La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó este jueves por unanimidad un recurso de queja de la dirigente K Milagro Sala y confirmó así una condena a dos años de prisión que le había dictado la Suprema Corte de Jujuy.

La resolución señaló que la queja de la líder de la Tupac Amaru es solo un conjunto "de afirmaciones genéricas" que no reúnen los requisitos necesarios para un recurso ante la Corte.

"No se ha demostrado mínimamente la conformación de alguno de los supuestos habilitantes de la competencia extraordinaria de esta Corte", señala la resolución firmada por los cinco miembros del máximo tribunal 

El fallo señaló que "los agravios de la parte no se dirigen contra la sentencia dictada por el superior tribunal provincial sino contra lo sostenido en una decisión anterior, es decir, aquella que resolvió condenar a Sala".

"Por consiguiente, tampoco en este caso puede darse por cumplido el requisito de la fundamentación autónoma, al haberse omitido toda refutación de los fundamentos de la sentencia apelada", añadió.

La fundamentación autónoma "consiste en que el escrito de interposición del recurso extraordinario traiga un prolijo relato de los hechos de la causa, que permita vincularlos con las cuestiones que se plantean como de naturaleza federal, exige rebatir todos y cada uno de los fundamentos de la sentencia a través de una crítica concreta y razonada, sin que, incluso, valga a tal efecto una nueva crítica general a las líneas principales de la argumentación del pronunciamiento resistido".

A ello cabe agregar que tal deficiencia en el recurso presentado por la abogada de Sala, Paula Álvarez Carreras, "no puede ser suplida mediante el recurso de queja".

El fallo de 12 páginas fue firmado en forme digital por los miembros de la Corte, Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosatti, Elena Highton y Juan Carlos Maqueda.

El Procurador General de la Nación interino Eduardo Casal dictaminó a principios de mes que debía rechazarse un recurso de queja que presentó Sala ante la Corte para revisar esa pena a dos años de prisión por amenazas.

Esta ya fue confirmada por la Suprema Corte de Justicia de Jujuy. Argumentó que no cumple con un “estándar mínimo de fundamentación”.

La defensa de Sala sostuvo que se “violó su derecho a la defensa” en este caso.

Así la Corte dejó firme, por primera vez, una condena contra Sala.

En enero, militantes K protestaron contra el máximo tribunal con la consigna, "La Corte, basurero de la democracia” y tiraron bolsas de basura en el palacio de Justicia.

En un dictamen de 17 páginas Casal opinó que “la petición de la recurrente no satisface este estándar mínimo de fundamentación”.

La defensa recurrió el fallo condenatorio de la cámara de casación de Jujuy ante el tribunal supremo de la provincia. Sin embargo, en esa ocasión "se limitó a manifestar su posición acerca de que sería inválido considerar en la instancia recursiva “nuevos hechos, ni nuevos argumentos ajenos a los que fueron utilizados en el debate”, explicó Casal en un dictamen de casi 20 páginas.

En 2018, Sala fue juzgada y absuelta por el delito de amenazas contra policías. Se la acusaba de amenazar por teléfono a policías durante un procedimiento policial contra otra dirigente social.

"Son una manga de incompetentes, cuando les ponga yo una bomba me van a conocer. Los voy a hacer volar a la mierda", le habría dicho Sala.

Pero los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal N° 2, por mayoría, absolvieron a Sala porque dijeron que las únicas pruebas de las amenazas eran el relato de los policías.

Sin embargo, la fiscalía apeló y la Cámara de Casación provincial revocó la absolución de Sala y le impuso una condena de tres años y dos meses de prisión.

Consideró creíble el testimonio de la policía y un parte diario de la comisaría donde se anotó que "con palabras obscenas con insultos hacia el oficial de servicio y la jefa titular de esta unidad amenazó con tomar represalias en cuanto al destino de trabajo".

Así revocaron la absolución y la condenaron a tres años y dos meses de prisión por amenazas.

La apelación llegó al Superior Tribunal de Justicia de Jujuy, que revisó el asunto y decidió imponer a Sala una condena de dos años de cárcel de cumplimiento efectivo.

Además, la Justicia condenó a Sala a tres años de prisión por ser la instigadora de un ataque el gobernador, Gerardo Morales, cuando era senador por Jujuy, en 2009 en el Consejo de Ciencias Económicas local.

Entre otras sentencias, fue también condenada a cuatro años de cárcel por el delito de "lesiones graves" contra otro dirigente social, en 2006.

Además, a fines de diciembre, la Corte pidió los expedientes de la causa Pibes Villeros en que Sala fue condenada por la Justicia jujeña a 13 años de prisión por el desvío de 60 millones de pesos (unos 5 millones de dólares) en el 2015 que estaban destinados a planes sociales.

Y a mediados de año estaría en condiciones de votar el caso de los Pibes Villeros, la causa más fuerte contra Sala a quien el kirchnerismo considera una "presa política".

El caso Pibes Villeros quedó grabado en un video en el que se ve a militantes de la Tupac Amaru apurados, por la asunción del gobierno de Mauricio Macri, sacando bolsos con dinero de la sucursal del Banco Nación en San Salvador de Jujuy.

En diciembre el máximo tribunal pidió los cuerpos principales de esa causa a la Justicia de Jujuy, revelaron en exclusiva fuentes judiciales a Clarín. Sala se encuentra con arresto domiciliario desde principios del 2016.

Fue su primera intervención en este caso, luego de que ayer manifestantes kirchneristas hicieron un acto de protesta, vandalizaron contenedores y tiraron basura frente al palacio de Justicia con el lema “Corte, basurero de la democracia”.

A diferencia de los recursos ante la Corte de la vicepresidenta Cristina Kirchner que está procesada en ocho causas, Sala ya tiene dos condenas confirmadas en Jujuy.

El ex fiscal anticorrupción de Jujuy Joaquín Millón confirmó al programa Dato sobre Dato de radio Milenium que Sala tiene una condena a 13 años en la causa Pibes Villeros. Además, tiene una condena a 3 años por agresiones y daños materiales de su agrupación al ex senador y actual gobernador Gerardo Morales y el ex titular de la Auditoría General de la Nación, Leandro Despouy, en el 2009 cuando informaban sobre irregularidades en el manejo de fondos sociales por parte de Sala.

También dijo que en la llamada Megacausa por el desvío de $800 millones destinados a viviendas sociales, se espera que sea elevada a juicio oral y público en los próximos meses.

La aliada del kirchnerismo, que fue visitada por el presidente Alberto Fernández aún antes de la aceptación de la candidatura presidencial en el 2019, también está procesada en el llamado caso de la “balacera de Azopardo” por coima, robo y destrucción de pruebas de una causa en que se la investigaba por un ataque a balazos.

En cambio, Sala fue sobreseída por prescripción de una causa por lesiones leves a dos militantes sociales, entre otras.

El año pasado la Corte confirmó la condena al ex vicepresidente Amado Boudou a 5 años y 10 meses de prisión en el caso Ciccone. Antes había hecho lo mismo con la condena a Luis D’Elía a 4 años de prisión por la toma de la comisaría de la Boca en 2004. Al igual que Boudou, D’Elía tiene todavía arresto domiciliario.

Luego de D’Elía, el máximo tribunal confirmó la condena a 5 años y medio de prisión del ex secretario de Transporte, Juan Pablo Schiavi, entre otros ex funcionarios imputados en la causa de la Tragedia de Once.

Hasta ahora la Corte, tras analizar los casos, aplicó el artículo 280 del Código Procesal que le permite confirman las condenas de los tribunales orales, ratificadas por la Cámara Federal de Casación Penal.

Habrá que ver si ante el caso de Sala, que tiene repercusión internacional, usa el mismo criterio o funda su eventual decisión por la confirmación total, parcial de la condena o la nulidad de la causa como quiere su defensa.

En la aplicación del artículo 280 se basó el kirchnerismo para criticar a la Corte. Incluso, el Gobierno avanzó en la redacción de un proyecto para crear un llamado tribunal de Sentencias Arbitrarias que esté por debajo de la Corte para restarle poder.