Tras la decisión del Gobierno de discontinuar el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), que cobraban 9 millones de beneficiarios.
Las organizaciones sociales, que son parte del oficialismo y ocupan cargos en el Ejecutivo, presionan para sumar a más de un millón de trabajadores de la economía popular.

“Nosotros arrancamos con 570 mil (planes de empleo), el último número que tengo es 680 mil. Hoy tenemos casi 700 mil, va cambiando. Efectivamente hicimos una apertura a partir del cierre del IFE”.

Todo el universo forma parte del Programa Potenciar Trabajo, el paraguas bajo el cual el Gobierno incluyó todos los planes de empleo que heredó de la gestión de Mauricio Macri, quien a su vez sumó casi 200 mil a los que recibió de Cristina Kirchner, en 2015. Casi todos los trabajadores informales y cooperativistas que ahora cobrarán el plan de empleo habían sido beneficiarios de los tres pagos de IFE de $10 mil cada uno.

Ahora cobrarán el salario social complementario, $9450 -hasta diciembre- equivalente a medio salario mínimo, como marca la ley de emergencia Social sancionada en diciembre de 2016 que empujaron las organizaciones sociales que terminarían por desembarcar en el Frente de Todos. Dentro de dos semanas recibirán el bono de fin de año, equivalente a un aguinaldo completo; es parte de la batería de $63 mil millones que el Gobierno pondrá en la calle durante diciembre para contener y asegurar la paz social. En enero el monto alcanzará los $10.293,75 y en marzo llegará a $10.800.

La ley de emergencia Social -promulgada por Macri en marzo de 2017- obligaba a crear el Registro Nacional de Trabajadores de la Economía Popular (RENATEP), que recién se puso en marcha en agosto pasado, bajo la gestión de Fernández. Del entrecruzamiento de esa base de datos cercana al millón y medio de personas con otros indicadores, surgió el nombre de los casi 130 mil nuevos beneficiarios.

Todos deben elegir una de las cinco áreas laborales que incluye el Plan: construcción, producción de alimentos, textil, economía del cuidado (atención a niños y adultos mayores) y la recolección y reciclado de residuos. La remuneración corresponde a 4 horas de trabajo en diferentes unidades de gestión (municipios, provincias, Nación o, en menor privados). Si el empleador requiriera más horas de servicio, deberá pagarlas.

Si los beneficiarios de los planes no se presentan a trabajar durante un mes, se les descuenta el 20 por ciento del salario. Si persisten las ausencias durante un segundo mes, el recorte crece al 50 por ciento. Al tercer mes de ausencias, se dan de baja del sistema.

Algunos de los referentes de las organizaciones sociales con cargos en el Ejecutivo reclaman que se incorporen al plan una cantidad cercana a los que forman parte del Renatep, una base de datos en constante expansión. Consideran que hay 1,5 millones de trabajadores informales excluidos del sistema y que el Estado debería ser el último empleador, porque el sistema privado no los incorpora. “La política social en la Argentina, que ya lleva décadas, fracasó”, afirman sin desconocer que habrá tensiones con el ministro de Economía Martín Guzmán y antes de minimizar el cambio de los programas -de Ellas Hacen y Hacemos Futuro y salario social al Potenciar- que definen como “chapa y pintura” .

El secretario de política Social de Desarrollo Social, Emilio Pérsico, máximo referente del Movimiento Evita, se alineó con el Gobierno y no consideró necesaria una cuarta ronde del IFE, pero pidió “acciones focalizadas”. Su segundo en el ministerio, Daniel Menéndez, de Barrios de Pie, reclamó hace algunos meses que se actualizara el monto del IFE, algo que nunca sucedió. Semanas atrás pidió mantener el IFE en lo sectores más críticos.

En el medio de las negociaciones con el FMI, la cúpula de la CGT también pidió al Presidente -durante el almuerzo de este martes en Olivos- por el IFE y el ATP. Alberto Fernández prometió estudiarlo, pero en la cabecera del Gabinete Económico advierten que es imposible. “No hay más plata”, sentencian.

Arroyo calcula que en la Argentina hay 3 millones de personas con problemas de trabajo. Apuesta a generar 300 mil empleos con el Potenciar Trabajo; buena parte de los cuales piensa generarlos con la urbanización de villas y la construcción de 800 jardines maternales, que tiene a su cargo.

Las estimaciones de las organizaciones sobre el universo ideal de beneficiarios de planes de empleo no están tan lejos de las del ministro, aunque sí varían en los tiempos. Arroyo acaba de lanzar el Potenciar Inclusión Joven, destinado a jóvenes de 18 a 29 años, uno de los segmentos más complicados para conseguir trabajo. El plan terminará de ejecutarse entre enero y febrero. Los aspirantes deben presentar un proyecto formativo, cultural o productivo para asegurarse la beca mensual de $8500 durante 12 meses. En un año planean sumar a un millón de jóvenes