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POLITICA

17 de junio de 2020

Acreedores de Vicentin le pidieron que se declare inconstitucional el decreto de la intervención

Además solicitaron al Juez, medidas para la conservación de los bienes de la empresa.

La presentación fue realizada por Rodolfo Benavides y Horacio Federico Benavides, quienes reclamaron la declaración de inconstitucionalidad del DNU.

La justicia civil y comercial de Santa Fe, donde tramita el concurso de acreedores de la empresa Vicentin, admitió en el proceso al subinterventor Luciano Zarich, pero debe resolver un planteo de acreedores de la compañía que se presentaron ayer y reclamaron que se declare la inconstitucionalidad del decreto de necesidad y urgencia (DNU) del presidente Alberto Fernández que dispuso la intervención de la cerealera .

El juez en lo civil y comercial de Reconquista Fabián Lorenzini dictó una simple providencia procesal por la que se admite en el proceso al subinterventor designado. Sin embargo, fuentes de la justicia santafecina recordaron que ello no implica una valoración sobre la legalidad o ilegalidad de su tarea o sobre la constitucionalidad o no de su designación.

Justamente por este asunto, que es clave para continuidad de la gestión del interventor, se presentó ayer al cierre del horario de los tribunales un recurso de inconstitucionalidad del DNU de Fernández que dispuso la intervención.

La presentación fue realizada por Rodolfo Benavides y Horacio Federico Benavides, quienes reclamaron la declaración de inconstitucionalidad del DNU y pidieron medidas para la conservación de los bienes de la empresa.

Mas allá de la intervención decretada por el Gobierno, y mientras la empresa estudia qué otras medidas judiciales va a presentar contra esa medida, la firma sigue representada en el expediente concursal por el Estudio Alegría, cuyo mandato no fue revocado.

El DNU que dispone la intervención de Vicentin mereció una crítica unánime de abogados especialistas en empresas, que dijeron que la ley no permite este tipo de medidas y que se trata de una decisión ilegal e inconstitucional.

El Gobierno decretó la intervención como paso previo a elevar ala Congreso un proyecto de ley para disponer la expropiación de la firma para declararla de utilidad pública.

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