El Gobierno avanza en la búsqueda de una solución urgente para los representantes del sistema privado de Salud, que afirman que -sin aumentos y sin ayuda estatal- no podrán cubrir los salarios de enero en plena pandemia. El presidente Alberto Fernández y el jefe de Gabinete Santiago Cafiero recibieron en los últimos días a los prestadores y preparan un menú de opciones para el corto y el mediano plazo. La cúpula de la CGT, en tanto, irá al Instituto Patria, que defiende la necesidad de una mayor integración del sistema de salud, una propuesta que es mirada con desconfianza por sindicalistas y por los dueños de las prepagas, que temen un avance sobre una caja de $ 800 mil millones.

La situación financiera del sistema privado es delicada, según todos sus actores. Los diferentes eslabones de la cadena -los financiadores (las prepagas y obras sociales) y los prestadores (clínicas, laboratorios, servicios de emergencia, entre otros)- hicieron saber que la fecha límite es el 1 de febrero, cuando deban hacer frente a los sueldos de enero. Advierten que, con aumentos suspendidos, sin ATP ni exenciones impositivas, el sistema sanitario está al borde del colapso. Todo en medio de la ascendente segunda ola de coronavirus.

Luego de recibir a Claudio Belocopitt, dueño de Swiss Medical, que también es el titular de la Unión de Salud privada (UAS) -que agrupa a financiadores y prestadores-, el Presidente y el Gobierno dedicaron su atención a los segundos.

Fernández y Cafiero recibieron el 7 de enero a la cúpula de la Federación Argentina de Prestadores de Salud (FAPS) y se comprometieron a convocar a "una mesa de trabajo".
Con esa perspectiva el último martes, los representantes de la FAPS, Mario Lugones y José Sánchez, se entrevistaron con Cafiero; los ministros de Salud, Ginés González García; Trabajo, Claudio Moroni; el superintendente de servicios de Salud, Eugenio Zanarini; y la vicejefa de Gabinete Cecilia Todesca. Allí se evaluaron medidas concretas para aliviar al sector, luego de que el Gobierno diera de baja herramientas en esa dirección el 31 de diciembre para reducir el déficit en línea con el reclamo del FMI.

Según allegados a varios de los participantes es casi un hecho que el Presidente restablecerá el decreto 300/2020 mediante el cual redujo y/o eliminó impuestos para los sectores de la Salud, como aportes patronales y alícuotas de créditos y débitos bancarios.

Tras discontinuar el ATP, a través del cual el Estado se hacía cargo de la mitad del sueldo de los empleados de las empresas, el Ministerio de Trabajo incluiría a las compañías de Salud que lo soliciten en el programa de recuperación productiva REPRO II, que financia una parte de los salarios.

Los financiadores señalan que esa herramienta dejaría afuera a muchas empresas del sector. Los prestadores, en cambio, sostienen que incorpora a otras, como los prestadores ambulatorios, que estaban fuera del régimen de ATP Salud.

Los prestadores también reclaman mecanismos para fijar aumentos automáticos que no afecten "el bolsillo de la gente" -como reclama el Presidente- en un marco inflacionario. Imaginan que si el estatal PAMI -uno de los principales contratistas y financiadores- aumenta sus recursos si crecen las jubilaciones, un monto directo debería destinarse directamente a las empresas del sector.

Desde la UAS dejaron trascender que hicieron llegar al “más alto nivel del Gobierno" una carpeta con propuestas para trabajar sobre los egresos. Reclaman, para el mediano plazo trabajar sobre la devolución del IVA a la que acceden los colegios privados y la reducción de ingresos brutos en las provincias. Por ahora prefieren silenciar una batería de propuestas inmediatas. El Presidente volvería a recibir a Belocopitt en los próximos días. Prestadores y financiadores coinciden en que Fernández firmará un decreto en los próximos días.

“Estamos evaluando medidas para poder acompañar al sector dada su importancia en el marco de la pandemia. No tenemos definiciones, pero hay varias medidas en análisis. Si estamos pensando en ayudarlos es porque lo merecen”, reconocieron funcionarios que participaron de las negociaciones.

La tensión durante las últimas semanas fue subterránea, después de que estallara cuando el Presidente anuló el 30 de diciembre una resolución publicada horas antes en el Boletín Oficial, que autorizaba un aumento para las prepagas del 7 por ciento a partir de febrero y sugería un aumento del mismo monto para los prestadores. En el Gobierno quieren evitar que la inflación siga escalando en el medio del año electoral.

En la UAS hablan de un descalce del 54 por ciento -por la falta de aumentos e insumos dolarizados- y creen que el kirchnerismo quiere que el Estado absorba la infraestructura y a los pacientes privados tal como sucedió con las AFJP y la ANSES. El Presidente les garantizó que eso no sucedería, pero no logró tranquilizarlos. Mucho menos, con sus críticas posteriores en los medios.

La postura de la CGT
La CGT plantó bandera el lunes tras una cumbre de su comisión directiva y a través de un comunicado oficial. “Los derechos inalienables como la salud deben ser defendidos sin banderías políticas para que cada ciudadano y ciudadana pueda seguir accediendo en tiempo y forma a un sistema que es modelo en el mundo”, dijeron.

Antonio Caló, el líder de la UOM fue el más duro. Los sindicalistas ya habían reclamado ante el Presidente aumentos de los aportes del 9 al 11 por ciento para las obras sociales y de monotributistas. El Estado los auxilió con transferencias en 2020 por $3 0 mil millones para tapar el agujero.

Los financiadores del sistema de salud -las obras sociales sindicales y prepagas, en particular- no creen que el deseo de la vicepresidenta sea otro más que avanzar sobre el sector privado. “Tenemos que ir a un sistema nacional integrado de salud entre lo público, lo privado y las obras sociales que optimice recursos. La pandemia nos dio la oportunidad de reformular el sistema de salud en tiempo récord, pero es necesario hacer un esfuerzo diferente”, había dicho la vicepresidenta el 18 de diciembre en el acto del Frente de Todos en La Plata.

En el kirchnerismo tomaron nota del recelo de la CGT, aliada del oficialismo. Como adelantó Ámbito Financiero, el viceministro de Salud bonaerense Nicolás Kreplak convocó a los sindicalistas al Instituto Patria para explicarles el alcance de la reforma que imagina y cuyos lineamientos dejó trascender en algunos documentos internos que circularon. En el cristinismo afirman que nadie piensa en quedarse ni con las prepagas ni con las obras sociales, sino optimizar el uso. “Los sindicalistas van a poder seguir lavando tranquilos”, provocó un funcionario.

La desconfianza y el desprecio es mutuo. Kreplak insistió este sábado en la necesidad de una reforma. "Es importante una reforma del sistema sanitario. No sé si el momento es este, pero no podemos demorarlo más tiempo (...) Todos los que estamos trabajando en el sistema de Salud sabemos que hay que hacer una reforma. La discusión es cómo la hacemos (...) La reforma tiene que ser con todos los actores”, dijo a la AM 750. 

El viceministro bonaerense y su superior, Daniel Gollán, también recibieron a los prestadores la semana pasada. En la Ciudad y en la oposición, por ahora, se mantienen al margen de las negociaciones. Todos los protagonistas reconocen que los problemas son de arrastre. Desde 2002, el país se encuentra en emergencia sanitaria. Los actores son casi siempre los mismos: sindicalistas, empresarios y funcionarios. En el DNU que declaró la emergencia del sistema hace 19 años, además de la firma del ex presidente Eduardo Duhalde, estaba la del entonces y actual ministro de Salud, Ginés González García.