La Oficina Anticorrupción, el organismo encargado de combatir los delitos y promover la transparencia, dejará de ser querellante en las causas judiciales donde se investigan hechos de corrupción. La decisión beneficia indirectamente a muchos de los ex funcionarios que son enjuiciados, entre ellos la actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. 

El argumento para desistir de ese rol es la falta de recursos y de personal. En los hechos es un virtual vaciamiento de la OA. "Así, habrá de disponerse el desistimiento del rol de querellante en los procesos penales en los que se interviene en tal carácter", dispone el titular del organismo Félix Croux en una resolución firmada ayer. El retito de los abogados de la la OA será inmediato: en los juicios que están en debate oral, solo se quedarán hasta que se presente la prueba. A la hora de alegar, ya no estarán. Menos para pedir condenas. "Para contribuir al orden de la litis, en aquellos que transitan la etapa de audiencia oral de juicio, se dará cumplimiento a lo aquí dispuesto cuando culmine la recepción de la prueba propuesta por la representación de esta Oficina", ordena Croux.

De esa manera, no habrá más participación de la OA para impulsar algunas de las causas más calientes, como la llamada "obra pública", que está en proceso, o la de los cuadernos. Esa oficina ya había desistido de seguir como querellante en las causas "Los Sauces" y "Hotesur". 

Desde la OA le dejan la responsabilidad de acusar al Ministerio Público Fiscal, a quien consideran como "legitimo representante" de los intereses del Estado. Además, habrá una reorganización del persona. "En tanto en todas ellas el interés social se encuentra garantizado con la actuación de la fiscalía (art. 120 de la CN y ley 27.148), pónganse a disposición del Ministerio Público Fiscal de la Nación los antecedentes obrantes en esta Oficina relativos a esos procesos. Por último, corresponde encomendar a la Dirección Nacional de Asuntos Estratégicos que, en consulta con las demás dependencias de la Oficina, se revisen los protocolos de actuación administrativa interna del organismo y, asimismo, eleve dentro de los treinta días de dictada la presente, una propuesta de reasignación del personal conforme a los objetivos de la gestión", termina la resolución.

Vaciamiento

Los argumentos para justificar esa decisión tienen que ver con el vaciamiento de la OA que el propio presidente del organismo parece avalar, pues no cuestiona al Ministerio de Justicia sino que comprende la falta de refuerzos. Entre otras cosas, aseguran que no tienen el personal suficiente. 

"Se determinó que la dotación indicativa de la Oficina Anticorrupción para el efectivo cumplimiento de las funciones que le fueron encomendadas debiera ser de 138 agentes. La actual gestión asumió la conducción del organismo con una dotación alrededor de un 30% inferior que la que fue indicada en aquél análisis", expresan. "La OA sufrió una merma de 42 bajas, y durante el mismo período sólo se produjeron 19 incorporaciones. A esas bajas se suma la situación generada por la promoción, durante la actual gestión, de cuatro agentes pertenecientes a la planta del organismo a cargos de Alta Dirección Pública de la estructura organizativa", agrega el titular del organismo.