La reforma judicial impulsada por el Gobierno que apunta a censurar a los medios y permite denunciarlos cuando los jueces se crean "presionados", una valoración subjetiva que no tiene antecedentes. Tal como lo había solicitado en el Senado el presidente de la comisión de Justicia y Asuntos Penales, Oscar Parrilli, la reforma judicial hace referencia a los "poderes mediáticos" y obliga a los jueces a denunciar estas "presiones". 

En el inciso “e” del artículo 72 del proyecto se indicaba entre los deberes de los magistrados “comunicar en forma inmediata al Consejo de la Magistratura de la Nación cualquier intento de influencia en sus decisiones por parte de poderes políticos o económicos”. Y durante el debate, Parrilli sugirió sumar también a “los poderes mediáticos” y así ocurrió.

En el dictamen que se conoció anoche reza el siguiente texto: “Comunicar en forma inmediata al Consejo de la Magistratura de la Nación cualquier intento de influencia en sus decisiones por parte de poderes políticos, económicos o mediáticos”.

En las reuniones de comisión, Parrilli había señalado: “Hay que hablar de los poderes mediáticos, porque hemos visto en los últimos años cómo periodistas denostaban, e incluso alentaban a salir a escrachar, denigrar, desprestigiar, a distintos funcionarios judiciales porque no hacían lo que ese medio pretendía con determinadas causas".

"Por eso creo que aquí debemos agregar explícitamente el término ‘mediático’, porque creo que así ha ocurrido por lo menos en el último tiempo”, agregó en las reuniones de comisiones el senador neuquino.

El texto es un calco de los discursos escuchados desde 2007 en adelante. Habla de "poderes mediáticos", presiones y otras valoraciones subjetivas que dejarían a la libre interpretación para denunciar e incluso la posibilidad de que haya censura.