Alberto Fernández archiva nomentàneamente el proyecto de expropiación y ancló el destino de Vicentin y sus 2.638 acreedores al plan de "intervención" que cinceló en medio de una crisis política el gobernador de Santa Fe, el peronista Omar Perotti.

El modelo Perotti busca, con otro formato y otros tiempos, lo mismo que el primer movimiento de Fernández: rescatar la compañía, evitar su desguace y quitarle el control a los actuales dueños que, coinciden en Olivos y en Santa Fe, son responsables del derrumbe de la firma.

El presidente sale, a través del atajo que construyó Perotti, de una encerrona: pone en suspenso la expropiación, que Fernández siempre consideró antipática y un último recurso, y apuesta a la intervención. Pero el presidente avisó que si fracasa el modelo Perotti, volverá la opción de la expropiación.

Para reforzar esa línea, Fernández recibió este domingo al mediodía, en Olivos, a Gabriel Delgado, el interventor designado por el Gobierno que el juez redujo a "veedor" pero que la IGJ de Santa Fe propone al frente de la intervención, a la vez que suma una butaca para un delegado provincial.

Delgado, a través de allegados, dio una pista: habló de alternativas, evitó la palabra expropiación y apuntó que el propósito es "preservar a los productores y las fuentes de trabajo".

Con el banderazo del sábado como incómoda música de fondo, el plan Perotti debe todavía superar un escollo importante: la propuesta de "intervención concursal" -sin expropiación-, que presentó a través de la Inspección General de Justicia (IGJ) de Santa Fe, debe ser aceptada por el juez de la quiebra Fabián Lorenzini.

El viernes, en un fallo controversial, Lorenzini rechazó la intervención dispuesta mediante un DNU presidencial y devolvió el control de la firma a la familia.

Hay una microhistoria detrás: 48 horas antes, hubo consultas entre funcionarios santafesinos con el magistrado, el jueves la IGJ aceleró su pedido de intervención y cuando lo iba a presentar, el viernes, se sorprendió con la resolución del juez.

"Cuando sabía que se venía la presentación de la provincia, apuró su fallo" dijo una fuente de Santa Fe involucrada en el detalle fino del caso Vicentin. "Fue un gesto a favor de los dueños", agregó.

El sábado, por la radio El Destape, Fernández sostuvo que Lorenzini falló "en función del microclima de la zona" más que "a derecho".

Perotti entiende que, por la urgencia, el juez no puede dilatar su fallo y se prepara, incluso, para un posible revés, al punto que calcula tener que seguir el espadeo judicial en la instancia superior de ser necesario. 

Aparece otro elemento:. Fernández dijo que el proyecto de expropiación, que puso en stand by la semana pasada y volverá a escena si fracasa el plan Perotti.

En Santa Fe entienden que será un factor determinante. "Si el juez rechaza la intervención de la IGJ, será responsable de que vuelva el proyecto de Expropiación", dicen en la provincia.

Es un puzzle de intereses. En Gobierno creen que el juez dictaminó no solo como gesto al clan Vicentin-Nardelli sino también para evitar ser un blanco en la protesta del sábado.

A los actores los tomó por sorpresa, porque la intervención vía IGJ fue sondeada con empresas, cooperativas y acreedores que la ven con buenos ojos, al menos como opción a la expropiación.

De fondo, late otro problema: la cuestión penal que pesa sobre los dueños, la investigación iniciada por bancos extranjeros por presunto lavado y la pesquisa sobre triangulación a partir de un entramado de filiales "espejo" en el extranjero.

El interrogante está ahí: qué pasará en términos judiciales con los dueños que quebraron la firma y luego pidieron auxilio del Estado. Parece haber, en ese renglón, empatía entre Fernández y Perotti sobre la responsabilidad, y no solo empresarial, de los Vicentin-Nardelli.