Aún restan definir algunas cuestiones del diseño de la oferta final de canje de deuda con la que el Gobierno espera cerrar la renegociación por los US$ 64.800 millones bajo legislación extranjera. Y, dentro de ese esquema, para el que se encontrarán durante esta tarde el ministro de Economía, Martín Guzmán, con el presidente, Alberto Fernández, está la posibilidad de incluir un cupón atado a las exportaciones agrícolas, que tomaría como referencia el promedio de los últimos cinco años, confió una fuente oficial.

El presidente Alberto Fernández no descartó extender el plazo de renegociación de la deuda con los acreedores por otros 10 días más y ratificó que busca lograr un acuerdo sustentable para la Argentina. "Vamos a mejorar la oferta", anunció en diálogo con Radio 10.

"Está claro que buscamos un acuerdo con los acreedores", afirmó. "La oferta que vamos a hacer no va a poner en riesgo la sostenibilidad de la economía argentina", añadió el mandatario durante la entrevista radial en el "pase" de los programas Mañana Sylvestre, de Gustavo Sylvestre, y Buenos Vecinos, de Pablo Duggan.

Agregó se trata de un promedio móvil y que se están terminando de definir dos cuestiones: qué período se toma y desde qué año se paga. "Podría arrancar, por ejemplo, sobre el nivel 2015-2019, que ya es conocido y serían unos US$ 60.000 millones", sostuvo, y agregó que "el tema es el nivel de cupón extra y desde qué año se paga".

Además, tras el el episodio fallido del Cupón PBI de los canjes de 2005 y 2010, que fue criticado por la manipulación de las estadísticas oficiales durante la última etapa del gobierno de Cristina Kirchner, la opción de atar un título a las exportaciones emerge como una opción más coherente con la capacidad de pago real.

El presidente Alberto Fernández anticipó que esta tarde iba a mantener un encuentro con Guzmán para analizar el "detalle final" de una nueva contraoferta a los bonistas.

"Hoy a la tarde quedamos con Martín que nos reunimos para ver el retoque final. Está claro que la Argentina debe encontrar un acuerdo y está claro que los acreedores no aceptaron nuestra oferta y Argentina la va a mejorar", dijo esta mañana a Radio 10.

Ayer se conoció que esta era una posibilidad que el Gobierno puso sobre la mesa de negociación con los bonistas, en medio de la puesta en práctica del nuevo acuerdo de confidencialidad que fue firmado por todos los grupos.

De hecho, varias fuentes reconocen que introducir la posibilidad de un instrumento que ajuste según las exportaciones va en línea con la capacidad de pago del país, por lo que encuentran coherencia en la decisión: más dólares ingresan por las ventas al exterior, mayor posibilidades de un pago mayor.

La primera fecha de vencimiento y la consecuente posibilidad de caer en default fue la del 22 de mayo pasado. Luego, se prorrogó dos veces más: hasta el 2 de junio y luego al 12 de junio.

La oferta inicial implicaba pagar 7,8% del PBI actual durante los próximos cuatro años solo en este tipo de deuda y hasta un 20,8% del PBI actual en los próximos 10 años, en deuda externa privada. En esa alternativa el Gobierno buscó una quita del 62% sobre los intereses y 5,4% sobre el capital, además de un periodo de gracia de tres 3 años (recién en 2023 se pagarían intereses). Esa quita del 62% implicaba un recorte de u$s37.900 millones en intereses y u$s3.600 millones en capital, un 11,8% del PBI actual, sumando el recorte de intereses y capital.

Pero la primera oferta fue rechazada por el 80% del total de los acreedores y el Poder Ejecutivo decidió dos extensiones en las negociaciones, con una nueva propuesta. Esa nueva oferta incluida quita de capital para algunos bonos de entre 12% al 7% (lo que implicaría una oferta de entre 47 y 48 centavos de dólar por cada dólar negociable), reducción de un año del plazo de gracia y adelantamiento del cronograma de pagos de varios bonos e inclusión de un bono que paga cupón a partir de 2022.

Al mismo tiempo, surgió una “reducción” de las pretensiones de los acreedores: pasaron de una oferta de unos 65-70 centavos a unos 54 centavos por cada dólar negociable. “La diferencia actual radicaría en siete centavos de dólar por cada dólar de deuda a reestructurar. En términos numéricos, la diferencia actual es aproximadamente de entre u$s4.500 y u$s8.000 millones”, recalcó el trabajo elaborado por el Módulo de Políticas Económicas, del Observatorio de Políticas Públicas de la Undav.