Con la adhesión de aproximadamente 280 padres y madres de alumnos de escuelas públicas y privadas se presentó una nota al Gobernador solicitando que se tomen las medidas pertinentes para garantizar la reapertura de las escuelas, con las adecuaciones que resulten necesarias, en el ciclo lectivo 2021, emitiendo para ello en tiempo útil, con intervención de las áreas competentes (educación, salud, trabajo, transporte, etcétera) las leyes, decretos, instrucciones operativas, protocolos y demás normas que resulten pertinentes.

Reconociendo la gravedad de la emergencia y la dificultad de tomar decisiones con certeza a su respecto, la presentación destaca el carácter esencial del servicio educativo y la obligación constitucional de priorizar el interés de niños y adolescentes.
 
Se hace hincapié en que la escuela cumple un rol que excede el de la trasmisión de contenidos pedagógicos, siendo un agente de igualación y contención social. Se adjunta en ese sentido una publicación de la Sociedad Argentina de Pediatría que alerta sobre problemas emocionales y socioafectivos derivados del cierre de las escuelas, y advierte sobre los múltiples roles cumplidos por éstas en la detección temprana de problemas de salud, violencia intrafamiliar y otras cuestiones.

Los padres resaltan que transcurridos ocho meses desde el comienzo de la emergencia no se ha conocido que el Estado Provincial haya avanzado en el diseño de estrategias para el regreso a clases, y tampoco se conoce ningún diagnóstico que se haya realizado para chequear la efectividad de la educación remota utilizada como única alternativa y detectar sus eventuales efectos adversos.

Solicitan, por ello, que los cuatro meses que quedan hasta el inicio del ciclo lectivo se utilicen para asegurar la posibilidad de iniciar las clases, disponiendo todas las adecuaciones y definiendo las modalidades que sean necesarias para preservar la salud de docentes, personal y de los propios niños.

La nota aborda también la situación de las instituciones de educación privada, indicando que en su caso no sólo se halla en juego el derecho a la educación de los alumnos sino también los de enseñar, trabajar y ejercer industria lícita. En caso de producirse el quebranto de las instituciones privadas – destaca - el problema será más grave, porque la matrícula insatisfecha recargará la presión sobre el sistema de gestión estatal.

El reclamo cierra con un capítulo en el que se explica que la nota va dirigida al Gobernador, y no al COE, por cuanto son el Gobernador y la Legislatura quienes tienen las atribuciones y responsabilidades en la materia, cuya delegación está expresamente prohibida por la Constitución.

Se presentaran copia del reclamo a las Cámaras de Diputados y Senadores, y durante las próximas semanas se realizará una campaña para sumar más adhesiones al pedido.