El Gobierno decidirá esta semana sobre la continuidad de la doble indemnización, el instrumento que penaliza el despido sin causa desde diciembre y cuya vigencia se extenderá, por ahora, a más tardar hasta el sábado. Será una definición entre los funcionarios más formalistas, que alegan que la prohibición de despidos que rige hasta agosto choca con la continuidad de un mecanismo que los multa con un pago doble, y quienes sostienen que se demostró como una barrera eficaz para la pérdida de puestos de trabajo en la pandemia. La CGT avisó que reclamará su extensión.

La doble indemnización fue instaurada por el decreto de necesidad y urgencia (DNU) 34/19 durante el plazo de 180 días, que según algunos laboralistas vencerá este miércoles y para otros, el sábado. Aquella normativa declaró la emergencia pública en materia ocupacional por seis meses y estableció que “en caso de despido sin justa causa” durante ese período los trabajadores “tendrán derecho a percibir el doble de la indemnización correspondiente de conformidad a la legislación vigente”. Sólo dejó al margen las contrataciones celebradas después del decreto.

El debate entre funcionarios y asesores sindicales y empresarios surgió por la colisión entre ese DNU y la penalidad que establece con el pago de una indemnización agravada, y el que directamente prohibió despidos y suspensiones unilaterales durante la cuarentena, dictado por Alberto Fernández en los primeros días del aislamiento derivado de la pandemia del coronavirus. El DNU 329/2020 declaró ineficaces las cesantías por abril y mayo y el 487/2020 prorrogó la decisión por junio y julio.

En lo que va de la pandemia en la Argentina el mercado laboral mostró un panorama sombrío. Sólo en marzo, primer mes de la cuarentena y con dos tercios de actividad, hubo más de cien mil puestos de trabajo que se perdieron. Una proyección de la Universidad Católica establece que hasta mayo unas 900 mil personas se quedaron sin empleo, en su mayoría en rubros informales. La crisis se atemperó por la vigencia de la prohibición de despidos y suspensiones, y de la doble indemnización por un lado, y de los estímulos a las empresas con subsidios al salario y créditos blandos por otro.

“Insistimos en que hay que prorrogar la doble indemnización. Es verdad que están prohibidos los despidos pero también es cierto que si alguien baja la persiana y no acepta ninguna reinstalación, no es lo mismo plantear el debate por el puesto de trabajo con la simple indemnización que con la doble. Hay que discutir este tema porque la prohibición existe pero igual hay caída del empleo”, le dijo anoche a este diario Héctor Daer, cotitular de la CGT. Los técnicos de la central discuten desde hace días con asesores del ministro de Trabajo, Claudio Moroni, sobre la legalidad de sostener un instrumento redundante con otro que está en plena ejecución.

El debate, aunque con un costado formalista, pone también sobre la superficie fragilidades intrínsecas de la economía argentina. Por un lado existen, más allá de los despidos sin causa, atajos que utilizan empleadores para desvincular personal como los supuestos “acuerdos de retiros voluntarios” que encubren cesantías bajo presión pero no formalizadas como tales. Y lo más dramático: una porción de empleo no registrado que como mínimo alcanza a un tercio de la fuerza laboral en la Argentina, aunque se estima que llega a la mitad al sumarse los modos fraudulentos de inscripción laboral.

El abogado Leandro Recalde, integrante de la corriente de laboralistas 7 de Julio, le dijo a este diario que atenerse al mero choque de normas no contempla las relaciones laborales que perviven en la Argentina a través de las cuales es usual “que el empleador empuja al trabajador a considerarse despedido” y esa suerte de convalidación le resta márgenes de negociación. “Para los trabajadores que están ‘en negro’ también rige la doble indemnización y la prohibición de despidos, sólo que el empleador no cree que deba cumplir. El problema es que si le sacás una penalidad le facilitás el despido”, razonó.

Y amplió: “el DNU que dispuso la doble indemnización declaró la emergencia ocupacional. Hoy, pandemia mediante, la emergencia es mucho mayor y seguramente el desempleo creció en este período. Así que no hay razones para dejar sin efecto una herramienta así. Además, si el argumento es que de todos modos los despidos están prohibidos no debería haber quejas de los empresarios”.

Matías Cremonte, presidente de la Asociación de Abogados Laboralistas, consideró que en el contexto actual “la prohibición de los despidos fue tal vez la medida más contundente del Gobierno” aunque aclaró que “el hecho de que la indemnización agravada siga vigente es igualmente importante”. “Por un lado, por su efecto disuasivo, ya que el despido es nulo salvo que el trabajador lo convalide, optando por el cobro de la indemnización, extremo que suele ocurrir, por diversas razones. Y por otro, porque en ese caso, esa indemnización es la que hará que las personas que quedan sin trabajo puedan subsistir mientras el empleo no se recupere”, completó.