Veintiún provincias se comprometieron este viernes a no subir impuestos con la firma de un nuevo Pacto Fiscal con el gobierno de Alberto Fernández, aunque esto también las habilita a no reducir tributos distorsivos como Ingresos Brutos y Sellos y contar con dinero extra en 2021, el año en el que se juega la renovación legislativa.

Para las empresas, las encargadas de generar empleos de calidad, es una buena noticia por un lado, pero muy mala por el otro. Como Nación no tiene pensado reducir impuestos al menos el año que viene, la presión tributaria continuará en torno al 42% promedio, de las más altas del mundo.

Con la firma del consenso los gobernadores contarán en 2021 con unos 70.000 millones de pesos más en total para gastar, según calculó el Gobierno. Oficialistas, aliados y tres de los cuatro opositores firmaron el acuerdo. El único ausente: el porteño Horacio Rodríguez Larreta.

La Ciudad de Buenos Aires, no obstante, adherirá a pesar de no haber firmado al esquema previsto en el nuevo Pacto Fiscal, según hicieron trascender desde la gestión porteña.

La situación de fortísima tensión entre la Casa Rosada y la Capital Federal sobrevoló todo el acto que se hizo en el Museo del Bicentenario. Fernández y sus ministros de Economía, Martín Guzmán, y de Interior, Eduardo de Pedro aprovecharon para criticar a Rodríguez Larreta.

El oficialista tucumano Juan Manzur pidió el micrófono arengó a los gobernadores a unirse detrás del Presidente en su pelea con la Ciudad. Los peronistas aplaudieron, los aliados sólo miraron y los opositores se vieron incómodos.

Tras firmar el acuerdo, el sanjuanino Sergio Uñac y el neuquino Omar Gutiérrez dialogaron con la prensa. Destacaron el consenso logrado con todas las provincias para el nuevo Pacto Fiscal. Y lamentaron que no estuviera Rodríguez Larreta.

No obstante, el acuerdo firmado incluye una señal contra el porteño, a quien muchos peronistas y el propio Gobierno identifican como el aspirante presidencial natural de Juntos por el Cambio para 2023.

En el pacto, dijo Guzmán, hay un “reconocimiento de que la coparticipación no es el vehículo de recursos para transferir servicios, competencias y funciones de la Nación a los distritos”. Esto refiere a la decisión de Mauricio Macri en 2016 de transferir la Policía a la Ciudad con recursos excedentes.

Mendoza estuvo representada por el gobernador Rodolfo Suárez, a quien se lo vio hablando intensamente con su par chaqueño, Jorge Capitanich, quien impulsa la iniciativa para un nuevo régimen de promoción industrial para las diez provincias del norte.

Otras provincias como Santa Cruz y Santa Fe estuvieron representadas por vicegobernadores. Y por Córdoba estuvo Manuel Calvo. El radical jujeño Gerardo Morales firmó el Pacto antes y se fue, porque tenía “razones de agenda” que atender.

En las caras de los mandatarios había cierto alivio. Uñac, Manzur y Gutiérrez coincidieron en que si la vacuna contra el Covd-19 llega rápido, pronto se verá que lo peor quedó atrás. Todos necesitan reactivación, más empleo y recaudación. El 2021 será un intenso año electoral. Hay que renovar parcialmente el Congreso, mientras que Corrientes y Santiago del Estero eligen gobernadores.

En el discurso central, Fernández les pidió “trabajar unidos”, porque “el país lo reclama”. Reconoció, claro, que hay diferencias políticas y distintas pertenencias partidarias, pero reclamó “pensar en la gente”.

El pacto que tejió a lo largo del año el cristinista De Pedro establece también la imposibilidad de las jurisdicciones de presentar recursos judiciales y determina la suspensión de los que estén en curso en materia de recursos coparticipables ante la Corte Suprema.

Así, Nación se libera el frente judicial y reduce las posibilidades a la Corte de aplicarle un correctivo. Además, esto hace que el 42% de los recursos de la recaudación total que no se coparticipan y quedan en la Casa Rosada para repartir se coticen de otra manera.

“De lo que estamos hablando hoy es de cómo encarar el futuro juntos, ya no por el espanto que un virus nos genera, sino por la oportunidad que tenemos de construir nuestro propio destino. Tenemos una oportunidad única, ahora depende de nosotros”, dijo Fernández.

Esto le dio un cierre definitivo al Pacto Fiscal impulsado por el macrismo en 2017, que buscaba la reducción de la carga impositiva. Eso explica que este viernes La Pampa y San Luis no hayan rubricado el documento, aunque dieron su apoyo.

El acuerdo fija también límites para la toma de deuda en dólares para promover el “endeudamiento responsable y sostenible”. El Gobierno nacional está buscando que las provincias se endeuden en el mercado local y en pesos.