En Salta la noticia provocó el escándalo y el desbande en medio de acusaciones y desmentidas que hasta el momento dejan un final abierto y con consecuencias insospechadas en el entorno partidario salteño. Decenas de concejales de distintos partidos que corresponden a más de la mitad de los municipios salteños, gestionaron y hasta habrían llegado a cobrar el ingreso familiar de emergencia (IFE) que el Gobierno nacional destinó a las personas en grave situación económica como consecuencia de la pandemia.

La información salió a la luz a partir del cruce de datos entre los números de documentos de los beneficiarios y el registro de Anses. La investigación se dio a conocer el listado de los ediles que habrían gestionaron la ayuda, pese a que expresamente la clase política había sido exceptuada.

No obstante, el listado deja ver que algunos trámites fueron rechazados, aunque en otros, el sistema advierte que el pago del segundo aporte “está listo para hacerse efectivo al beneficiario”.

En la línea de investigación periodística se señala también que en muchos casos los sueldos de los ediles no estarían registrados y, por lo tanto, los sistemas de AFIP y Anses no detectaron ninguna irregularidad al momento de aprobar la ayuda. Sea como fuere, el escándalo se sostiene en la acción consciente y voluntaria de los concejales que intentaron acceder al beneficio (10 mil pesos) aún sabiendo que no les correspondía. 

El bochorno no tardó en difundirse a través de las redes sociales y rápidamente llegó a los involucrados que argumentaron todo tipo de excusas. Algunos admitieron la gestión de la ayuda, otros dijeron que gestionaron para un tercero, en algunos casos desconocieron la gestión y anticiparon acciones penales y hasta hubo quienes aseguraron que lo hicieron “para probar el sistema”.

El escándalo, en magnitud, resulta la secuela del caso que también conmovió e indignó a la opinión pública con el concejal de Guachipas que a la vista de todos los vecinos fue a cobrar y recibió la ayuda. 

Pertenecen a distintos partidos políticos y ocupan bancas en 32 de los 60 municipios. Entre ellos, figuran un diputado y hasta un intendente. 

El volumen de estas irregularidades podría decantar en una sospecha generalizada y en un verdadero escándalo nacional. El Tribuno, a través de su red de corresponsalías, investigó el impacto y los argumentos de los involucrados que hasta el momento suman 52 ediles de 32 municipios.

Varios concejales del departamento San Martín quedaron en el ojo de esta tormenta y señalados con cobro efectivo de la ayuda. Ellos son Juan Carlos Dávila y Raquel Egüez, ambos pertenecientes al oficialismo de la localidad de Embarcación. También el edil de General Ballivián Raúl Correa, del Partido de la Victoria.

Quienes tuvieron menos suerte, ya que el trámite les fue rechazado, serían los concejales de Salvador Mazza Claudia Subelza (comerciante de frontera), María Valdiviezo (planta permanente) y el docente de educación física de la bancada opositora Raúl Arroyo. 

Piden explicaciones en el CD 

Mauricio Makar, presidente del Concejo de Embarcación, consultado por la situación de los dos ediles explicó: “Apenas tomé conocimiento del tema, los llamé a ambos y me dijeron que van a demostrar que no se inscribieron y que tampoco cobraron el IFE”.

“En el caso de la concejal, me dijo que su abogado pedirá una retractación. Todos los que vivimos aquí esperamos esa aclaración porque si así fuera sería una situación muy delicada”, consideró Makar.