El fiscal federal Eduardo Taiano imputó al exministro de Salud de la Nación Ginés González García por presunto “abuso de autoridad” en la causa que investiga si hubo irregularidades en el suministro de la vacuna contra el coronavirus a personas que supuestamente no cumplían con los criterios de prioridad epidemiológica, informaron fuentes judiciales.

En paralelo, anoche la jueza federal María Capuchetti dispuso realizar un procedimiento, denominado ‘orden de presentación’, en el Ministerio de Salud para recabar información para el avance de la pesquisa.

Taiano había pedido a la jueza que allanara el Ministerio de Salud y el Hospital Posadas para obtener esa información.

Ante ello, la jueza emitió la orden de allanamiento y anoche hubo un procedimiento para que Salud proporcione las listas de ingresos y egresos de los últimos 60 días, fotos del lugar, croquis y grabaciones de las cámaras de seguridad para determinar si en la sede de esa cartera se dispuso un ‘vacunatorio’ especial, dijeron los portavoces judiciales.

El pedido del fiscal incluyó la entrega de imágenes captadas por las cámaras de filmación entre los días 1 y 19 de febrero, constancias de viajes efectuados por vehículos oficiales desde y/o hacia el Hospital Posadas y la nómina de personas que recibieron la vacuna.

Vacunas rusas

Taiano también libró orden respecto del registro de las partidas de vacunas Sputnik V recibidas en el Posadas y el listado del personal de la institución asignado al plan de vacunación contra la Covid-19.

En el dictamen que elevó a la jueza federal Capuchetti, el fiscal también imputó al sobrino del exministro y exjefe de su gabinete, Lisandro Bonelli. Ello, dijo, ‘sin perjuicio de que el avance de la investigación permita individualizar a otras personas’, dijo en el requerimiento de instrucción, a partir del cual dio impulso a la pesquisa que en principio investiga si se cometió abuso de autoridad.

La primera de las 14 denuncias sorteadas fue la del abogado opositor Yamil Santoro y recayó en el juzgado de Capuchetti, por lo que allí se acumularon las restantes, incluida las del fiscal Guillermo Marijuan y de la Fundación por la Paz y el Cambio Climático, las primeras en tomar estado público.