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POLITICA

30 de enero de 2015

El Ejecutivo convocó a sesiones extraordinarias para tratar la creación de la Agencia Federal de Inteligencia

La presidente Cristina Kirchner presentó el proyecto en la última cadena nacional, tras la muerte del fiscal Alberto Nisman, y anunció la disolución de la Secretaría de Inteligencia.

El Gobierno oficializó hoy la convocatoria a sesiones extraordinarias del Congreso desde el 1 al 28 de febrero para tratar, entre otros temas, la creación de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI).

La medida, anunciada el lunes pasado por la presidente Cristina Fernández de Kirchner durante la cadena nacional, fue adoptada a través del decreto 137/2015, publicado hoy en el Boletín Oficial con las firmas de la mandataria y del jefe de Gabinete de Ministros, Jorge Capitanich.

"Convócase al Honorable Congreso de la Nación a sesiones extraordinarias desde el 1° hasta el 28 de febrero de 2015", ordena la disposición en su artículo 1°.

El temario de la convocatoria del Poder Ejecutivo abarca la consideración de "acuerdos para designaciones y promociones" así como de "tratados, convenios y acuerdos Internacionales", y la creación de la Agencia Federal de Inteligencia tras la disolución de la ex SIDE.

Según lo adelantado el lunes por la Presidente, la AFI tendrá un director y un subdirector que, si bien serán designados por el Ejecutivo, deberán pasar por la aprobación del Senado.

Otro punto de saliente del proyecto es la transferencia del sistema de escuchas telefónicas a la órbita de la Procuración General de la Nación.

Una vez creada por el Parlamento, la Agencia Federal de Inteligencia trabajará en un ámbito concreto de defensa frente a ataques externos o frente a delitos complejos por su globalización, como la trata de personas, el narcotráfico, el ciberdelito, o los delitos económicos.

En tanto, las actividades de inteligencia interna solo quedarán limitadas a la investigación en materia de delitos federales complejos, inteligencia criminal o atentados contra el orden institucional o constitucional que prevé el artículo 36 de la Constitución nacional.

En la iniciativa se establece un plazo no prorrogable, que no podrá ser mayor a 90 días, para que la norma entre en vigencia.


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