Los datos no son desconocidos por completo, pero puestos todos juntos sirven para mostrar el enorme impacto de la pandemia, de la cuarentena interminable o de ambas cosas en la estructura laboral. Y como no se trata de interpretaciones sino de datos bien concretos, el paquete lleva incorporada la ventaja adicional de correr el foco de las opciones extremas o de las falsas opciones, del tipo economía versus vida, que acostumbra pregonar el poder político.

Las cifras surgen de encuestas e informes del Ministerio de Trabajo y hablan sobre la muy precaria situación de un millón largo de personas. Una primera tanda cuenta, entre otras cosas:

Hacia fines de mayo, cuando llevaba poco más de 60 días y no los 150 de hoy, el aislamiento obligatorio ya había generado 740.000 suspensiones. Esto es, trabajadores que perciben una parte de sus sueldos, aproximadamente la mitad, ocupados en empresas sacudidas por la crisis económica y enfrentados al riesgo de quedarse en la calle. Ajuste, al fin.

Entre las 3.500 compañías que habitualmente releva el Ministerio, el porcentaje de las que han aplicado suspensiones saltó del 5% de marzo al 18% en junio; nada menos que 13 puntos porcentuales en apenas tres meses y un registro que, según el informe, más que duplica a los valores históricos.

En junio, nuevamente, el 36% de las empresas afirmó "estar operando como siempre"; supongamos, igual que antes de la cuarentena. Observado por el revés, el resultado sería que un 64% de las firmas anda a media máquina o ni siquiera a media máquina.

Vale al menos una precisión metodológica que levanta el voltaje del fenómeno, antes de pasar al mundo de quienes directamente han perdido sus trabajos. Advierte que el sondeo se limita a empresas privadas registradas, en blanco, que ocupan a más de 10 personas, o sea, que deja afuera un universo grande de pequeñas unidades y de trabajadores que operan en negro. Traducido: el 40% de la economía queda afuera del conteo.

El impacto de la pandemia​
Ahora, el impacto del Covid-19 y del modo como lo enfrenta el Gobierno visto a través de los puestos de Entre fines de febrero y fines de mayo, se cayeron del mapa 388.000 empleos. Eso significa el 95% de los 409.000 puestos totales que se perdieron desde mayo del año pasado o, si se prefiere, muestra que el derrumbe laboral de todo el año se produjo en sólo tres meses.

El grueso de las ocupaciones borradas corresponde a actividades del sector privado y de ellas, la gran mayoría se concentró en la construcción; en hoteles y restaurantes; en la industria y en el comercio. Una evidencia a prueba de desmentidas del parate económico y de las limitaciones a la movilidad de las personas.

La excepción, por cierto notable ante semejante panorama, fue el crecimiento del empleo público: 24.000 incorporaciones en plena pandemia, según los datos oficiales.

Hasta aquí o más precisamente hasta junio, las cuentas cantan arriba de un millón de personas sacudidas por el coronavirus y sus derivaciones, entre trabajadores suspendidos y trabajadores que directamente se quedaron sin empleo. Los números oficiales dicen 1.128.000.

Son muchísimos más, cuando se agregan los efectos que de ahí bajan hacia quienes deben circular por la frontera del mercado laboral, aquellos que desempeñan tareas temporarias, changas o lo que pinte para sobrevivir. Encima sin acceso al transporte público, allí tendríamos alrededor de 650.000 personas y, de seguido, un total-total que se acerca a los 2 millones.

Es cierto que un territorio minado por años de estancamiento, de desajustes sin fin y de atrasos ya estructurales potenció el impacto económico y social del Covid-19, pero así son las cosas: toca lo que toca y a veces solo queda meterle para adelante. Y si el panorama luce feo, es porque es efectivamente feo.

Derrumbe del PBI
Las proyecciones privadas dicen que este año el PBI caería alrededor del 13% y que el próximo apenas crecería un 5%​, o sea, no llegaría a recuperar ni la mitad del campo perdido. El retroceso será tan grande que, según pronósticos de la Fundación Capital, en 2021 la economía habría quedado al nivel de 2007 o al de 2005, si la medida es el PBI por habitante.

Con el de 2021 acumularemos 7 bajones en diez años o 16 de los 37 que lleva el retorno de la democracia. Ubicados ahora en el subsuelo del subsuelo y con todas las variables desacomodadas, resulta difícil imaginar alguna mejora inmediata en el cuadro laboral; una que sea realmente perceptible y que pueda ser llamada mejora.

Por de pronto, algunas consultoras ya descuentan que 2021 terminará con una tasa de desempleo del orden del 15,5%. Y como el primer trimestre había dado 10,4%, un ejercicio simple dice aumento del 50% a partir de la cuarentena.

Una encuesta hecha este mes por el estudio Sel Consultores anticipa un horizonte cuanto menos brumoso: la mitad de las empresas ignora cuándo volverá a generar nuevos puestos de trabajo y dos de cada diez espera que eso ocurra recién para 2022. Un detalle: el relevamiento abarcó a un grupo de 150 compañías líderes.

Nada de fondo cambia, tampoco, el hecho de que en julio la inflación hubiese retrocedido al 1,9%. Al contrario, es un registro altísimo para un país con cepo cambiario, precios máximos y tarifas congeladas, con el consumo por el piso y el salario real hundido.

¿Y qué cuentan los índices anuales del vecindario? Cuentan 1,1% en Paraguay; 1,8% en Perú; 2,3% en Brasil y 2,5% en Chile y cuentan, así, que la Argentina tiene en un mes la inflación que países comparables al nuestro tardan doce meses en tener.

Un 42,4% anota la estadística anual del INDEC; si se prefiere, 5 puntos porcentuales por encima de la suba del salario promedio que informa el Ministerio de Trabajo. Otra rareza o ninguna rareza, al fin, de la Argentina en recesión permanente: entre 2018 y 2020, los sueldos acumularían una pérdida contra la inflación cercana a los 27 puntos.

Hoy medio apagado, a la espera de que la pandemia pase, ahí tenemos un foco de presión y, podría añadirse, un foco de presión inflacionaria.

Está claro, en cualquier caso, que la crisis económica y social del 2020 expresa la suma de unas cuantas crisis. Y clarísimo que hoy la palabra crisis va pegada a la palabra cuarentena y que no hay manera de despegarlas, por mucho empeño que Alberto Fernández ponga en el emprendimiento.

Pregunta: ¿habrá alguien que le llame aislamiento social preventivo y obligatorio a un proceso que ahora se extenderá hasta el 30 de agosto? Tan difícil como aspirar a que deje de llamársele cuarentena al período que seguirá después del 30 de agosto.

Acá y en la China, las crisis son crisis con independencia del nombre que se les ponga. Y normalmente se las enfrenta con políticas articuladas en varios frentes, con objetivos precisos y públicos y conducidas por alguien que centralice y tenga el mapa completo en la cabeza. Frío, frío.

El paquete de subsidios sociales puede ser imprescindible para sostener a los sectores vulnerables y lo es, en verdad, pero no es un plan por muy grande que sea. Y en el afán afanoso por sacarle provecho político, el kirchnerismo evita decir que lo banca el Estado, o sea, todos.

En un mientras tanto que ya lleva un mes desde el anuncio de Alberto Fernández, el Gobierno sigue cocinando las famosas 60 medidas. Y si la idea es aplicarlas después de la pandemia como se dice, el único dato disponible sobre cuándo podría llegar ese momento se llama vacuna. Puesto en tiempo, se llama primer trimestre del año próximo.