Ya con menos restricciones para circular y trabajar los funcionarios buscan ponerle coto al agujero fiscal al que se enfrenta el país este año, cercano al 7% del PBI según estimaciones privadas. 

La piedra angular de la ayuda social en este período es el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE). Se puso en marcha junto con la primera fase de la cuarentena, a fines de marzo. La radiografía de la pobreza que el gobierno tenía hasta ese momento estaba llena de baches. A tal punto que arrancaron estimando que el bono de $ 10.000 alcanzaría a 3,6 millones de personas y se encontraron con una demanda de 12 millones de argentinos. Al organizar el padrón quedaron adentro casi 9 millones de beneficiarios. Así, lo que en las planillas iba a ser una partida de $ 36.000 millones se transformó en pocos días en un gasto de $ 90.000 millones. Y eso solo fue la primera fase. Con la extensión de la cuarentena y ya con la pobreza escalando, el gobierno tuvo que sumar una segunda ronda. Para junio el gasto ya era de $ 180.000 millones.

A punto de terminar el primer semestre el pico del coronavirus en Argentina aún no aparece. El gobierno se enfrenta ahora a la definición de una tercera fase del IFE y la restricción presupuestaria empieza a hacer efecto. A diferencia de otros países de la región que también implementan paquetes de ayuda, Argentina no puede endeudarse para enfrentar la pandemia. Mientras Chile toma deuda al 2,5% anual y Paraguay al 5%, Argentina tiene los mercados cerrados y una única alternativa: la emisión monetaria. La maquinita del Banco Central volcó a la calle $ 250.000 millones por mes, una situación potencialmente explosiva en una economía que va por su tercer año seguido de inflación por encima del 40% anual.

Desde el gobierno prometen que cuando llegue la reactivación en el segundo semestre irán esterilizando los pesos que abundan en el mercado para bajar la presión sobre los precios y a la vez ajustarán el gasto público. Pero el pronóstico oficial de cerrar 2020 con un déficit primario del 3,1% parece ilusorio. Las consultoras privadas están llevando ese cálculo al 7% del PBI.

Lo que viene

"Aún no sabemos si habrá un nuevo pago del IFE. No hay ninguna precisión", indican desde Anses. Sin embargo, tanto desde esa repartición como desde otras vinculadas a la atención social admiten que cuando la cuarentena termine la pobreza habrá subido y que esto requerirá mantener algún tipo de asistencia al menos para los sectores más sumergidos.

De las 9 millones de personas que cobran IFE la mitad está en la economía informal y apenas 500.000 son monotributistas de las categorías A y B, las más bajas.

Con ese escenario, Anses avanza para que con IFE o sin IFE dejar armada la estructura para que quienes estaban fuera del radar del estado ahora sean incorporados a las estadísticas y así sea más fácil implementar otro tipo de ayuda en la fase que viene. Por eso empujan la bancarización de los beneficiarios que hasta ahora no tenían cuentas. El plan es que dentro de un mes todos tengan CBU.

Por lo que se sabe hasta ahora habría una tercera fase del IFE pero sería más acotada que la actual. En principio lo que se maneja es mantener la prestación en el AMBA, donde la cuarentena es más rígida, y acotarla en las provincias que tiene ya la actividad en marcha, al menos en las familias que no están golpeadas por la pobreza profunda. Pero aun no hay una decisión final. Tienen tiempo para resolverlo hasta fin de mes y utilizarán este período para evaluar cómo viene funcionando el IFE. Desde las oficinas públicas manejan datos claves: sostienen que la primera tanda del bono de $ 10.000 evitó que entre 2,7 y 4,5 millones de argentinos de clase media baja cayeran en al pobreza.

De este modo, lo que viene para la tercera fase del IFE sería en la misma tónica de lo que ya se resolvió para el programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP), la otra pata central de la ayuda en la emergencia.

Se trata del programa a través del cual el estado paga hasta el 50% de los sueldos del sector privado. Alcanza a 2 millones de trabajadores de 245.000 empresas. Y demanda $ 59.000  millones al mes. Ya hubo cubrió el pago de sueldos de abril y mayo. Y se confirmó que habrá una tercera, pero con cambios. Se achicarán los desembolsos públicos de modo que con el sueldo de junio el porcentaje del salario que solventa el estado sea menor al 50% que hubo en los meses previos. Y se buscará reemplazar esa ayuda por créditos blandos para las empresas que por la flexibilización de la cuarentena volvieron a producir y necesitan pagar cuentas atrasadas o invertir en insumos.

Además para reducir el costo, se dejó fuera a las empresas de más de 800 empleados que representan el 0,1% del total pero engloban al 12,7% de los trabajadores registrados.

Junto con esto viene la tercera pata en la que el gobierno pisó el freno. Pese a la demanda recurrente de las asociaciones empresarias, la administración de Alberto Fernández se plantó y anunció que no habrá ayudas para el pago de los aguinaldos, que deberían empezar a liquidarse la semana próxima. Desde el sector privado dicen que sin asistencia estatal la única alternativa es negociar el pago en cuotas. En las discusiones con el sector empresario, los sindicatos están más focalizados en mantener los puestos de trabajo que en negociar paritarias. Por lo pronto, el gobierno ya avanzó sobre el fraccionamiento de los aguinaldos públicos más altos sin que los gremios opusieran resistencia.