Entre los proyectos que han sido postergados se encuentra la construcción de dos plataformas para sus operaciones marítimas, embarcaciones de apoyo y otros dirigidos al transporte a tierra del petróleo y gas extraídos en alta mar.

Asimismo, ha sido paralizada la construcción de la segunda fase de la refinería Abreu y Lima, concluida en alrededor del 90%, y de otras unidades de refinación programadas por Petrobras, una empresa que por sí sola responde por casi el 12% del Producto Interior Bruto (PIB) brasileño.

La compañía es objeto de una investigación policial sobre una red de corrupción que, según se sospecha, opera desde mediados de la década de 1990 y desvió una suma aún no precisada, pero calculada en miles de millones de dólares.

En el marco de la investigación, que se desarrolla bajo estricto secreto judicial, la Policía ya ha detenido a varios ex directores de Petrobras y también a empresarios que, de acuerdo a las autoridades, integraban la red de corrupción.

De acuerdo a las autoridades policiales, los empresarios prestaban servicios a Petrobras pero "inflaban" los precios de los contratos y se repartían parte de esa diferencia con directores de la firma hidrocarburífera. Mientras que el resto del dinero se distribuía entre decenas de políticos que amparaban esta movida.

La Fiscalía General, que actúa como parte acusadora, ha anunciado que en las próximas semanas solicitará formalmente la apertura de un juicio penal, con lo cual denunciará a los políticos implicados en el caso, cuyos nombres aún se desconocen.

Según adelantó la prensa local, que cita fuentes vinculadas a la investigación, la Fiscalía imputará a "decenas" de políticos y parlamentarios, que en su mayoría serían de la base que apoya a la presidenta brasileña, Dilma Rousseff.