En su primera sesión del año en el período de extraordinarias, el Senado aprobó este jueves un proyecto de la senadora Ana Almirón (Frente de Todos-Corrientes) para reformar el tribunal de Defensa de la Competencia en cuanto a mejorar la conformación y el funcionamiento de la Autoridad Nacional de la Competencia.

El proyecto, que recibió 40 votos afirmativos del oficialismo y el rechazo -con 26 votos- de la oposición, ahora debe pasar a la Cámara de Diputados para su sanción definitiva.
Uno de los cambios propuestos consiste en que la designación de los integrantes se formule a través de las propuestas del Ministerio de Desarrollo Productivo, pasando por la revisión del Congreso para su aprobación final.

Además, en el primero de los artículos, modifica conceptos de la normativa vinculados a la concentración económica y la toma de control de una o varias empresas. La norma define esa acción mediante la fusión entre empresas, la transferencia de fondos de comercio o la adquisición de la propiedad o cualquier derecho sobre acciones o participaciones de capital o títulos de deuda.

Al tomar la palabra como miembro informante del proyecto de su autoría, Almirón explicó que "este proyecto modifica la ley de defensa de la competencia, que a los efectos de la práctica ha tenido obstáculos para su efectiva aplicabilidad" y consideró que "la conformación de la autoridad de aplicación es de vital importancia para el cumplimiento de la ley".

Además, indicó que "debemos tener un Estado presente que tenga injerencia en la Defensa de la Competencia". "El Estado no debe ser ajeno a la hora de establecer y fijar precios, a la hora de impedir concentraciones, a la hora de impedir monopolios. Justamente donde el mercado no lo hace, ahí tiene que estar el estado democratizando las reglas de juego para permitir sobre todo que las pequeñas y medianas empresas puedan competir en condiciones de igualdad y equidad con el resto en un mercado que es voraz muchas veces", sentenció.

Además, explicó para los que “están intranquilos sobre la designación de autoridades en del Tribunal de Defensa de la Competencia” que esas designaciones pasarán por la comisión de Acuerdos del Senado.

A su turno, la senadora radical Silvia Giacoppo justificó su voto negativo al proyecto, al asegurar que la versión en tratamiento "es muy diferente a lo que se dijo en la reunión de Comisión". "Dijeron que se nos iba a girar oportunamente el proyecto para tratarlo, analizarlo y debatirlo. Nos gustaría tener más tiempo para analizar las modificaciones”, advirtió.

En tanto, el senador del Frente de Todos Oscar Parrilli, quien realizó una serie de modificaciones a la iniciativa, dijo sobre la ley: "Ojalá podamos ayudar a este Gobierno a que efectivamente tengamos un capitalismo donde se eviten los monopolios y la concentración, y a que tengamos un Estado que se encargue de regular la libre competencia".

Por su parte, el senador de Juntos por el Cambio, Martín Lousteau, se mostró muy crítico del proyecto al señalar que con los cambios propuestos “queda el problema de la injerencia política en la designación de las autoridades del Tribunal de la Defensa de la Competencia”.

“Queremos una sociedad próspera y equitativa, necesitamos un Estado riguroso y sensible, eso es lo que estaba en esta ley, no sabemos por qué se va a modificar. Los países están actualizando sus leyes en el sentido contrario de lo que estamos haciendo hoy", indicó.

A continuación, el jefe de la bancada del frente de Todos en el Senado José Mayans puntualizó que lo que se pretende es que la Ley de Defensa de la Competencia "sea aplicable, y la autoridad de aplicación, así como está en este momento, no está funcionando". "Por eso, estuvimos trabajando en el tema de la sede, del mandato y la rendición de cuentas al Parlamento”, dijo.

Al cierre, la senadora oficialista María de los Ángeles Sacnun le respondió a Lousteau al opinar que “es la política es la que tiene que dirigir a la economía”.

“Esta especie de asepsia técnica de la que habla el senador de la oposición no la comparto en lo más mínimo. A nosotros, Néstor Kirchner nos enseñó que es la política la que conduce a la economía y que la economía interviene en una disputa de poder e intereses. No es producto de una cuestión matemática”, explicó.

"La inflación y el aumento de precios en Argentina tiene que ver directamente con la concertación de la oferta en monopolios y oligopolios, y también con la puja distributiva y la estructura productiva desequilibrada, que es una problemática histórica", evaluó, al apoyar las modificaciones a la ley.

Previo a este tema, la Cámara alta aprobó los pliegos de una quincena de jueces, camaristas y defensores públicos propuestos por el Poder Ejecutivo, entre ellos el del juez que tuvo a su cargo la investigación del supuesto espionaje ilegal cometido durante el gobierno de Mauricio Macri, Alejo Ramos Padilla. También se aprobaron las designaciones de Ariel Basteiro, de Sabino Vaca Narvaja y de Luis Ilarregui como embajadores en Bolivia, China y Cuba, respectivamente.