este segmento quedaron alcanzadas por dos medidas dispuestas ya al inicio de la cuarentena: la prohibición de los despidos sin justa causa y la obligación, por parte de los empleadores, de seguir pagando los salarios. El personal de casas particulares, ya sea que esté registrado o no, quedó también alcanzado por el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) de $10.000 anunciado el 23 de marzo, que se está pagando ahora y que tendrá una segunda ronda a partir de la semana próxima, según se anunció ayer. Desde el sindicato sostienen que se recibieron muchas consultas por parte de quienes vieron rechazada su solicitud de ese subsidio.

Según el escrito que el sindicato le envió a la comisión específica que tiene esta actividad en el ámbito del Ministerio de Trabajo, la inclusión en el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) es un tema que ya fue conversado con el Gobierno. Además se señala que, siempre que se trate de relaciones registradas, debería no dejarse al margen de la ayuda al personal de la cuarta categoría de esta actividad: se trata de quienes cuidan a personas. Esa categoría es la única que, ya desde el inicio de la cuarentena, está habilitada a trabajar en todo el país, por ser considerada tarea esencial.

En el caso de las demás categorías (tareas generales, tareas específicas como cocina o jardinería, supervisores y caseros), sigue la imposibilidad de trabajar en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires y del conurbano bonaerense, aunque sí se empezó a habilitar la actividad en otros lugares geográficos, como las provincias de Jujuy, Salta, Catamarca, Neuquén, Chubut y Río Negro, y varios municipios del interior de la provincia de Buenos Aires.

"Entendemos que no hace falta abundar acerca de las razones de la solicitud, ya que es pública y notoria la necesidad de poder cubrir estos salarios", señala la nota del sindicato enviada al Gobierno.

Entre quienes son empleadores ocurren actualmente diferentes situaciones. Algunos son monotributistas o autónomos que han visto disminuir fuertemente su trabajo (o bien, directamente no han podido hacerlo) y, por lo tanto, también sus ingresos. En el universo de asalariados, en tanto, también existen casos de reducción de la capacidad de pago. Si bien rigen la prohibición de despidos y la obligación de pagar salarios por parte de las empresas (y también está, para un grupo, la ayuda estatal a través del ATP que hasta ahora se efectivizó por los salarios de abril), lo cierto es que en muchos casos se han dispuesto ceses laborales bajo la modalidad de "retiros voluntarios" y, en otros, se acordaron disminuciones salariales en el marco de acuerdos de suspensiones cuya firma quedó habilitada expresamente por el mismo decreto que impide despedir. Así, hay empleados bajo relación de dependencia que hoy cobran 70% o 75% del salario que percibían antes de la cuarentena.

Según el programa ATP, el Estado se hace cargo del 50% de los salarios de los empleados de empresas del sector privado, dentro de los límites de entre uno y dos salarios mínimos (es decir, entre $16.875 y $33.750). Mientras que eso fue abonado hasta ahora por los salarios de abril en el caso de las empresas aceptadas, el plan fue extendido luego a las remuneraciones de mayo, sobre las que aún no se conoce qué compañías quedan dentro del plan.

En cuanto al sector del personal de casas particulares, el sindicato ya había solicitado, durante el mes de abril, la inclusión en el ATP. Se había acompañado entonces el pedido hecho por el Sindicato de Amas de Casa, que le mandó una nota al presidente de la Nación, Alberto Fernández, solicitando que el plan de ayuda estatal alcanzara a las trabajadoras cuyos empleadores se vieran "impedidos de obtener ingresos dadas las restricciones, necesarias por razones de prevención del Covid-19, que imperan en el país". En ese pedido se incluía una propuesta concreta, según la cual el subsidio debería existir en los casos en que los empleadores sean monotributistas o autónomos y hayan tenido una determinada caída de la facturación por el aislamiento social obligatorio. Se excluía, así, a los hogares con asalariados o jubilados entre sus integrantes.

En la respuesta recibida por el sindicato de trabajadoras de casas particulares desde la cartera laboral en aquel primer pedido, se sostuvo que se le había pedido a otras áreas del Gobierno la evaluación de una medida referida a lo solicitado. Y se había recordado que, en el caso de que sean monotributistas o autónomos, los empleadores de personal de servicio doméstico pueden solicitar los créditos a tasa cero ofrecidos por el Estado a quienes cumplen determinados requisitos y acepten las condiciones establecidas.