El Gobierno volvió a prorrogar por seis meses la suspensión de los cortes de servicios públicos, de luz, gas, agua, telefonía fija y móvil, Internet y televisión por cable, por falta de pago, según se publicó hoy a través de dos decretos en el Boletín Oficial.

A través del decreto 543/2020, el Gobierno prorrogó "el plazo establecido en el artículo 5° de la Ley N° 27.541 desde su vencimiento, y por un plazo adicional de ciento 180 días corridos. Es decir, se extendió por seis meses la reglamentación que faculta al Poder Ejecutivo "a mantener las tarifas de electricidad y gas natural bajo jurisdicción federal y a iniciar un proceso de renegociación de la revisión tarifaria integral vigente o iniciar una revisión de carácter extraordinario".
Por otro lado, en el artículo 2 del decreto estableció que las empresas prestadoras de los servicios de energía eléctrica, gas por redes y agua corriente, telefonía fija o móvil e Internet y TV por cable, por vínculo radioeléctrico o satelital, "no podrán disponer la suspensión o el corte de los respectivos servicios", en caso de mora o falta de pago de hasta seis facturas consecutivas". Según se detalla, la medida rige para los vencimientos desde el 1° de marzo de 2020.

Cabe destacar que el decreto 311/2020 del 24 de marzo de 2020, prohibía la suspensión o el corte, en caso de falta de pago de hasta 3 facturas consecutivas. A partir de hoy podrán llegar hasta seis las facturas sin abonar. La medida rige para los mismos usuarios del anterior decreto, población de bajos ingresos y electrodependiente, pymes y instituciones de salud afectadas por la pandemia y entidades de bien público.

Además, según establece el decreto 544/2020, se decidió ampliar el período por el que no se podrán cerrar las cuentas bancarias, inhabilitarlas o multar a las personas. De esta misma forma, tampoco podrán negarles créditos a quienes tengan deudas, en concepto de aportes y/o contribuciones. Tal como sostienen, "es necesario impulsar" este tipo de ayudas ante la difícil situación que atraviesa el país.

"La situación económica producida por la pandemia a nivel mundial hace prever que el rechazo de cheques por falta de fondos habrá de incrementarse por efecto de esa situación y no necesariamente por un inadecuado uso del instrumento por parte de los libradores", contempla el documento.

Según explica, esta medida se toma para evitar que se genere un daño aún mayor en la economía. "La aplicación de las multas previstas para el caso de rechazo de cheques no solo no cumpliría su finalidad, sino que agravaría la situación de sujetos ya afectados por la coyuntura económica", señala. Y agrega: "El cierre de la cuenta e inhabilitación privaría a los agentes económicos afectados de un elemento esencial para poder desarrollar sus actividades, perjudicando la posibilidad de realizar y recibir pagos, con el consecuente daño al conjunto de la economía".