La Legislatura bonaerense avanza con un proyecto para mantener hasta fin de año la suspensión de los desalojos judiciales pero deja afuera de esa restricción a las tomas de terrenos como las que se registran casi a diario en el Gran Buenos Aires. Es decir: un juez no podrá sacar de una propiedad a un inquilino que dejó de pagar. Pero sí podrá ordenar un “desplazamiento” de ocupantes que se instalaron en predios privados en algún momento de la cuarentena.

La Cámara de Diputados provincial aprobó una iniciativa que, en rigor, es una prórroga de la Ley 15.172 impulsada en el arranque de la pandemia por coronavirus. Votada en marzo como parte de las situaciones de emergencia, fijaba un límite claro a la posibilidad de dejar sin techo a personas afectadas por la parálisis del país y que no pudieran afrontar alquileres, cuotas hipotecarias o de créditos UVA.

Pero en las últimas semanas la norma se cargó de un componente político diferente. Organizaciones sociales y sectores que reclaman soluciones habitacionales para sectores desprotegidos se apoyaban en esa disposición para evitar los desalojos de predios tomados en zonas periféricas del conurbano.

Incluso, desde el sector de Juntos por el Cambio que apoyó esa idea en la etapa de aislamiento incipiente, cargó contra la iniciativa para imputar al gobierno provincial una supuesta inclinación a favorecer las ocupaciones. Esa postura de la oposición tenía otros fundamentos. El Gobierno manifestó posiciones contrapuestas sobre el abordaje del problema de las propiedades enajenadas por la fuerza.

Por caso, la ministra Sabrina Frederic, consideró que “no es un tema de seguridad, es de déficit habitacional y una presión por el mercado de tierras que evidentemente hay que paliarlo con soluciones que se anticipen”. Su colega de Provincia, Sergio Berni, cruzó esta postura: “El derecho a la libertad, la vida y a la propiedad privada no se negocia, ni siquiera se ponen en duda”, dijo el funcionario de Axel Kicillof. Y además recordó que esas acciones son un delito y lo graficó: “El que pone un pie en un terreno que tiene dueño, va preso”. En paralelo, por redes sociales, Berni informó que desde que comenzó el año la Policía hizo 868 desalojos y detuvo a 564 personas involucradas en ese delito.

En el parlamento retumbó la polémica y hace dos semanas el diputado Daniel Lipovetzky presentó un proyecto para “aclarar” la ley anti desalojos. Otro legislador de Cambiemos, Alex Campbell intentó ir más lejos: propuso quitar beneficios sociales a quienes participen de estos actos. Ambas ingresaron para ser tratadas sobre tablas y la mayoría del Frente de Todos lo impidió.

Ahora, las bancadas mayoritarias acordaron esta modificación. “Existía la necesidad de precisar el alcance de la ley y que la suspensión de ejecuciones sean sólo para situaciones muy particulares, como el caso de personas afectadas con créditos hipotecarios o créditos UVA. Este artículo precisa que quedan excluidas todas las usurpaciones y también las tomas colectivas de terrenos. Queda claro: los jueces tienen las herramientas necesarias para producir los desalojos ante la una situación de usurpación ilegal", explicó a Clarín el diputado Lipovetsky.

Hubo aval del Frente de Todos y la normativa se votó casi por unanimidad. Sólo el bloque del FIT (izquierda) no levantó la mano para dar su aprobación. Pasará al Senado que la trataría el 10 de octubre.

El “allanamiento para desplazamiento” como se conoce en lenguaje jurídico a la desocupación obligada de los inmuebles usurpados tiene su propio protocolo. Es un instructivo que dictó la Suprema Corte de Justicia bonaerense a mediados de 2019. Incluye por lo menos, seis procedimientos obligatorios para los fiscales y jueces antes de restituir un bien inmueble a aquellos propietarios damnificados, incluido el Estado.

Este lineamiento de la Corte, más la suspensión votada en marzo (y que vence el 30 de septiembre) ponía a la Justicia en una virtual parálisis al momento de actuar ante los episodios que –según datos del ministerio de Seguridad- se repiten en promedio seis veces por semana en el GBA. La única manera de ejecutar una acción de desalojo era si la fuerza policial o un fiscal detectada el ilícito en flagrancia.

No obstante, el expediente sobre uno de los casos emblemáticos de usurpación logró avanzar en Tribunales. Y la Justicia puso fecha al desalojo: se trata del predio ubicado en el barrio Numancia/San Martín, de Guernica, en el sur del conurbano. Allí hay casi 2.500 personas asentadas y el juez Martín Rizzo dispuso que entre el 23 y el 25 de septiembre se disponga el “allanamiento para el desplazamiento”. El fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta podrá usar la fuerza pública para el operativo, pero deberá hacerlo "tratando de causar el menor daño posible".

Son poco más de 100 hectáreas que comenzaron a “lotearse” el 24 de julio. Según dicen en el municipio de Presidente Perón –al que pertenece Guernica- “trajeron familias de otros distritos”. En la comuna creen que hubo logística y organización para apoyar el “desembarco” en ese sitio descampado y que pertenece a una empresa.

Otro expediente que instruye Condomí Alcorta determinó que se vendían parcelas por entre 30 mil y 50 mil pesos. Y dispuso la detención de dos personas que formarían parte de una organización dedicada a estafar a personas desesperadas por obtener un pedazo de tierra para vivir.